Advierten por el aumento de la demanda social: "El panorama es complejo"

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, advirtió que se espera un aumento de la demanda social ante las políticas económicas que impulsa la gestión de Javier Milei. "El panorama es complejo", reconoció.

El funcionario provincial fue entrevistado en La Parte y el Todo, programa que se emite en la Televisión Pública Pampeana, y elogió la implementación del Índice de Vulnerabilidad Social (IVS). "Para nosotros es trascendental poder evaluar y medir el impacto de las políticas públicas, sobre todo en materia social, y modificar o generar algún nuevo instrumento que dé respuesta a lo que está faltando", indicó.

Álvarez explicó que la medición avanzó progresivamente y actualmente contempla nueve localidades, a la que se sumará Realicó. "En esta que fue la quinta, empezamos en febrero de 2023, estamos midiendo el 70 % de la población, es decir alrededor de 255 mil habitantes", destacó.

La muestra se compone de 3.066 encuestas presenciales, lo que significa que "casi 10 mil personas han sido encuestadas con datos consistente y presencialmente. A diferencia del Indec, lo que se mide es el acceso a la canasta básica alimentaria de esos núcleos familiares con las transferencias totales que reciben, lo declarados más todos los que existen en las bases de datos municipales, provinciales y nacionales".

- No se quedan con lo que las personas responden.

- Exactamente, hay condiciones distintas. Indec maneja 660 muestras para el conglomerado Santa Rosa-Toay, pero no importa si contestas o no la encuesta, puede ser que de esas efectivamente estén contestadas 400 y no importa el dato concreto, sino la sola declaración del sujeto encuestado. Esas 3.066 encuestas que hacemos son presenciales y al dato declarado lo cruzamos.

- Es un dato que a veces se esconde, que es la cantidad de subsidios o programas que recibe.

- Por eso, por ahí la gente lo toma como un derecho el ingreso ciudadano que pueda tener por Asignación Universal por Hijo (AUH), por pensión no contributiva, Tarjeta Social o Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE)... La diferencia está en que, por lo que nos manifiestan en esas 3.066 encuestas, el promedio de ingresos son 460 mil pesos. Cuando volcamos toda la información de la base de datos del Estado, el ingreso sube a 860 mil pesos.

- O sea que la inversión estatal es el doble de lo que se declara.

- Claro. Por eso lo que decimos es que el Estado tiene que ser inteligente, eficiente, utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance, en este caso toda la información con la que se cuenta. De hecho, hace 20 años cuando arranca el Pilquén ya estaba previsto en el decreto de creación, que paradójicamente quien arma todo el sistema es el gobernador como secretario de Políticas Sociales, que tenía que haber indicadores que pudieran medir efectivamente el impacto de las políticas sociales.

- En su momento el Pilquén ganó un premio internacional.

- Acá hay cosas que valoramos mucho de la política pública, porque no teníamos datos, registro efectivo con las mediciones existentes, y no podíamos salir del conglomerado Santa Rosa-Toay. Cuando hacíamos inversiones sociales, no se veían en las mediciones. La política social siempre va destinada a sectores que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, y la pobreza está atravesada por la política económica y el ingreso de asalariados. Nosotros trabajamos con las consecuencias de una situación socioeconómica, pero siempre como gobierno y en toda la articulación que tenemos estamos pensando en generar trabajo, en apoyar a la producción, y que las consecuencias sociales cada vez sean menos y tengamos que dar menso respuesta. Lamentablemente, en este contexto social, lo que vemos es que la demanda va aumentando.

- ¿La evolución del índice confirma esa mayor demanda?

- No, porque lo que mide el IVS tiene que ver con la transferencia económica directa y principalmente a la política alimentaria. Allá por el 2022 se genera el primer RAFE con otras características distintas a la que estamos ejecutando hoy. En el 2022 arranca con una suma fija por familia, después se va modificando y a medida que se va agravando la situación socioeconómica el gobernador nos va dando instrucciones para que vayamos profundizando el acompañamiento a los sectores de mayor vulnerabilidad, viendo que lo que principalmente se iba a afectar iba a ser la posibilidad de acceder a la canasta básica alimentaria.

