Despidos en la Secretaría de DDHH: les prohibieron el ingreso con policías

Son 71 personas las afectadas. Entre ellos hay peritos y abogados que actuaban en causas de lesa humanidad y dos delegados. Los sitios de memoria, archivistas, de señalizaciones, investigaciones históricas y de asuntos jurídicos son algunas de las áreas que vuelven a verse afectada.

La mecánica fue, una vez más, similar a las anteriores: efectivos de la Policía Federal apostados en la puerta del ex centro clandestino de detención ESMA los esperaban con listas en sus manos a las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí, les informaron quiénes podían ingresar y quiénes no. Entre ellos, hay al menos, dos delegados y otras 71 personas las afectadas y que este jueves recibieron una notificación informal vía WhatsApp por parte del titular del organismo, Alberto Baños, en la que les informaron que ya no debían asistir a su trabajo desde este viernes. “Esto es parte del hostigamiento que venimos recibiendo desde el 10 de diciembre del año pasado, por nuestra actividad sindical, y del vaciamiento de las políticas públicas”, denunció ante El Destape el delegado de ATE, Octavio “Pilo” Rampoldi.

Según contó Rampoldi, la notificación fue enviada también vía mail y fuera del horario laboral. Además, hasta donde pudieron constatar, no está publicada en ningún sitio oficial, pese a que estaría firmada por el secretario de Derechos Humanos, Baños. El texto, al que accedió El Destape, sostiene que a través de la RESOL-2024-331-APN-MJ “del Señor Ministro de Justicia de la Nación (N de R: de la que depende la Secretaría), con fecha 18 de octubre de 2024, se dispuso la convocatoria a un plan de retiro voluntario tarea que demando un ingente esfuerzo por parte de distintas áreas de la Secretaría y que culminó el 31 de diciembre de 2024”.

Ese retiro voluntario “entre comillas”, aclaró Rampoldi, fue ofrecido sólo a algunas personas, mientras que a otras les dieron la posibilidad de continuar bajo una contratación irregular que es conocida como “artículo 9” -que implica una drástica reducción del salario- y, otras, a quienes no les ofrecieron nada. Todas con distintos tipos de contratación. Algunas están contratadas a través del ente cooperador Cámara de Concesionarios de Automóviles (CCA) y, otras, se encuentran en designación transitoria en planta permanente. En tanto, vale aclarar que "no hay ningún contrato que finalice formalmente el 31 de marzo, como alegan las autoridades ni nadie recibió un telegrama de despido. Sin embargo, es probable que todas estas personas sean despedidas", explicó ante este medio el miembro de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia, Hernán Coll.

La situación de los delegados Coll y su compañero Fernando Almejún, en tanto, es diferente: están protegidos por ley, por lo que el despido de ellos sería ilegal.

"No se bancan que los trabajadores levanten la voz, reclamen por despidos, que mantengan los pedidos de reincorporación. Nuestra mejor forma de resistencia es hacer nuestro trabajo, mantener los juicios, los informes de riesgo, asistir a las víctimas del terrorismo de Estado", sostuvo Almejún ante este medio. Él además de ser delegado, es el último abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad que queda en la Secretaría y su puesto laboral ahora está en riesgo porque hoy le prohibieron el ingreso.

Los sitios de memoria, archivistas, de señalizaciones, investigaciones históricas y de asuntos jurídicos son algunas de las áreas que vuelven a verse afectadas por los despidos que el Gobierno nacional viene llevando adelante desde que comenzó su gestión. Para dar una idea, en diciembre de 2023 eran 1050 trabajadores y trabajadoras y hasta ayer contabilizaban 540, sin contabilizar estas últimas desafecciones.

“El lunes la policía había irrumpido en una asamblea de trabajadores para sacar fotos y filmarlos”, denunciaron en un comunicado. A continuación, relataron el miércoles que un equipo de presidencia llegó –“aparentemente para filmar un spot de cara al 24 de marzo”, dijo Rampoldi- y fue el mismo Baños junto con otros funcionarios el que “arrancó carteles, violando la libertad de expresión sindical”, denunciaron. (El Destape)