Trata: retan a jueces federales pampeanos por no investigar

"Un cabaret es un lugar de esparcimiento, un lugar de contención espiritual...". La frase fue dicha por el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, en 2009, pero quedó marcada a fuego para siempre. Hoy, a cuatro años, y a pesar de los pedidos expresos de la Corte Suprema y de la Procuración General de la Nación, ni él ni el entonces subcomisario del pueblo, Carlos Adrián Alanís, fueron indagados en la causa por el presunto delito de trata de personas en la whiskería Good Night. Desde ese momento a hoy hubo tres jueces al frente del tribunal, el titular Pedro Vicente Zabala, y los subrogantes Marcelo Piazza y José Antonio Charlín.
El dictamen del entonces procurador Esteban Righi data del 13 de junio de 2011. Allí Righi opinó, ante un conflicto de competencia, que el caso debía quedar en manos del juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala. Además le cuestionó al magistrado la escasa recolección de pruebas que había dispuesto hasta de dar un paso al costado y, específicamente, dijo que debió investigar "la existencia de una fluida relación entre el propietario del local y algunos funcionarios del lugar, a quienes la denuncia adjudica connivencia policial y política".
Incluso el procurador recordó que Rogers "no solo defendió ante medios periodísticos provinciales la existencia de este tipo de locales nocturnos, sino que, en particular, se pronunció en contra del eventual cierre de Good Night". Y de Alanís indicó que "no solo convivía con la encargada de la whiskería de Colonia Barón, sino que además mantenía una fluida relación con el propietario de Good Night, Carlos Javier Fernández" y, además, que habría ocultado un acta de exposición de un camionero afirmando que había visto a una menor que era buscada en todo el país como presunta víctima del delito de trata de personas.
El dictamen de Righi fue respaldado en un todo pocos días después, el 5 de julio de 2011, por la Corte Suprema. "Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador, a los que corresponde remitirse en razón de brevedad", corresponde enviar la causa a la justicia federal dijeron el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Enrique Petracchi, Elena Higthon de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.

"Téngase presente".
Zabala, que está de licencia por cuestiones de salud desde noviembre, no hizo nada en un año y medio. Y Piazza, que lo subrogó durante siete meses, tampoco. En una resolución del 4 de febrero pasado, ordenó las indagatorias de Fernández, de su hermano Edgardo Mauricio y de Brian Martín y luego procesó a los tres por el delito de trata; pero con los mismos elementos probatorios no hizo lugar a las indagatorias de Rogers y Alanís, quien en este lapso fue ascendido a comisario y se desempeña en General Acha.
Ante un pedido del fiscal federal subrogante Juan José Baric, para que el intendente y el jefe policial sean indagados, Piazza simplemente respondió "téngase presente". Baric insistió y presentó un recurso de reposición contra esa negativa.
¿Qué contestó Piazza? Que no había denegado las indagatorias -aunque aceptó tres de cinco- y que "la expresión 'téngase presente' no supone la negativa a lo requerido por la fiscalía, ni tampoco sugiere que dicho acto procesal no fuera a ser cumplido más adelante".
Agregó: "Resulta facultativo para el juez de la causa, y en este caso en particular teniendo en cuenta el tipo de delito, las constancias obrantes en el expediente y el rol que le atribuye el fiscal en el hecho a Rogers y a Alanís, para determinar la oportunidad y el orden en que serán oídos los presuntos imputados".
Piazza dejó el cargo hace unos días y fue reemplazado por Charlín, quien será juez federal de General Pico cuando el tribunal se abra en la ciudad norteña. En estos pocos días, Charlín tampoco avanzó con las indagatorias.

"Indicios de connivencia"
El caso del cabaret que funcionaba en Lonquimay fue impulsado por la fiscal provincial Alejandra Ongaro en octubre de 2009, a partir de la denuncia de Liliana Abratte, una dirigente K del gremio estatal ATE y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
La mujer reveló que tenía indicios de que existiría "una connivencia policial con las whiskerías de Lonquimay y Colonia Barón", y detalló que la pareja de Alanís regenteaba un cabaret de Barón. Al conocerse ese dato, la Jefatura trasladó al policía a General Acha, donde actualmente está a cargo de la seccional y el año pasado fue reconocido por su eficiencia profesional. Esa mujer sería de nacionalidad paraguaya y se llamaría Yésica Torales Espinoza.
La causa se originó a partir de la denuncia de una mujer oriunda de Santiago del Estero, que hizo público que había logrado escapar de Good Night, tras haber sido obligada a prostituirse.
La denunciante, que se desempeñaba en la subcomisaría, mostró sus sospechas de que allí funcionaba una whiskería en la que se ejercía la prostitución y que "trabajaban mujeres de diferentes nacionalidades que se encontraban en deficientes condiciones de habitabilidad y sanidad". Agregó que esa realidad era conocida por Alanís, pues no sólo convivía con la encargada de la whiskería de Barón, sino que "mantenía una fluida relación" con Fernández y Rogers.
Por el escándalo, el Concejo Deliberante de Lonquimay prohibió la instalación de cabarés o whiskerías, aunque dejó a salvo la continuidad de Good Night, que igual cerró sus puertas en diciembre de 2009.