Calvete se negó a declarar

La ex funcionaria Ornella Calvete, que se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía de la Nación, se negó ayer a declarar en el marco de la causa Andis, que investiga un supuesto entramado de coimas en torno a ese organismo.

Así lo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

El juez Sebastián Casanello había dispuesto para el viernes una nueva ronda de declaraciones indagatorias por la causa Andis, entre las que se encontraba Ornella Calvete.

Calvete se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial y renunció a su cargo en noviembre último a raíz de que el escándalo alcanzara a su padre, Miguel Calvete, acusado como presunto nexo entre la Andis, que conducía Diego Spagnuolo, y las droguerías.

La Cámara Federal porteña había revocado a principios de diciembre una resolución del juez Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Andis.

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no estén acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas a Spagnuolo.

Otras estafas.

La estrategia de la defensa parece alinearse con la de los otros acusados. El jueves fue el turno de Diego Martín D’Giano, ex director de Prestaciones Médicas de la Andis, y de Patricia Canavesio, persona de confianza de los Calvete. Ambos se presentaron en la nueva ronda de indagatorias pero optaron por el silencio, negándose a responder las preguntas del juez y del fiscal, movida que también adoptó Miguel Ángel Calvete desde la cárcel.

La pareja de Ornella, Javier Cardini, también fue desplazado de su cargo como subsecretario de Gestión Productiva en Economía. Cardini no solo quedó salpicado por esta investigación, sino que apareció vinculado a una maniobra paralela de fraude para importar autos modernos de alta gama haciéndolos pasar como vehículos de colección para eludir impuestos.

La investigación de Picardi y Casanello continúa avanzando sobre la hipótesis de una organización criminal que operaba desde adentro del Estado. Con los principales implicados negándose a declarar, las pruebas (desde los dólares hasta los chats sobre "arrancarle la cabeza" a los proveedores) se convierten en la columna vertebral de un expediente que expone la corrupción estructural en el manejo de los recursos para discapacidad.