La Corte cesó a la jueza de Casación Figueroa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó ayer en sus funciones a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

 

La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación "a fin de que adopte las medidas que estime necesarias" y a la Cámara Federal de Casación Penal.

 

"La Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado", sostuvieron los jueces del máximo tribunal.

 

En la resolución de cinco páginas, la Corte recordó que tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional prevé que "un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo" a cualquier juez "una vez que cumpla la edad de 75 años".

 

La norma agrega que "todos los nombramientos de magistrados" cuya edad sea 75 años o mayor "se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

 

La resolución fue firmada en forma digital por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

 

Casación.

 

Los jueces de Casación se enteraron de la decisión del máximo tribunal durante el cuarto intermedio de la reunión plenaria que estaban desarrollando justamente para definir la situación de la hasta ese entonces presidenta del tribunal.

 

Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto pasado y desde entonces se encontraba a la espera de que el Senado diera tratamiento a su pliego que ya había tenido dictamen positivo de la Comisión de Acuerdos de esa Cámara.

 

Para evitar realizar actos que pudieran ser nulificados en el futuro, desde entonces la magistrada había decidido delegar la firma de la presidencia del tribunal en el vicepresidente primero, Mariano Borinsky, y había dejado firmados todos los votos que le quedaban pendientes en causas en las que estaba llamada a intervenir.

 

Entre esos votos, en la caja fuerte de la vocalía 10 de la Cámara de Casación había dejado aquellos vinculados a las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán: se trata de expedientes en los que los tribunales orales respectivos sobreseyeron a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio, pero esas decisiones fueron apeladas.

 

Serán ahora los jueces de la sala primera de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña quienes tendrán en sus manos el fututo de esos expedientes en los que estaba imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si logran compatibilidad en sus posiciones y en sus argumentos, no necesitarán de un tercer juez.

 

Durante la reunión de Casación de ayer se estaba evaluando qué tipo de licencia podía tomar la jueza, a la espera de que el Senado trate su pliego y defina si le daba acuerdo o no para permanecer en el cargo, pero es debate ya resulta abstracto por la decisión de la Corte.

 

En la primera parte de la reunión, que transcurrió el martes y pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles, la magistrada había adelantado que estaba dispuesta a pedir licencia hasta fin de mes para darle tiempo a la Cámara alta y que renunciaría a su intención de permanecer en el cargo si transcurrido ese plazo no se había resuelto su situación.

 

Slokar.

 

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar resultó sorteado para subrogar la vacante que se generó al cesar en sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa.

 

El magistrado, actual Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Penal, compone la Sala II del máximo tribunal penal del país y también integrará entonces, en calidad de subrogante, la Sala I junto a sus colegas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

 

La Sala I debe decidir el futuro de los expedientes de las causas Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces: se trata de casos en los que los respectivos tribunales orales decidieron sobreseer a todos los imputados sin necesidad de realizar el juicio oral.

 

Como esas decisiones fueron apeladas, los casos pasaron a la Cámara Federal de Casación Penal para que las revise y allí se llevaron a cabo las audiencias de rigor -ambas el año pasado- pero nunca se alcanzó una decisión.

 

Tiene más de 42 años de trayectoria en el Poder Judicial, adonde accedió en 2011 al cargo de Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, que presidió en 2016 y 2022.(Télam)