El TdeC objetó solo el pago de facturas a profesionales

Desde el Tribunal de Cuentas se afirma que la idea no pasa por desvincular a ningún profesional, sino simplemente de poner en claro cuál es el encuadre legal por el que le factura al Estado provincial.
El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, José Sappa, expresó no saber qué medidas dispuso Contaduría General con respecto a proveedores cuyos pagos se vieron demorados en los últimos días.
Este diario había informado el lunes último que la dificultad para cumplir con las obligaciones no tiene que ver con una falta de fondos, sino con una cuestión administrativa que plantea el Tribunal de Cuentas, el organismo de control de las cuentas públicas en La Pampa.
Al parecer, el área de Contaduría General de la Provincia habría manifestado que no contaba con los elementos suficientes para cumplir a tiempo con las exigencias del Tribunal de Cuentas, situación por la cual habría decidido cortar los pagos a cientos de proveedores, que naturalmente han comenzado a expresar su queja.

Qué normativa.
Ayer Sappa, consultado por LA ARENA señaló que el organismo a su cargo "no tiene facultad para ordenar que se frenen pagos. Simplemente lo que se hizo días atrás fue consultar a Contaduría General cuál es la normativa para el pago a algunos profesionales en todos los ministerios; cuál es el encuadre legal en cada caso. Nosotros lo que hacemos es observar los pagos ya realizados, y en este caso lo único que hicimos fue una consulta".
Amplió señalando que se advirtió que en distintos ministerios "hay profesionales que facturan en forma consecutiva hasta determinado monto y queremos saber si se trata de algo transitorio".
Agregó que se quiere determinar "si se trata de una contratación que se justifique su encuadre, pero la idea no es que se corten. Se piensa en regularizar y no otra cosa. No sé cuál es la decisión que habrá tomado Contaduría, y a lo mejor lo que dispuso fue parar los pagos hasta recibir la información de los distintos ministerios; o tal vez haya detectado algunas otras irregularidades", razonó.
Negó que la cuestión de los porteros fuera un problema. Veíamos algunos inconvenientes con algunas contrataciones por las que se perciben honorarios y se da el caso de algunos profesionales que cobran como suministro, pero que por los montos de que se trata no se podría hacer".

El pliego de Sappa.
En tanto el abogado que está a cargo del Tribunal de Cuentas sigue esperando que los diputados traten su pliego para acceder en forma definitiva a la presidencia del organismo. Lo cierto es que mientras el oficialismo está seguro que sólo se necesita mayoría simple de los votos en el recinto; desde el Frepam se insiste en que son ineludibles los dos tercios".
Así están las cosas, y mientras los diputados del PJ por si acaso tratan de convencer a Darío Hernández y Daniel Robledo de Pueblo Nuevo; y a Sandra Fonseca de Comunidad Organizada; también hay tironeos para "ganar" el voto de Darío Casado, del PRO.
Por lo pronto el nombramiento de Sappa tendría que esperar por lo menos hasta promediar el mes de abril próximo.

"Esto es un escándalo"
"Es una actitud muy valiente y me parece fantástica", afirmó ayer el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Ricardo Araujo, sobre la intervención del Tribunal de Cuentas en el tema de los monotributistas que le facturan al gobierno provincial. Según dijo, ya son más de 1.000 personas y el número no para de crecer.
"Con el tiempo, se ha formado una nueva generación de trabajadores en negro", declaró Araujo en una entrevista con Radio Noticias en la que relacionó la decisión de Contaduría General de la provincia de no pagar a los proveedores, con el permanente reclamo de la complicada situación de aquellos monotributistas que trabajan dentro del Estado.
La mayor parte de esas personas son porteros de escuelas, según indicó Araujo, pero también hay personal que realiza tareas de limpieza en general y trabajos administrativos. Son los que ATE definió en su último congreso como "auxiliares de Educación".
A ellos se suma un grupo que estaría en situación aún más complicada y qué habría sido el motivo que llevó a cerrar la canilla de pagos: personas que trabajan para la Administración Pública pero también cobran de ella bajo la figura del Monotributo. "Hay un montón de trabajadores que le facturan al Estado y trabajan como independientes junto con los trabajadores del Estado", explicó Araujo. "También hay otros que son 643 y le facturan a sus reparticiones o a otra repartición y hacen un sueldo aparte", aseguró.
"Es un escándalo, se ha desvirtuado el empleo público y se ha desvirtuado la carrera administrativa", reflexionó el dirigente.
Araujo comentó que cada vez que ATE intentó dialogar con autoridades del Ministerio de Educación sobre los porteros y otras personas en situación similar, desde la cartera educativa les cerraron todas las puertas alegando que son "trabajadores independientes" y no afiliados a un gremio estatal. "Es una burla muy cruel", sostuvo.