"Le dije que no me asustaba"

El exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi aseguró ayer martes que su desplazamiento de ese cargo estuvo vinculado a que se "negó a encubrir" a Silvio Robles, mano derecha del ministro Horacio Rosatti, como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Mariano Althabe.

 

Marchi formuló estos conceptos ayer a la tarde al declarar ante la comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal, para lo cual leyó un escrito en una audiencia que incluyó un contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

 

El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que es una de las causales de los procesos de juicio político abiertos contra los cuatro ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

 

La reunión, que se extendió por seis horas, fue la décimotercera en este proceso de trabajo desde su inicio, el pasado 26 de enero.

 

En el primer tramo de su exposición, Marchi afirmó que "los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios", y luego agregó: "Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles".

 

"Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué", sostuvo.

 

Y añadió: "Le dije (a Rosatti) que no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe".

 

"Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social", denunció el contador Marchi.

 

El exadministrador de la Corte apuntó luego a la figura de Silvio Robles al denunciar "el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos" de la Cámara Federal de Casación Penal, principal tribunal penal del país.

 

Forns.

 

Marchi declaró luego de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN en el marco de la pandemia, durante la cual falleció su esposo.

 

"Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada", confió la magistrada.

 

Forns dijo que contrajo coronavirus en abril del 2021 y contó que cuando su marido necesitó atención médica primero estuvo internado en Cemic, aunque luego le pidieron trasladarlo pero tenía muchas dificultades porque "nadie atendía" en la OSPJN.

 

La jueza sostuvo que finalmente fue trasladado al Sanatorio Güemes, que no tenía contrato con la Obra Social, pero allí "no sabían si iban a cobrar o no porque no había contacto con la obra social". (Télam)

 

Rechazan pedido de licencia.

 

La Corte Suprema rechazó ayer un pedido de 180 días de licencia solicitado por el exadministrador general del máximo tribunal Héctor Marchi, y también denegó la solicitud de un integrante del Consejo de la Magistratura, el consejero Alberto Lugones, para que Marchi se incorpore a su vocalía.

 

Mediante la resolución 821, firmada por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, el tribunal rechazó el pedido de licencia con goce de haberes que solicitó Marchi pero le concedió diez días de descanso por haber trabajado durante las ferias judiciales.

 

"El funcionario no ha manifestado ni acreditado, siquiera mínimamente, la configuración de circunstancias de excepción que justifiquen acceder al beneficio requerido", señalaron los supremos.

 

Marchi, en las presentaciones que realizó ante el tribunal, consideró que su traslado a la Cámara Federal de la Seguridad Social como una "sanción de cesantía", acusación que los tres jueces de la Corte rechazaron por "improcedente".

 

"El traslado dispuesto (de Marchi) en la resolución 723/2023 tuvo sustento en dos circunstancias objetivas: la reorganización de las estructuras administrativas de la Corte dispuesta en la Acordada 11/2023 y las necesidades del fuero de la Seguridad Social", plantearon los tres ministros de la Corte.

 

Por último, con respecto al pedido para que Marchi se integre al equipo del juez penal Lugones, el máximo tribunal dictaminó que el pedido "no aporta ningún nuevo motivo que resulte relevante para variar las consideraciones que ya ha realizado esta Corte".

 

"Por ende, no se hallan cumplidos los requisitos que habilitan la adscripción de personal del Poder Judicial de la Nación", en este caso Marchi.