Imputaron a los tres dueños de una empresa de catering

La Justicia salteña imputó a tres personas por la muerte de Salvador Pérez ocurrida hace cinco meses en Salta. El pampeano había viajado para participar de las Olimpíadas Viales y falleció afectado por salmonella.
Los tres dueños del catering GyM de Salta, que sirvieron la cena después de la cual murió el trabajador vial pampeano Javier Salvador Pérez afectado por un cuadro de salmonella, quedaron imputados bajo la figura de homicidio culposo. Así lo decidió en estos días la Justicia salteña, más de cinco meses después del deceso. Otra novedad en la causa: la familia Pérez consiguió ser admitida como querellante, lo que le permitirá tener acceso pleno al expediente y a las actuaciones del juzgado.
Los imputados, dueños de la firma de gastronomía, son Marta Cecilia Cabada, Víctor Teodoro Toledo y Graciela Fanzago. Desde un principio, la familia de Pérez había denunciado que la causa se demoraría -el primer movimiento de peso se dio recién a los cinco meses de la muerte- por "presiones políticas": Marta Cabada es madre de dos altos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Urtubey, uno de ellos, Carlos Abeleira, ministro de la Primera Infancia.
Salvador Pérez, de 66 años, murió el 25 de septiembre en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. Había llegado a esa ciudad con un contingente pampeano para participar de las Olimpíadas Viales, que reunió a empleados de vialidad de todo el país. El catering GyM fue el encargado en esos días de hacer y servir las comidas para todos los participantes.
Luego de una de las primeras cenas, Salvador Pérez comenzó con una fuerte descompostura que se agravó con rapidez y lo llevó a la muerte en pocas horas. Con un cuadro extraño y complicado, a los médicos les costó descubrir el origen de la afección y recién tras el deceso los análisis confirmaron que se trató de salmonella.
Se calcula que más de 150 personas de distintos puntos del país fueron asistidas en esos días en centros de salud de Salta con vómitos y diarrea, y todos habrían asistido a aquella cena. Sólo Pérez falleció.
Las sospechas recayeron desde un principio en una comida a base de pollo y una salsa con huevo. La cena se sirvió en el imponente Centro de Convenciones Limache de la capital salteña, administrado por la Provincia; que también deberá responder por la supuesta falta de los controles bromatológicos.

Imputación.
Virginia Pérez, hija de Salvador, viajó varias veces a Salta y se encontró con serias dificultades para que la investigación y la causa avance. Incluso el titular del estudio de abogados que la representa fue amenazado cuando la mujer dio a conocer públicamente el caso.
Desde un primer momento, los abogados de Pérez pidieron ser parte querellante para seguir de cerca la investigación. Y denunciaron que no se tomaron las pruebas correspondientes desde un primer momento: muestras de la comida servida, historias clínicas de los afectados, inspecciones a los lugares de elaboración de GyM, entre otras.
El 29 de febrero la causa tuvo el primer movimiento importante: el juez admitió a la familia como querellante e imputó a Cabada, Toledo y Fanzago de homicidio culposo según el artículo 84 del Código Penal. También los citó a declarar, pero los acusados no concurrieron.
Maria Eugenia Sing, abogada de la familia Pérez, en diálogo con LA ARENA se mostró conforme con las novedades pero se lamentó por la demora: "Esto debería haberse hecho hace cinco meses. Ahora tomamos contacto con la causa y confirmamos lo que sospechábamos, no se recolectaron las pruebas que era importante tener en las primeras horas, y si bien la imputación es lo que tanto reclamábamos, lo cierto es que en cinco meses estas personas bien podrían haber levantado una empresa de catering nuevo, impecable y cumpliendo todas las normas".
Ante la negativa de los imputados a declarar, los abogados ya presentaron ante el juez el pedido de fijación de nueva audiencia, reclamando la comparecencia con la fuerza policial. "Van a tener que llevarlos con la policía. Nos constituiremos, y haremos todas las preguntas para sacar a la luz lo que pasó", dijo Sing.
Por ahora la causa está en manos del fiscal Maximiliano Troyano. Desde que se inició en septiembre del año pasado, el expediente ya pasó por tres fiscalías, sin que quede muy en claro el por qué de estos cambios.