Denuncian un trato “inhumano” a los presos

¿Hay un brote de tuberculosis en la Alcaidía de Santa Rosa? Familiares de detenidos en esa unidad carcelaria manifestaron su preocupación por las condiciones de encierro a las que están sometidos, algunos sin condena y con un proceso en marcha. Sostienen que esa temible enfermedad –entre otras- está presente entre los presos.

En estas columnas ya nos hemos referido a esta circunstancia, y pese a que las autoridades han expresado que se ocuparían de que las irregularidades sean subsanadas eso no ocurrió. O al menos si hubo alguna mínima mejora se discontinuó al poco tiempo.

En reiteradas oportunidades se denunció que la comida que se les da es incomible, que los presos sobreviven en la suciedad y conviven con ratas cucarachas, chinches y piojos, entre los más habituales acompañantes. Lo cierto es que los calabozos históricamente no cumplen con pautas mínimas que respeten una estadía que medianamente garantice los derechos humanos básicos.

No son lugares ventilados, no tienen ventanas, se construyen con tamaños muy mezquinos (son como ascensores o nichos), y además no se contemplan vías de evacuación rápida en caso de alguna situación compleja (motín—incendio).

Sin ver el sol.

A eso se suma que siempre hay más población que la que el lugar está en condiciones de albergar: son 55 internos en un lugar que sólo podría albergar a 36, con lo que el hacinamiento provoca una promiscuidad muy desagradable. Muchos de esos detenidos no tienen condena; y la mayoría no tiene una sentencia firme y por eso cuentan con el estado de inocencia aún su favor.

A esa condición se le agrega que desde diciembre –cuando empezaron a construirse más calabozos- no pueden salir al patio, con lo que permanecen encerrados en espacios mínimos entre cuatro paredes sin poder ver el sol.

Las celdas están dispuestas para dos internos, pero en casi todas hay tres, así que uno duerme obligadamente en el piso. En cada una hay un agujero a modo de inodoro donde pululan ratas e insectos varios. A eso se agregan colchones húmedos y destruidos, con lo que el ambiente tiene un olor simplemente asqueroso.

Hoy se están construyendo más calabozos en la Alcaidía que responderían al mismo patrón, sin ventanas ni ventilación.

Esto se replica en la mayoría de las dependencia policiales de la provincia, donde sus calabozos están atestados de personas privadas de libertad.

Parámetros de la ley.

Muchas de ellas podrían transitar ese encierro con modalidad domiciliaria que “aliviaría las condiciones de detención”, pero igual la restricción de libertad sería efectiva. Sin embargo hay una férrea y sistemática negativa de los jueces de control, que deben resolver mayormente las prisiones preventivas, ni siquiera de los presos “inocentes” para el Estado, porque son los sin condenas.

Pareciera que esa opción se lee como un menor sufrimiento que no están dispuestos a tolerar, demostrando así que desnaturalizan la prisión preventiva que dejan de asociarla a la existencia de peligros procesales -de fuga o entorpecimiento de la investigación que son los únicos parámetros que por ley, y regla constitucional deben ponderar- y la ligan a un adelanto de pena.

El tema sanitario.

El de la salud en los establecimientos carcelarios es todo un tema. Es deficiente y los médicos de sanidad no concurrirían con la habitualidad necesaria. Sí lo hacen enfermeros, y tampoco es que van todos los días. Se entiende que hay un posicionamiento hostil hacia los privados de libertad, y se tornan vanas las quejas de los internos por la falta de atención.

Quienes tienen responsabilidades como autoridades en nuestra provincia –diputados, concejales, el ministro del área y la jefatura de Policía-- debieran tomar cartas. No debieran verse amedrentados por los mensajes en las redes, donde los que abominan del garantismo –y exponen sus razones- disparan frases referidas a los detenidos como “lo hubieran pensado antes”, o “que no crean que están en un hotel”, y otras de parecido tenor. Hay que decir que lo único que se requiere es que no deben estar sometidos a un régimen inhumano.

La Constitución Nacional reza que las cárceles de la Nación “serán sanas y limpias” para seguridad y no para castigo”. Eso no estaría sucediendo, y alguien tiene que responder por este tema.

“No es alarmante”.

