Partidas claves sufrirán un mayor ajuste en 2025

El Gobierno nacional decidió, en un hecho inédito para la historia argentina reciente, prorrogar el Presupuesto 2023 por segundo año consecutivo y ajustar a discreción las partidas económicas para este 2025. La prórroga de la prórroga implicará en lo concreto: ajuste del 30% -considerando impacto de la inflación- en las partidas destinadas a Educación y Cultura lo mismo que para Asistencia Social, sumado a un recorte del 40% en Ciencia y Tecnología, del 75% en Vivienda y Urbanismo, del 49% en Agua Potable y Alcantarillado y del 10% en Salud, mientras que, en contrapartida, aumentará 70% lo previsto para Inteligencia.

 

Un informe de ACIJ indicó además que “entre el último presupuesto aprobado en 2022 y la actualidad, el 70% del crédito se amplió de manera discrecional mediante DNU y Decisiones Administrativas”. Como resultado, el presupuesto vigente al cierre de 2024 fue, términos reales, un 23% inferior al último aprobado por el Congreso hace dos años atrás. Vale recordar que esta herramienta debería dar cuenta de la hoja de ruta de la gestión nacional, es decir, de las prioridades políticas-económicas, definiendo vía el debate legislativo en qué se va a gastar y cuánto se va a gastar.

 

Prórrogas.

 

“Las prórrogas deberían ser un recurso excepcional pero su aplicación se ha vuelto frecuente: se produjeron 4 en los últimos 15 años. Esta discrecionalidad se agrava en contextos de inflación, que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios”, agregó el informe al que accedió El Destape.

 

Al respecto, la brecha que divide al crédito inicial (Presupuesto aprobado) del crédito vigente (con las modificaciones durante el Ejercicio) alcanzó su nivel más alto en 2024 cuando la diferencia entre el presupuesto original y el vigente fue más del doble (139%).

 

Lo anterior no es menor si se considera que al enviar el proyecto del Presupuesto 2025 al Congreso en septiembre pasado, el oficialismo puso eje en lograr el “déficit cero” a la vez que buscó dar garantía de que el país cumplirá con sus deudas (la deuda externa más grande es con el FMI, tomada por la gestión de su actual ministro de Economía, Luis Caputo). De esta manera, la apuesta a prorrogar un Presupuesto aprobado en 2022 y la posibilidad de cumplir con tales prioridades, estaría atada a un cada vez mayor ajuste, pero a costa de una economía real que sigue mostrando caídas significativas, con un consumo golpeado por el deterioro del poder adquisitivo.

 

Ajuste.

 

El gobierno nacional publicó esta semana el Decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, tras las fallidas negociaciones con la oposición y la decisión del Ejecutivo de no convocar sesiones extraordinarias. En ese sentido, mientras por primera vez desde el retorno de la democracia se produce una segunda prórroga consecutiva del Presupuesto, numerosas políticas podrían verse afectadas por una falta de financiamiento adecuado, ya que queda a discreción del gobierno ajustar o no las partidas correspondientes para compensar el impacto de la inflación, como debía ocurrir si se debatía en el Congreso.

 

De acuerdo con la investigación de Alejandro Gaggero, Sofía Pasquini, Natán Spollansky y Malena Vivanco, Eduardo Ferreyra, las partidas destinadas a Educación y Cultura y Promoción y Asistencia Social sufrirán una reducción del 30% en términos reales a lo que se agrega el recorte del 40% en Ciencia y Tecnología, del 75% en Vivienda y Urbanismo, del 49% en Agua Potable y Alcantarillado y del 10% en Salud, mientras que lo destinado a Inteligencia aumentará un 67% y el de Sistema Penal caería apenas un 1%.

 

Desfinanciación.

 

El presupuesto prorrogado también cristalizaría la desfinanciación de políticas que impactan directamente en la garantía de derechos, como el programa Acompañar (-90% en términos reales), prevención del embarazo adolescente (Plan ENIA, -80%), vacunación nacional (-44%), construcción y mejora de jardines infantiles (-80%).

 

Según los especialistas tributarios, “la posibilidad de gobernar con un presupuesto prorrogado se convierte, así, en una suerte de ‘cheque en blanco’ para el Ejecutivo, que no ve incentivos para adherirse a la lógica democrática del debate legislativo”. La prórroga en Argentina, que debería ser excepcional y esporádica, se ha vuelto habitual: en los últimos 15 años se utilizó en cuatro ocasiones (2011, 2020, 2022 y 2024) y “su uso recurrente debilita el rol del Congreso y otorga al Ejecutivo un control excesivo sobre la política financiera presupuestaria”. (El Destape)