Mendoza está contenta porque el gobierno pampeano no piensa en un juicio por el Atuel

Bajo el título "La Pampa minimizó la posibilidad de juicio a Mendoza", un diario cuyano dio cuenta de la tranquilidad que transmitieron a la clase política de esa provincia las palabras del secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, de que el gobierno pampeano no tiene en su agenda inmediata la posibilidad de un nuevo juicio por el río Atuel. El tema Atuel está instalado en el debate político de esa provincia y la sola mención de otro juicio crispa los nervios de muchos.
En su edición del jueves, el periódico virtual informó sobre la repercusión que tuvieron en nuestra provincia las últimas declaraciones del ministro de Infraestructura de Mendoza, Rolando Baldasso, y también del gobernador Francisco Pérez, en referencia al río Atuel, y destacó la réplica a esas palabras que hizo el secretario de Recursos Hídricos de que "no se puede correr detrás de cada una de las declaraciones".
Pero la atención parece no ser unidirección sino más bien un ida y vuelta: así como en La Pampa repercute cada acción o declaración mendocina relacionada con el Atuel, allí también prestan oídos a lo que aquí se haga o diga con relación al río interprovincial, en particular si remite a la posibilidad de un nuevo juicio entre los Estados, un tema que parece inquietar mucho a la clase política cuyana.
Por eso, no sorprende que el diario digital haya prestado especial atención a la expresión de Lastiri de que "hay que agotar la vía del diálogo" antes de tomar el camino de un nuevo juicio. "La decisión de encarar un juicio tiene múltiples derivaciones. Hay que agotar la vía del diálogo y del consenso para no tener otro retroceso judicial", fue otra de las frases del funcionario pampeano que rescató el periódico virtual.

Convenio.
En la crónica del jueves, Mendoza Online recordó que los senadores radicales Armando Camerucci y Walter Sáenz elevaron un petitorio de citación a la Legislatura para el ministro Rolando Baldasso por sus últimas declaraciones sobre el Trasvase del río Grande al Atuel y la cesión de aguas a La Pampa.
También para que explique la situación actual del convenio entre ambas provincias firmado en el año 2008, el que "nunca fue remitido a la Legislatura para que se apruebe o deseche, a pesar de que han pasado cinco años", según recordó el diario mendocino.
Al fundamentar el pedido de interpelación, los senadores provinciales de la UCR explicaron que las declaraciones que Baldasso formuló a MDZ Online la semana pasada "son muy preocupantes y requieren su adecuada explicación, ya que da pauta de que sin que exista ninguna autorización legislativa, se estaría negociando ceder aguas a las que Mendoza tiene derecho para su trasvase desde el río Colorado al Atuel, lo que excede cualquier autoridad del Poder Ejecutivo".
"Esta citación es imprescindiblemente necesaria ya que el ingeniero Baldasso parece desconocer o ha mal interpretado la letra y espíritu del Tratado del Río Colorado que da como resultado el Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco)", concluyó el documento.

"Se resuelve con la Constitución"
El diputado Martín Berhongaray (Frepam) consideró que con el cumplimiento de la Constitución Nacional se puede resolver el conflicto con la provincia de Mendoza por las aguas del río Atuel, y que por eso "no es necesario avanzar sobre la sanción de nuevas leyes".
"Las leyes están, la Constitución es clara en cuestiones ambientales y de administración de los recursos naturales al marcar las facultades compartidas entre la Nación y las provincias, y sostener que las jurisdicciones condóminas de un río deben tener injerencias y participación en las decisiones que lo afecten", dijo.
El candidato a diputado nacional por el radicalismo afirmó que en ese sentido también se pronuncian la ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y la 25.675 General del Ambiente, entre otras normas de presupuestos mínimos. Agregó que los pobladores de la zona afectada por la falta de agua en el río Atuel "deben ser indemnizados".
Berhongaray afirmó además que es necesario recuperar el escurrimiento en cantidad y calidad de agua aceptable, y avanzar también en la "interposición de una demanda judicial por el más de medio siglo de saqueo que ocasionó un perjuicio social, económico, productivo y ambiental que es irreversible para La Pampa".