Denuncian al juez Claudio Soto por cobrar y no iniciar trámite

El juez civil Claudio Daniel Soto fue denunciado ante el Colegio de Abogados, entre otras cosas, por haberle cobrado a una clienta 1.500 pesos para iniciarle un trámite sucesorio que nunca realizó. El consejo directivo de la institución resolvió en su última reunión darle curso a la solicitud y remitirla al Tribunal de Ética y Disciplina.
La denuncia data del 14 de diciembre pasado y fue presentada por Sandra Carolina Lazo, quien junto a seis hermanos busca recuperar bienes que pertenecían a su padre, Héctor Horacio Lazo, fallecido el 8 de diciembre de 2011, y que presuntamente están en poder de su ex pareja.
Las autoridades del Colegio, una vez evaluada la presentación, consideraron que había prima facie elementos probatorios para que el Tribunal de Etica, compuesto por Juliana Stok Capella, Liliana Mónica Márquez y Raúl Alberto Reyes, se pronuncie sobre si Soto actuó negligencia, retuvo indebidamente fondos o cometió alguna de las otras conductas sancionadas por el reglamento interno o la ley de creación del Colegio de Abogados.
Este diario habló con Lazo y además accedió a una copia del escrito. Allí dice que ella tiene como prueba del pago de los 1.500 pesos un recibo firmado de puño y letra por Soto. Además asegura que otro abogado al que fue a consultar -cuando empezó a sospechar que el hoy juez no había hecho nada- le confirmó que en la mesa de entrada de la Receptoría General de Expedientes, o sea el lugar por donde ingresan las causas civiles, no había ninguno iniciado por la sucesión de su padre.
La mujer relató que después de descubrir que se habría adulterado la fecha de venta del Fiat Duna de su padre, Soto le dijo que no podía hacer nada y, "cambiando de conversación afirmó que ya habían salido los edictos" de la sucesión. Sin embargo, ella había comprado el diario durante 35 días sin ver ningún edicto sobre el tema.

"Quédese tranquilo".
Como las sospechas de que Soto no había hecho nada iban in crescendo, un mes después una de sus hermanas pudo hablar con él y el abogado le dijo que no podía seguir con el expediente y los derivó a una colega de Winifreda. Pero esta abogada, después de no atenderlos durante varias semanas, les terminó diciendo a los Lazo que no tenía tiempo de dedicarse al trámite sucesorio.
Entonces, la denunciante se apersonó al despacho de Soto en la Ciudad Judicial. De acuerdo a su versión, el juez se negó a recibirla, pero ante su insistencia le respondió que "me quedara tranquila" porque la declaratoria de herederos estaba lista. Y además se comprometió a dejarle en su estudio particular "actas de nacimiento, partida de defunción, copia de historia clínica, solicitud de demanda sucesoria, etc."
Cuando se hizo de todos los originales de esos documentos terminó de darse cuenta que si no estaban en el expediente era porque la sucesión no se había iniciado. En ese momento fue cuando Sandra consiguió que otro abogado le confirmara en la Receptoría que Soto no había iniciado la tramitación.
Incluso el 12 de diciembre del año pasado volvió a verse cara a cara con Soto y éste insistió que la sucesión estaba en marcha en el Juzgado en lo Civil 1. "Me retiré decentemente y volví a la mesa de entrada. Allí me aseguraron insistentemente que nunca se inició nada de nada", acotó en la denuncia.
Sandra reclama dos casas y el Duna, y cree que la ex pareja de su padre, junto a un hijo, se quedaron con todo y que para conseguirlo hasta habrían "truchado" firmas. "Pero yo tengo una llave del auto", adujo para reafirmar que pertenecía a su papá.
Sobre las viviendas explicó que a los pocos días del deceso averiguó en la Dirección General de Catastro que la de la calle Victorica estaba a nombre de Héctor Lazo, y que poseía el 50 por ciento de la de la calle Bernasconi, ya que la otra mitad figura a nombre de la ex pareja. Sin embargo, en diciembre pasado, en esa misma oficina, a una hermana suya le informaron que el inmueble de Victorica ya estaba escriturado a favor de nuevos compradores.