Nación se mete en el conflicto por la Ley de Plaguicidas

El gobierno nacional se quiere meter de lleno en el conflicto que los ruralistas pampeanos generaron, luego de pegar un portazo en la reunión convocada por el Ministerio de la Producción, ante la inminente reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que se aprobó en la Legislatura en 2020.

Según dicen los ruralistas, dejaría más de 200.000 hectáreas sin producir debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos. Con el fin de buscar una solución al tema se habría involucrado la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Beatriz “Pilu” Giraudo, que formará parte de una reunión para intentar mediar entre el gobierno provincial y los productores.

La ley que tuvo un amplio debate, con participación de todos los sectores en su tratamiento en comisiones, fue aprobada en 2020. Ahora que el Ejecutivo provincial intenta reglamentarla, los productores pretenden que haya un cambio en la reglamentación de la ley o su derogación.

Seguir dialogando.

Desde el Ministerio de Producción, dijeron a medios nacionales que estarían dispuestos a continuar con un diálogo con los productores “para armonizar los intereses”. En el medio, la oposición presentó documentos en la Legislatura sobre el incumplimiento del Poder Ejecutivo de no haber reglamentado la ley en los 120 días siguientes en 2020, que eran los plazos estipulados.

En el gobierno nacional tienen en claro que no pueden involucrarse en una ley provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que no están de acuerdo con el avance de la reglamentación de la ley, ya que deja afuera miles de hectáreas productivas. En ese contexto se inscribe la irrupción de Giraudo.

El INTA está trabajando en el proyecto desde el minuto cero. El equipo de análisis del INTA lo lidera Jorgelina Montoya y se están haciendo sugerencias con todo el grupo de las entidades agropecuarias. Giraudo tiene previsto viajar este miércoles a La Pampa, donde va a firmar un convenio el jueves, y va a tratar de conversar y exponer la preocupación que tienen sobre esta situación con la ministra Fernanda González. “La idea es pensar en una estrategia que vaya de la mano con lo que hicieron las entidades en el último tiempo”, señalaron.

Dialogo fluido.

Por eso, en el gobierno esperan que, a través de la vicepresidenta del INTA, se pueda establecer un diálogo fluido. La idea es que esta ley no restrinja la producción. A nivel nacional hay regulaciones encabezadas por el Senasa, donde cada producto aprobado lleva su etiqueta con las indicaciones sobre su uso y aplicación: máquinas permitidas, herramientas, tecnología y el uso adecuado. Por eso, creen que la ley debe facilitar todos estos aspectos. En su forma actual, tal como se plantea reglamentarla, es inaplicable.

Las organizaciones ligadas al campo en La Pampa aseguran que si se avanza con la reglamentación se dejará de facturar $276.301.535.500. Las estimaciones apuntan a que habría 209.000 hectáreas que quedarían fuera de producción, si se toman en cuenta los 3000 metros (para aplicaciones aéreas) donde se tendrían que pedir autorización y del ejido urbano. Para aplicaciones terrestres la restricción es de 500 metros.

La semana pasada, el Consejo Consultor se reunió con la ministra de Producción, en un primer contacto que hicieron entre las autoridades provinciales y el sector agrícola. Allí, los productores manifestaron que no están de acuerdo con la ley ni su reglamentación, y se levantaron de la reunión pegando un portazo.