Domingo 28 de abril 2024

“El atraso no es por falta de camaristas”

Redacción 31/08/2023 - 09.00.hs

El artículo publicado por este diario el domingo, en el que se denuncia el injustificado retraso que más de noventa expedientes presentan en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Santa Rosa, que data de hasta dos y tres años, no para de generar repercusiones. Ayer, el que se sumó a la polémica fue el juez Eduardo Fernández Mendía, miembro del Superior Tribunal de Justicia, quien defendió a las camaristas civiles apuntadas al afirmar que ese tribunal está “colapsado”.

 

El ministro hizo declaraciones al portal de noticias Diario Textual. Al igual que lo hizo su par del STJ Elena Victoria Fresco en una nota cursada el lunes a la Cámara, el juez negó que el máximo organismo judicial de La Pampa haya “retado” a las camaristas. “Además, el atraso es de toda la cámara. Por eso nos llama la atención (en el STJ) ese direccionamiento (de la publicación) hacia esas dos juezas (Laura Torres y Adriana Gómez Luna), cuando en todo el organismo hay atrasos. Ahora estamos tratando de ayudar desde el STJ para encontrar una solución”, dijo.

 

Sobre la demora en el trámite de las causas, el juez afirmó que hay varias explicaciones. “Esta cámara tiene siete salas. Sin embargo, uno de esos cargos está vacante. Además, algunas de las otras salas de la cámara han tenido cargos vacantes, incluso por una enfermedad prolongada de una de sus integrantes”, añadió.

 

Fernández Mendía fue más allá y aseguró que la Cámara debería tener al menos ocho jueces. “Lo primero es ampliar la cámara”, dijo consultado por la solución que debería adoptarse para solucionar el problema. “Pero eso, prácticamente, no depende del STJ”, le plantearon desde Textual. “Depende del Ejecutivo que nos den el cargo y también de que se llame a concurso. En el próximo presupuesto, vamos a solicitar un nuevo cargo (de juez o jueza)”, dijo.

 

“No hay colapso”.

 

En los pasillos del Centro Cívico, la intervención de Fernández Mendía causó malestar. “En la Cámara Civil NO hay colapso”, sostuvo una fuente en un mensaje de texto, en el que usó la mayúscula fija para contradecir los dichos del ministro del STJ. “La responsabilidad de los jueces y juezas es individual, no es por salas ni es por la Cámara en general. Por eso todos los ministros del STJ tomaron la decisión de enviar una nota a cada camarista para que de acuerdo al retraso de cada uno brinde esa planificación. Cada Camarista tiene un retraso distinto. Hay camaristas que tienen vencidas 60 sentencias, otros 30 y otros 7. Es decir que no todos tienen el mismo nivel de retraso”, afirmó la fuente.“La planificación que se solicitó por parte del STJ a cada camarista es independiente de los expedientes que están ingresando en este momento y que se necesitaría otro tipo de soluciones que el propio STJ está analizando para cuando se eleve el Presupuesto Anual”, añadió. “Desde el STJ se ha solicitado en el transcurso de estos años al Poder Ejecutivo -y este los aprobó- cargo de Secretario, de prosecretario, adicionales para empleados a los efectos de que la Cámara pueda cumplir sus funciones de manera eficiente. Por lo qué el retraso de cada camarista no es correlativo ni consecuencia de la falta o no de más camaristas, tema que el Ejecutivo evaluará cuando el Poder Judicial lo solicite”, concluyó.

 

“Dormidos”.

 

Lo que este diario reveló en su artículo del domingo es que los expedientes objeto de las demoras de hasta dos o tres años pertenecen, fundamentalmente, a trabajadores y trabajadoras despedidas que, luego de obtener una sentencia favorable en primera instancia (proceso que dura más de un año) y de haber hecho alguna apelación (por ejemplo, por haber considerado insuficiente el monto dictaminado a cobrar), advierten con angustia que sus expedientes terminan “dormidos” en la Cámara Civil. De esta manera, el trabajador no puede obtener la indemnización correspondiente y a tiempo.

 

Otra cuestión que llamó la atención es que en los despachos se acumulan expedientes sobre siniestros viales, daños y perjuicios y créditos laborales, que todavía esperan por sus sentencias.

 

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