Proyecto será debatido en el Senado

El plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó ayer de manera favorable el proyecto que declara a la emergencia en el área de pediatría y que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.

 

De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para ser discutida en el recinto de la Cámara alta y todo indica que sería la próxima semana, aunque el kirchnerismo pujaba para que fuera el jueves próximo, intención que no encontraba adhesiones en otros bloques.

 

El dictamen, que recibió el apoyo del kirchnerismo, la UCR, PRO y otros partidos provinciales, establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

 

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

 

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho de mayoría.

 

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

 

Dispone además que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes a la cartera de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, además de que podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

 

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones”.

 

“Anualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones”, consignó la OPC. Señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

 

El debate.

 

La reunión inició pasadas las 15 con la presidencia de la senadora del kirchnerismo Lucía Corpacci, titular de la Comisión de Salud.

 

Abierto el juego, su par Edith Terenzi puso sobre la mesa un nuevo dictamen con modificaciones al texto original, lo que provocó la reacción no solo del kirchnerismo sino también otros senadores "dialoguistas".

 

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, adujo que aplicar modificaciones al proyecto sería dilatarlo y perdería lo referido a la emergencia; mientras que Juliana Di Tullio, en una acción inédita, le pidió a Terenzi que retire el dictamen directamente y "acompañe" el texto aprobado en Diputados.

 

Por su parte, el radical Martín Lousteau cuestionó que los trabajadores del Garrahan deban llegar a la instancia de emergencia, al advertir que "hay maneras de corregir cosas a futuro si hacemos el trabajo de no llegar a esa instancia. Hagamos el trabajo para adelante que hay una emergencia para atender", aclaró.

 

Guadalupe Tagliaferri, del PRO, compartió la "mirada y el espíritu" de la propuesta de Terenzi, pero apuntó contra el eventual veto del presidente Javier Milei.

 

"El proyecto tiene cosas para ser modificable. Lo que pasa es que nada garantiza que no lo vete el Poder Ejecutivo. Estamos frente a un Gobierno que busca facilitar la compra y venta de autos que atender la emergencia en pediatría", subrayó.

 

El jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, elogió el dictamen de Terenzi y calificó como "muy prolijo", al criticar el cruce que el kirchnerismo hizo del texto de la senadora chubutense.

 

"Cuando les conviene y tienen ganas, la comisión tiene que trabajar y escuchar a todos los trabajadores. Quiero que entendamos que esta situación no viene desde hace un año", dijo Atauche.

 

Al término de su alocución afirmó que el debate sobre la emergencia en pediatría se utilizaba de forma "prelectoral". (NA)

 

Más presión para el Gobierno.

 

El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó ayer de manera favorable el proyecto de financiamiento universitario que había sido aprobado semanas atrás por la Cámara de Diputados.

 

Al igual que el proyecto que declara la emergencia en pediatría, el expediente quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara alta.

 

El kirchnerismo pujaba por un debate exprés en el hemiciclo el jueves próximo pero no encontraba apoyo en el resto de los bloques, que aspiraban a hacerlo la semana entrante.

 

La iniciativa, apoyada por el bloque K, la UCR y otras bancadas provinciales, fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI, además de que se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y fijar la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

 

Establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

 

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica y actividades de Extensión Universitaria.

 

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

 

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

 

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

 

Debate.

 

Entre los discursos que defendieron el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados se destacó el del senador radical Martín Lousteau, quien señaló que esa problemática “viene desde hace tiempo”.

 

“Otra vez el tema vuelve. ¿Por qué? Porque no se soluciona. El presupuesto de las universidades está 30 por ciento por debajo de noviembre de 2023”, consignó.

 

Por su parte, la senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti dijo que le “extraña” que en este Senado “no se pueda distinguir el valor de tener una universidad pública en cada provincia”.

 

“Tenemos que darle oportunidades de crecimiento a miles de pibes”, exhortó.

 

La defensa por el lado del oficialismo vino por el jefe de la bancada de La LIbertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, quien sostuvo que “puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros en este gobierno preferimos un presupuesto con superávit. El año pasado el primer artículo de la Ley de Presupuesto ya decía déficit cero y este también volver a decir déficit cero”, concluyó. (NA)