Cerraron la investigación por la visita de diputados de LLA a genocidas en la cárcel

El fiscal Sergio Mola argumenta que no existen elementos para sostener que el Servicio Penitenciario favoreció el encuentro entre diputados de La Libertad Avanza y genocidas en la cárcel de Ezeiza. La visita se concretó en julio del 2024. Mola es el mismo fiscal que viene reclamando que se le revoque la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner. La decisión judicial es favorable para el gobierno nacional. 

El juez federal Luis Armella archivó la causa que investigaba la visita de seis diputados nacionales de La Libertad Avanza a represores que están alojados en el penal de Ezeiza. La decisión la tomó ante el pedido del fiscal Sergio Mola, quien sostuvo que no se cometió ningún ilícito. 

La investigación intentaba desentrañar el rol que habría jugado el Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación (a cargo de Patricia Bullrich), en el encuentro entre los legisladores libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci y los genocidas Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, según publicó el diario Página 12.

La reunión se llevó a cabo el 11 de julio del 2024 en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. Mola, junto a Diego Luciani, son los dos fiscales del Ministerio Público que, recientemente, solicitaron que se le revoque la prisión domiciliaria a Cristina Fernández. 

El medio citado detalló que el caso se conoció a partir de una publicación de La Política Online que informaba acerca de una denuncia de Daniel Obligado ante la justicia federal de Lomas de Zamora, a raíz de presentaciones que hicieron los abogados Pablo Llonto y el fiscal Féliz Crous. Obligado es integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y juez responsable de la ejecución de la pena de los represores que actuaron en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

Días después, Lourdes Arrieta, una de las diputadas involucradas en el hecho, dijo que había sido manipulada para participar de la visita. En tal sentido, sostuvo que se sentía amenazada porque Astiz conocía su nombre y sabía que su padre había estado en la Guerra de Malvinas. También dijo que había recibido mensajes en tono intimidatorio por parte de Benedit y de funcionarios de la Cámara de Diputados que responden a Martín Menem.

Arrieta aportó a la justicia una serie de chats en los que participó y posibilitaron conocer cómo funcionaba la trama detrás de la visita a la cárcel y quiénes eran todas las personas involucradas. 

Uno de los chats permitió comprobar que la visita contaba con el visto bueno de Bullrich y que el director del SPF, Fernando Martínez, era calificado como un excelente colaborador por Benedit, que suele frecuentar a los criminales de lesa humanidad presos, según Página 12.

El 21 de agosto del año pasado, Mola pidió desestimar la denuncia de Arrieta. El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, convalidó su postura. Ambos entendían que se trataba de una maniobra para judicializar la política.

Finalmente, después de once meses de investigación,  Mola entendió que no había elementos para continuar investigando a los subordinados de Bullrich, que habilitaron el ingreso y la permanencia de los seis legisladores nacionales desde las 14.32 hasta las 18.15.

El argumento usado por el fiscal fue el mismo que utilizó el Servicio Penitenciario Federal y los diputados de LLA: los legisladores no realizaron una visita al penal de Ezeiza, sino que hicieron una reocrrida para verificar las condiciones de detención de los represores.