En septiembre de 2023 nos da la instrucción de que generemos un RAFE que pudiera garantizar a esos núcleos familiares la resolución definitiva del acceso a la canasta básica alimentaria a través del cruzamiento de datos. Y que con todos los ingresos que tuviera ese núcleo familiar nosotros, a través de una liquidación familia por familia de esos 10 mil núcleos, le pudiéramos garantizar el acceso a través de una transferencia solo destinada a alimentos, más un 10 %. Es decir, que si la canasta básica alimentaria son 500 mil pesos, y tiene ingresos por 350 mil pesos, el Estado le transfiere 165 mil pesos para que pueda superar el umbral y poder salir de la indigencia. Ese trabajo se hace mes a mes a través de las distintas liquidaciones.

La política pública del Gobierno provincial está muy controlada y tiene controles cruzados. El Pilquén, que es la base de la información que tenemos, no la carga la Provincia sino que se hace desde cada municipio. Nosotros sí usamos la información que está ahí adentro para generar políticas públicas y analizar su impacto. A su vez, en el IVS, que es un instrumento nuevo, hemos firmado un convenio con la UNLPam para poder auditar el método, si está funcionando bien o alguna situación que haya que ir corrigiendo.

- Ese universo de 10 mil núcleos familiares es el sector más vulnerable de la sociedad pampeana. ¿A ese sector, en cuánto contribuye la Nación para atenderlos?

- Nosotros tenemos una realidad más amplia. Hay 22 mil beneficiarios de Tarjeta Social Pampeana, de los cuales 10 mil tienen acceso al RAFE. Los otros es porque pueden tener tarjeta alimentar, y cuando hay es porque también hay una AUH. Estos diez mil núcleos con los que trabajamos en segunda instancia es porque estaban en una situación de mayor desventaja, solo tenían acceso a la Tarjeta Social que era un monto que estaba equiparado a un módulo alimentario.

Después viene el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar de Nación, a comienzos del 2020, que a la provincia llega en marzo de ese año, poco antes de que iniciara la pandemia. Se entregaron alrededor de 13 mil tarjetas, que alcanzaban a cubrir unas 24 mil personas.

Nosotros nos dedicamos a resolver la situación de esas 10 mil núcleos familiares que estaban fuera de todos los programas nacionales.

Hoy los programas nacionales siguen en ese sentido nada más. La AUH sí el año pasado tuvo un incremento significativo de 358 % en 2024. Ahí donde puede haber habido algún acompañamiento a los sectores de mayor indigencia. La Tarjeta Alimentar al principio del año pasado había tenido algún seguimiento del proceso inflacionario, hoy ya lo soltó y está mucho más retrasado.

Sí ha habido un corrimiento absoluto del Gobierno nacional en los programas de infancia y adolescencia. Justo estuvo el equipo de la Subsecretaría de Planificación y de la Subsecretaría de Niñez en la Legislatura, donde les comentó y recordó a muchos legisladores que el gobierno nacional desfinanció 28 programas destinados a la infancia.

El día que fue la mayor represión a los jubilados, el Ministerio de Capital Humano sacó una resolución dando de baja casi diez programas, de los cuales dos tuvieron alto impacto en la provincia. Uno fue el de capacitación de la Ley Lucio, que está desactivado, y la Línea 102, que también fue otro reclamo en su momento para que se pusiera en funcionamiento y está totalmente desactivada a nivel nacional.

La provincia, a través de decisión política del gobernador Sergio Ziliotto, sigue sosteniendo todos esos programas de los que hemos sido parte y financiado conjuntamente, con recursos que son de los y las pampeanas.

En su momento calificaste al 2024 como el año más duro que tuviste que enfrentar como funcionario. ¿Cómo pinta el 2025?

- Complejo.

¿Tenes alguna esperanza de que por que es un año electoral afloje la billetera?

- No. Acá a nosotros nos reclaman que no estamos dispuestos al diálogo con el Gobierno nacional, eso es falso. El lunes estuvimos haciendo un reclamo con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, por el tema del parate de la obra de General Pico, un espacio de primera infancia que fue licitado el año pasado, comenzó y se paró. Estuvimos hablando, mandamos el primer reclamo informal para ver dónde estamos parados, y el contacto que yo tenía, que era el jefe de Gabinete de la Secretaría, me acaba de decir hoy (por el miércoles) que el lunes renunció.

El panorama es complejo, hay una demanda que creemos que va a ser creciente. El aumento de este mes del 5,9 % de alimentos impacta en los sectores de mayor vulnerabilidad. El criterio que hemos adoptado es que todas las transferencias de programas alimentario y del RAFE se vayan actualizando mes a mes en base al aumento de la canasta básica alimentaria.