Denuncian venta irregular en Puerto Madero

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia y un pedido de examinar la legalidad y transparencia de la enajenación del edificio donde operaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, predio que pertenecía a la Armada Argentina. La denuncia describe presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisión de deberes de funcionario público.

 

La venta se encuadró en el plan más amplio de disposición de bienes estatales, autorizado por el Decreto 950/2024, que dispuso vender más de 400 propiedades bajo el pretexto de “innecesariedad” y con el objetivo de generar ingresos significativos para el Estado.

 

El inmueble asiento de la herramienta más importante de protección de objetivos digitales estratégicos del país se vendió en subasta por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. La esencia de la denuncia, registrada bajo el código de referencia KLGZ-246 el 10 de noviembre último, apunta a la falta de planificación, la omisión de un plan de transición detallado y las eventuales consecuencias estratégicas de un posible ciberataque durante el traslado, asuntos que implicarían inobservancia de los deberes de funcionario público en las máximas autoridades con responsabilidad en la Seguridad, Defensa y administración del Instrumento Militar.

 

Cadena de responsabilidad.

 

La denuncia pide investigar la presunta responsabilidad del general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, responsable directo de la infraestructura, los activos críticos (servidores y otros elementos informáticos), y de la seguridad en la Unidad fundamental encargada de articular, coordinar e integrar el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones de Ciberdefensa.

 

Se achaca a Guimpel que omitió plantear objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre el riesgo de vender sin un plan de reemplazo ni presupuesto asignado para una nueva sede segura.

 

Otro señalado es el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), del que depende funcional y operativamente el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

 

Isaac tiene la autoridad para disponer de un activo crítico para el Instrumento Militar y debería investigarse si cumplió su función de evaluar una desafectación estratégica sin contar con presupuesto, plan de contingencia ni planificación para construir una nueva sede con estándares de seguridad.

 

En otro punto se hace foco en el presunto impacto a la capacidad estratégica ante ciberataques dada la vulnerabilidad que se produjo por enajenar el edificio sin un reemplazo definido. A la fecha se habría seleccionado un edificio ubicado en la calle Junín, barrio de Recoleta que pertenece a la Fuerza Aérea.

 

También se pone en tela de juicio la responsabilidad que tuvo el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, en sus funciones de planificación y gestión dentro del esquema del ministerio de Defensa. Se requiere a la PIA investigar la participación de Rozas Garay en las decisiones que determinaron que el inmueble era "innecesario", y su rol en la supervisión de la planificación logística y de infraestructura.

 

EL texto solicita revisar si Rozas Garay cumplió con la adopción de medidas de coordinación con el EMCO y la AABE para mitigar el riesgo de seguridad nacional que produciría la venta del inmueble sin un plan de transición ni presupuesto asignado.

 

(Ambito)