El Jefe de la Policía de La Pampa, Claudio Cano, y la jueza de Ejecución Mónica Rivero visitaron el sábado la Alcaidía de Santa Rosa y se reunieron con dos internos por pabellón. “La situación no es alarmante, no es una cuestión que no se pueda resolver, sino algunas mejoras en las viandas, aunque el estado de las viandas es el mismo para todos los internos en el área capital y solo en la Alcaidía no las querían”, sostuvo. Añadió que el estado, la temperatura y los nutrientes de la comida son los previstos.

Otro reclamo que recibieron, según explicó, fue el de las salidas al patio para esparcimiento. “Se está trabajando en la ampliación de la Alcaidía y eso demanda otras cuestiones de seguridad en el enrejado de la cancha. Estimo que a mitad de esta semana ya debería estar resuelto”, estimó.

Cano negó que existan internos con tuberculosis, aunque informó que algunos están bajo seguimiento médico, con dieta y medicación. “Estuvieron en contacto con los que tuvieron tuberculosis el año pasado y algún síntoma han tenido. Si tuvieran la enfermedad declarada, hay que sacarlos y aislarlos de los pabellones”, explicó.

El jefe de Policía dijo que el edificio actual tiene capacidad para albergar 90 internos y que hoy cuenta con algo más de 80. La obra de ampliación en curso pretende elevar la capacidad a 150 presos y se espera que esté concluida para la segunda mitad de 2026. “No hay hacinamiento. Hay dos internos dentro de cada sala, donde tienen un camastro para cada uno. De hecho tenemos salas libres, sin ocupantes”, dijo.

Por último mencionó que los internos pidieron más programas de estudios, ya que capacitarse les da un puntaje que les permite reducir la pena.

La educación y la reinserción.

El profesor Milton Rulli, quien fuera director del Colegio Secundario de la U-4, supo señalar que ninguno de los presos que recibió educación reincidió en delinquir. Pudieron, gracias al estudio, reinsertarse en la sociedad.

Es verdad que la oportunidad de educación, no pocas veces, salva a las personas. La contención familiar y la educación, más si esta ligada a la posibilidad de trabajo constituyen pilares centrales sobre los que se cimienta cualquier proceso en ese sentido, y es un parámetro de relevancia en la evolución de la persona que ha sido condenada como parte integrante de su “concepto” (en los términos del art. 101 de la ley 24.660).

El llamado “estímulo educativo” previsto en el art. 140 de la Ley de Ejecución Penal, busca incentivar la incorporación de personas condenadas a espacios de educación y/o capacitación que le den mejores herramientas para volver al medio libre y reintegrarse en la sociedad.

Cursos desde Córdoba.

Los presos no tienen muchas posibilidades de acceso a capacitaciones ofrecidas por el Ministerio de Educación provincial u otro organismo, y no hay oferta desde el Poder Judicial. Pero este año se encontró una alternativa: un campus de la Universidad Nacional de Córdoba que ofrece cursos de capacitación profesional vía on line y gratuita, todos corroborables con código QR, con instancias de evaluación y con planes de estudio y con indicación de carga horaria.

Los cursos implicaban el acceso a saberes útiles y la posibilidad de conseguir una herramienta de trabajo, pero también tenía significación desde lo simbólico dando esperanza a mucha gente y generando cierta confianza en personas que nunca pudieron acceder a espacios de educación formal. Se generó un gran entusiasmo en la población carcelaria porque con eso reducían tiempo para acercarse a opciones menos rígidas de encierro (salidas transitorias, libertad condicional o asistida).

Era una expectativa porque de todos modos esas opciones no se definen por el estudio, pero sí se puede llegar antes a peticionar alguna de esas opciones cuya concesión dependerá de otros requisitos.

¿Por qué?

Pero, imprevistamente jueces de ejecución, decidieron quitarle todo valor a esos cursos que venían reconociendo hasta hace pocos días. de ese modo generaron una situación de desigualdad ante la ley de que un curso que la semana pasada implicó una reducción de 1 mes, a partir de esta semana y sin que nada se modifique pasa a no servir para nada. Una decisión arbitraria, desmotivadora porque se quita validez a la única instancia educativa que se podía conseguir, y no se la sustituye por nada.

Y resulta risueño señalar que los mismos funcionarios sugerirían como cursos posibles de hacer –y que sí avalarían- fabricar ajuares para bebé y manicuría, que aparecen en la oferta del Ministerio de Educación pero que no se ofrecen en los lugares de detención.

Despojar a los presos de los cursos que venían haciendo –al quitarle toda validez- sin que en su reemplazo surja otra opción desde el Estado es directamente conspirar contra el acceso a la educación. Un sin sentido que debiera modificarse.