Sedición: la Justicia pampeana decidirá la semana próxima

¿Qué pasará con la causa penal de los policías sediciosos? ¿Quedará en manos de un fiscal provincial o llegará a la Corte Suprema? Por ahora no hay respuesta para esos interrogantes. La respuesta recién se conocerá la semana próxima, luego de que ayer el juez de control de feria, Daniel Sáez Zamora, recibiera la resolución de la jueza federal Iara Silvestre planteando su incompetencia para instruir la investigación y, por ende, para indagar a los once imputados.
El fundamento de Silvestre para desprenderse del expediente y enviárselo a la justicia ordinaria fue que "no se ha producido ninguna afectación al gobierno nacional, al encontrar el conflicto circunscripto a cuestiones eminentes locales".
Para ello remarcó que el artículo 229 del Código Penal, al describir la figura de sedición, habla de "los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional (Nder: esa frase aparece resaltada en el texto), armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".
Si bien la magistrada consideró que el alzamiento del 11 de diciembre, encabezado por policías en actividad, tuvo por finalidad "arrancarle al gobierno provincial alguna medida o concesión" -una de las causales del delito-, y que se trató de una situación de "indudable gravedad institucional"; agregó que la protesta fue en todo momento contra las autoridades pampeanas. Como el fiscal federal Juan José Baric avaló esa postura, la resolución quedó firme el lunes.
En un primer momento, la jueza federal subrogante, Daniela Anocíbar, había "pateado" los pedidos de indagatoria a ocho policías en actividad y a tres retirados para febrero, al considerar que no había motivos urgentes para levantar la feria; pero Silvestre apenas retomó su cargo, en menos de 48 horas, respondió al recurso de reposición que había elevado Baric insistiendo con ese requerimiento.

Dos alternativas.
¿Cuáles serán los pasos que dará Sáez Zamora? El juez provincial recibió la resolución del Juzgado Federal ayer a media mañana y hoy notificará de ella al fiscal penal de turno, Carlos Ordas. Coincidentemente ambos también estuvieron de turno el 11 de diciembre, la jornada en que unos 400 policías marcharon por el centro de la ciudad y luego, un grupo de ellos, se acuarteló en la Jefatura durante 27 horas, hasta que el Poder Ejecutivo accedió a algunos de sus pedidos (entre ellos una suba salarial del 19 por ciento, la agilidad en el pago de los adicionales y la promesa de que no serían sancionados).
Por lo tanto, sea que intervengan porque están de turno o porque estuvieron de turno aquel día, ambos definirán si aceptan la competencia provincial y avanzan con la investigación, o si la rechazan y devuelven el expediente a Silvestre. Si se diera este último escenario, la competencia sería resuelta por la Corte Suprema.
Cuando Ordas reciba hoy la causa, tendrá tres días hábiles para pronunciarse. Ese plazo vencerá en las primeras horas del martes. Luego de conocer su opinión, Sáez Zamora resolverá. Y aunque lo que diga la fiscalía no es vinculante, tendrá peso a la hora de ese pronunciamiento. El juez firmaría la resolución rápidamente, por lo que el desenlace se conocerá la semana próxima, entre miércoles y viernes.
Los policías imputados por la sedición, un delito que se castiga con prisión de uno a seis años, son Guillermo Julián Giménez, Luis Horacio Bruno, Fernando Alberto Rolhaiser, Carlos Aníbal Mendibe, Susana Elizabet Rosane, Damián Horacio López, Germán Bartolomé y Carlos Daniel Gatica, todos ellos en actividad; y los policías retirados José Luis Furriol, Rodrigo Wiggenhauser y Félix Garrido.