El CD ya debate la regulación de Uber

La protesta de taxistas en la víspera le sumó una dosis de tensión a la comisión que debe avanzar con la regulación municipal para el servicio que presta Uber. Evalúan un borrador que crea un registro e impone condiciones y requisitos a los choferes de aplicaciones.

Los concejales de Santa Rosa pretenden unificar un texto legal para regular el servicio de transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, como Uber. Tomando como antecedente los proyectos ya existentes y los diversos aportes formulados durante los últimos meses por productores de seguros, choferes, propietarios de taxi y hasta resoluciones judiciales, la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones decidió convocar todos los viernes a sus miembros para avanzar en esta cuestión, hasta alcanzar un dictamen, y sin entorpecer su funcionamiento ordinario.

De todos modos, aunque esta reunión extraordinaria estaba programada desde la semana anterior, la fuerte protesta protagonizada el jueves por taxistas y remiseros y el sindicato que agrupa a sus choferes le sumó una dosis extra de presión a quienes discuten el asunto.

El concejal Francisco Bompadre, titular del bloque del Frejupa, redactó un proyecto que pretende utilizar como borrador para unificar criterios con los restantes bloques. Su texto se distancia de otra propuesta formulada previamente por su compañera de bancada Lorena Guaiquián y es muy similar a la presentada por Marcelo Guerrero, del PRO. Otra iniciativa previa le corresponde al radical Mario Camargo, quien ayer advirtió irónicamente que cuando Catarata exigía la prohibición de Uber y el bloqueo de su plataforma, “nuestro planteo era el más resistido” por los taxistas, pero ahora “parece el más favorable para ellos”.

Desde que Uber comenzó a funcionar en Santa Rosa, el año pasado, además de distintos proyectos de ordenanza ingresados al cuerpo deliberativo, hubo múltiples reclamos de propietarios y choferes de taxis, multas, secuestros de vehículos y hasta resoluciones judiciales que los concejales deberán tender en cuenta (ver recuadro aparte).

El borrador que comenzaron a evaluar los ediles propone declarar de interés público la actividad, señalando sus alcances y modalidad e identificando al prestador como Empresa de Transporte Privado de Pasajeros por Aplicaciones (Etppa). Además identifica al prestador como “permisionario” y crea un “Registro de Permisionarios del Transporte Privado de Pasajeros realizado únicamente a través de plataformas electrónicas y/o digitales”.

Requisitos y condiciones.

El borrador define el “Servicio de Transporte Privado de Pasajeros realizado únicamente a través de plataformas electrónicas y/o digitales” como aquel que “con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles, y utilizando el sistema de geoposicionamiento global y plataformas independientes, permite conectar a usuarios que lo demanden, punto a punto, con conductores que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma aplicación”.

Luego de identificar y diferenciar las características que distinguen a las Etppa, los permisionarios y los usuarios, el borrador establece ocho condiciones mínimas que deberían cumplir los prestadores para inscribirse en el Registro de Permisionarios: “ser propietarios del vehículo con el cual brindarán el servicio”; “tener licencia nacional de conducir”; “acreditar su inscripción en una plataforma electrónica o digital”; “certificar que no poseen antecedentes penales”; “no encontrarse inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios (el incumplimiento sobreviniente será causal de sanción)”; “presentar libre deuda o constancia de regularización de infracciones”; “contratar una póliza de seguros que cubra daños contra terceros, conductor y pasajeros” y “constituir domicilio legal en Santa Rosa (pudiendo ser electrónico)”.

Reuniones semanales.

Al finalizar la reunión, los concejales acordaron volver a reunirse el viernes que viene y convocar la presencia de licenciatarios de taxi y choferes para escuchar sus demandas y, eventualmente, propuestas alternativas. Entre las opciones a evaluar está la posibilidad de proponer una modificación a la Ordenanza de Taxis (Nº 5868, del año 2018) equilibrando las exigencias para estos (y futuros) servicios de transporte privados de pasajeros.

Uno de los cuestionamientos formulados por los taxistas es que sobre los choferes de aplicaciones no pesa la misma carga regulatoria que debe cumplir el servicio tradicional. El borrador que estudian los ediles incluye ocho requisitos que deberían cumplir las personas físicas que presten el servicio por aplicaciones, pero no incluye regulaciones para las empresas, probablemente porque los ediles descuentan que no encontrarían eco a eventuales condiciones que decidan exigirle a Uber, como antigüedad y características de vehículos, obligaciones tributarias, regulación de tarifa, entre otras.

Protestas y antecedentes judiciales.

Uber comenzó a operar en Santa Rosa el 6 de agosto de 2024, cuando la compañía anunció que ofrecía “una nueva forma de movilidad cómoda y confiable a través de la tecnología y generar oportunidades de ganancias para conductores independientes”.

Simultáneamente, se registraron las primeras protestas y reclamos de propietarios y choferes de taxis, en tanto que el municipio consideró “ilegal” esa actividad, por mantenerse al margen de las regulaciones dispuestas por ordenanzas. En consecuencia se activaron medidas de control, con imposición de multas y secuestro de vehículos afectados a Uber.

En octubre de 2024, la Cámara de Propietarios de Taxis (Catarata) presentó una denuncia colectiva al Juez de Faltas, solicitando multas contra la plataforma, acción que fue acompañada por una manifestación pública de taxistas y remiseros.

La Catarata presentó además una demanda por “competencia desleal” en el Fuero Civil, solicitando que “se declare ilegal” la actividad que desarrolla Uber. El juez Rubén Capdevielle rechazó esa pretensión porque no existen “normas regulatorias habilitantes y, por consiguiente, Uber no puede competir abiertamente en el mercado al no contar con autorización municipal, quedando expuesto al acta contravencional y a la retención vehicular”.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones, integrada por Guillermo Salas y Carina Ganuza, ratificó ese fallo, argumentando que la eventual habilitación o prohibición del servicio “es competencia de las autoridades municipales”. Los demandantes acudieron entonces al STJ, quien todavía no se expidió.

Paradójicamente, el resultado judicial favorable que no había podido lograr Catarata, lo aportó Adrián Stisin, conductor de Uber, quien acudió al STJ con un recurso de casación para impedir que le aplicaran una multa de 1.104.000 pesos, dispuesta por el Juzgado de Faltas. El máximo tribunal rechazó su recurso y confirmó la multa, ratificando la postura municipal.