El fiscal Vanini se niega a informar de la causa del IPAV

Vanini dijo que no hablará ni informará hasta que haya una resolución judicial. El reclamo abarca a Agüero, Araniz y al resto de los condenados penalmente, quien deberían devolver alrededor de 3,5 millones de pesos.
No solo la justicia decidió ocultar el expediente donde el Estado demandó a un grupo de ex funcionarios Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda para intentar recuperar los fondos públicos sustraídos por ellos; sino que ahora la propia demandante, la Fiscalía de Estado, también adelantó que no dirá una palabra del caso hasta que haya una resolución firme.
Esa conducta ocultista deja bien en claro que una cosa es el mensaje institucional que se baja y otra, absolutamente diferente, lo que se practica en los hechos. Cualquiera que escuche a funcionarios gubernamentales y judiciales oirá que promueven la transparencia, pero llamativamente a pesar que se trata de una causa de absoluto interés público, todos prefieren esconder la basura bajo la alfombra.
En ese expediente, que se tramita en el Juzgado en lo Civil 5, a cargo del juez sustituto Claudio Soto, la Provincia intenta recuperar 960.000 pesos que se desviaron, entre 1999 y 2003, a través de dos cuentas corrientes del IPAV, para gastos personales y superfluos. Los imputados llegaron a comprar hasta preservativos. Ese monto, a valores actuales, rondaría los 3,5 millones de pesos.
La demanda es contra los siete ex funcionarios condenados por los delitos de sustracción de caudales públicos y pago de coimas: el ex vicepresidente ejecutivo del IPAV, Hugo Nelson Agüero; el ex gerente general, Luis Edgardo Araniz (ambos están a punto de lograr la libertad condicional); la ex jefa de Contabilidad y Finanzas del IPAV, Mirta Isabel Rodríguez de Tieri; el ex tesorero Walter Raúl García; el ex jefe de Compras y Licitaciones, Juan Cono D'Amico; la ex jefa de Habilitaciones, Susana Beatriz Mansilla; y el ex contador fiscal del Tribunal de Cuentas, Rubén Angel Naval.

No, no y no.
El juez Soto ya ha dicho que no informará sobre la causa, a pesar de que involucra al Estado, a ex funcionarios y a dineros de los contribuyentes. Para ello hizo valer un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial -una norma claramente administrativa- por sobre una ley provincial que le otorga a la prensa el acceso a la información pública. Incluso lleva ocho meses sin dar una respuesta por escrito a una nota cursada por un cronista de este diario para acceder a la causa. La falta de una contestación escrita le ha impedido al peticionante apelar el "no".
Ahora ha sido el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, quien a través de una tercera persona informó que no hablará del tema ni tampoco brindará información hasta que el magistrado no resuelva la demanda. Desde ese organismo, algunas veces se ha informado, ante consultadas de esta hoja, pero nunca pudo verse una copia del expediente.
En la Fiscalía sostienen -en contraposición a lo que dicen los defensores de los imputados- que la causa no está prescripta y que ellos han embargado bienes de Agüero y Araniz (inmuebles y vehículos) para poder recuperar el dinero. Ambos han ofrecido tiempo atrás un millón y medio de pesos para dejar de ser perseguidos civilmente, pero el gobernador Oscar Mario Jorge nunca autorización esa negociación.