Lasa, el último testigo de la causa del gabinete de Tierno

Al juez sólo le faltaría incorporar una prueba documental al expediente, antes de resolver si el ex intendente y sus funcionarios cometieron o no los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La denuncia penal contra el destituido intendente, Juan Carlos Tierno, y su gabinete, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber dictado por resolución el presupuesto municipal y la Ordenanza Tarifaria 2008, ya no tiene más testigos.
El ex presidente del Concejo Deliberante, el justicialista Daniel Lasa (enemigo político declarado del tiernismo), fue el último en pasar por el Juzgado de Instrucción 2. Lo hizo el lunes a la mañana, en silencio y lejos de los flashes. Antes habían pasado por la misma situación el actual asesor legal de la municipalidad de Santa Rosa, Marcos Paz, y su antecesor en el cargo, Andrés Olié.
Ahora al flamante juez, Carlos Besi, sólo le restaría incorporar una prueba documental al expediente para completar la instrucción, ya que no citará como testigos al gobernador Oscar Mario Jorge y al ministro de Hacienda, Ariel Rauschenberger. Ello significa que está a cerca de definir si los seis imputados cometieron o no algún delito al momento de rubricar la resolución 21/08 el 17 de enero pasado.
El cambio de estrategia investigativa se dio con el cambio del juez. El anterior, Carlos Flores, había citado como testigos a Jorge (debía responder las preguntas por escrito ya que es una de las prerrogativas que tiene el gobernador) y Rauschenberger, luego de que Tierno y su secretario de Hacienda y Producción, Oscar Vignatti, aseguraran en la justicia que ambos les dieron el visto bueno para aprobar el presupuesto y la Tarifaria sin pasar por el Concejo Deliberante. Pero Besi dio marcha atrás con esos testimonios porque consideró que no aportarían nada al fondo de la cuestión, que es saber si el ex intendente y sus funcionarios abusaron de la autoridad e incumplieron sus deberes al firmar la resolución.
Ahí apunta el eje central de la denuncia del bloque de concejales del Frepam: ellos consideran que las autoridades comunales destituidas violaron el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que fija que "corresponde al Concejo fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos, Cálculo de Recursos y Ordenanza Tarifaria", y agrega que si al 31 de diciembre ambas normas no fueran sancionadas, "se considerarán prorrogadas las que se hallaren en vigor". Por eso la oposición sostiene que, al ser la aprobación del presupuesto y la Tarifaria una potestad exclusiva del Concejo, el Ejecutivo debió prorrogar las ordenanzas vigentes en 2007 hasta que se aprobaran las nuevas.
Tierno y Vignatti, los dos únicos de los seis imputados que serán candidatos del PJ en las elecciones locales del 31 de agosto (el primero nuevamente a intendente y el segundo a concejal), se defendieron legalmente aduciendo que el acto fue válido porque estuvo basado en el artículo 67, inciso 9, de la misma Ley Orgánica, que indica que "constituyen atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo Municipal (...) dictar resoluciones durante el receso del Concejo Deliberante sobre materia de exclusiva competencia de este cuerpo, las que serán sometidas al mismo, quien tratará su sanción". El Frepam respondió que el C.D. no estaba en receso porque había sido convocado a sesiones extraordinarias, más allá de que no hubiera reunido quórum tras cinco llamados.
Los otros cinco sospechosos que tiene el caso -y que fueron indagados al igual que Tierno y Vignatti- son los ex secretarios tiernistas Viviana Rodríguez (Coordinación General), Juan Pablo Fasce (Gobierno y Seguridad), Blanca Soto (Participación Comunitaria y Acción Social) y Juan Carlos Mecca (Obras y Servicios Públicos). Estos dos últimos declararon que firmaron el documento porque confiaban en el ex intendente y en Fasce.