Una ONG dice que es propietaria de los terrenos

El presidente y apoderado de una institución que dice ser la dueña de los terrenos donde el gobierno provincial quiere construir el nuevo hospital -detrás del actual Lucio Molas- concurrió a esta redacción para denunciar una serie de irregularidades que se habrían cometido -y otras que estarían ocurriendo en este momento- en el trámite para expropiar esas seis hectáreas y media.
Rolando Giménez es el titular de la asociación Distintas Actividades de Rehabilitación (DAR), una organización no gubernamental que se adjudica la propiedad de ese gran terreno que está ubicado detrás del hospital provincial. Para revalidar esta condición, el visitante mostró un papel donde las seis hectáreas y media figuran a nombre de la organización. Giménez también preside una entidad llamada Hogar Transitorio para Enfermos de Cáncer (Hotec), que poseía un hospedaje para personas que debían venir a Santa Rosa a realizarse tratamientos contra esa enfermedad.
Según contó en su visita, las tierras pertenecían originalmente a Tomás Mason y Remigio Gil, y fue una heredera de ellos quien a través de un papel manuscrito le otorgó la posesión a uno de los socio de DAR, una persona de apellido Schneider. Desde el año 1968, esas seis hectáreas y medias están inscriptas en la Dirección de Catastro a nombre de la asociación DAR.
Giménez apuntó su queja a Tristán Ibazetta, director del Registro de Personas Jurídicas, a quien acusó de negarle validez a la asamblea normalizadora de la entidad y, en consecuencia, considerar acéfala a "Distintas Actividades de Rehabilitación". Esta situación, deslizó el presidente, favorece los intentos del gobierno provincial de tomar la posesión de la tierra donde quiere construir el nuevo hospital y hacerlo en forma totalmente gratuita ya que no deberá indemnizar a la organización civil.
La convocatoria a la asamblea general extraordinaria se publicó en el Boletín Oficial 2945, del 20 de mayo de 2011, y se concretó el 16 de diciembre de 2011. Para Personas Jurídicas la reunión no tuvo validez porque las personas que concurrieron no acreditaron su pertenencia a la entidad. Según Giménez, DAR nunca fue notificada de que Personas Jurídicas había desconocido la validez de la asamblea normalizadora. Recién se enteró de ello cuando vio unas actuaciones que tiene la Fiscalía de Estado con relación a la expropiación del predio.
Giménez acusó a Ibazetta de "secuestrar" los libros de Actas de la entidad y el libro de socios. En ellos constataba, entre otras cosas, que la entidad tenía intención de vender una de esas seis hectáreas a una iglesia evangélica, y que con ese dinero se iba a construir un lugar para atención de personas enfermas.
En su queja, Giménez mencionó también al señor Horacio Mazzaferro, titular de la Dirección de Catastro, a quien consultó cuando fue a pedir un informe catastral sobre el predio en conflicto. Giménez aseguró que el director le dijo que la documentación relativa a este lugar se hallaba en la oficina del gobernador ya que el propio mandatario la había solicitado en el marco del expediente para expropiar el terreno.