Cristina no deberá pagar los $22 millones

La Justicia en lo Civil y Comercial aceptó el reclamo de Cristina Fernández de Kirchner y dictó la caducidad de instancia en una demanda iniciada en 2018 a instancias del gobierno de Mauricio Macri en el marco de la causa Vialidad. La sentencia evita que la ex presidenta y los otros imputados en la causa de la obra pública deban pagarle al Estado más de 22 millones de pesos.

Se trata de un expediente radicado en el Fuero Civil y Comercial mediante el cual Vialidad Nacional le reclamó más de 22 millones de pesos a la ex presidenta y al resto de los implicados en la causa de la obra pública en Santa Cruz.

Según Tiempo Argentino, el juez federal subrogante Marcelo Bruno Dos Santos decretó la caducidad de instancia al sostener que “desde el día siguiente a la última actuación con actitud impulsatoria (…) hasta el segundo pedido de caducidad de instancia planteado el 7/04/25 surge que se ha cumplido el plazo de seis meses prescripto (…) para impulsar el proceso hacia el dictado de una sentencia definitiva”.

Dicho expediente es distinto al legajo de decomiso que se abrió luego de que la Corte Suprema dejó firme las condenas en el marco de la causa Vialidad, entre ellas la de Cristina Kirchner a seis años de prisión. En ese caso, el Tribunal Oral Federal 2 acaba de conceder un recurso de Casación pedido por la defensa de la ex mandataria contra la resolución que fijó el monto actualizado del decomiso.

Caducidad.

El 20 de septiembre de 2023, Luis Goldín, en representación de Cristina Kirchner, pidió por primera vez la caducidad de instancia. Hubo un segundo pedido en el mismo sentido el 7 de abril del 2025. Ese planteo de la defensa fue girado por el Juzgado a los representantes de Vialidad.

Frente a eso, el organismo pidió a fines de abril que se rechace la caducidad de instancia. Ello porque, a criterio de los abogados constituídos en la causa, “no ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite la declaración de caducidad de la instancia”.

Cabe destacar que el reclamo se inicio en 2018, dos años después de la denuncia de Iguacel por presunta corrupción en torno a los contratos de obra pública en Santa Cruz por la que la ex presidenta permanece detenida en su domicilio de San José 1111. El objetivo era avanzar en la responsabilidad civil de los involucrados en el esquema de adjudicación de obras que, desde el punto de vista de Vialidad, perjudicó al Estado.