El TdC advirtió sobre un vínculo incompatible entre funcionaria y fundación

El Tribunal de Cuentas de La Pampa giró un expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que evalúe si existe incompatibilidad entre una funcionaria de la a Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia y su vínculo con la Fundación Wetraché. Esto fue detectado al momento de analizar un subsidio de $ 8 millones que recibió la entidad por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

La situación se originó en un fallo sobre un expediente de 2023, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, caratulado "Ministerio de Desarrollo Social. Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/ subsidio no reintegrable según convenio para la contención y reinserción social de niños, niñas y adolescentes".

Allí, el organismo que conduce María Alejandra Mac Allister analizó la rendición de cuentas del subsidio que otorgó el Ministerio a la Fundación Wetraché. En los considerandos, se precisó que "de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala I de este Tribunal de Cuentas formuló las observaciones correspondientes y dio traslado a los responsables a fin de garantizar el debido proceso otorgando a los mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados". Los responsables renditivos y las autoridades ministeriales presentaron el correspondiente descargo.

A su vez, mediante un pedido de antecedentes se observaron "gastos de combustible requiriendo se adjunte a la rendición, título del automotor a los fines de constatar la titularidad de la institución". Ante esto, los responsables manifestaron que "por error involuntario, se adjuntó un Título de Automotor que no corresponde con la titularidad de la Fundación" y luego incorporaron el Título de Automotor a nombre de la Fundación, incluyendo la nómina de tres personas autorizadas para su uso.

En esa documentación surgió que "una de las personas autorizadas es quien ocupa el cargo de sub-directora General de Restitución de Derechos de Niños, y Niñas sin cuidados parentales de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, María Marta Viglino", por lo que se requirió la intervención de la Asesoría Letrada.

Los vínculos.

En su dictamen, la Asesoría sugirió que se haga un nuevo pedido de antecedentes para que "los responsables se expidan respecto de la documentación y sobre la relación actual de dicha Institución con la funcionaria mencionada". Al respecto, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Juan Pablo Bonino explicó que Viglino “cumple sus funciones ejerciendo el cargo de sub-directora General de Restitución de Derechos de Niños, y Niñas sin cuidados parentales de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia”, que depende de su área, y aclara que "dicha funcionaria ha sido fundadora de la referida institución y en la actualidad no ocupa cargos en el Consejo de Administración, y se vincula como colaboradora. Se concluye que dicha tarea no obstaculiza el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo", se precisó en la sentencia.

A su vez, añadió que "el ejercicio de un cargo en la función pública es temporal, y el cumplimiento del mismo no resulta incompatible con las acciones de colaboración con la institución para desarrollar su objeto estatutario como tampoco para el cumplimiento del convenio de colaboración vigente". Por su parte, la institución respondió el pedido y reiteró "el carácter de fundadora de Viglino, agregando además que resulta ser cónyuge del presidente de la institución, y que nunca ha dejado de colaborar en las diferentes actividades, lo que explica el hecho de que haya quedado autorizada en los títulos de propiedad de los vehículos que la fundación tuvo y tiene a su nombre, ya que los mismos fueron obtenidos desde el año 2013 en adelante".

El ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, también respondió y ratificó la respuesta. Agregó que actualmente el vehículo no pertenece más a la institución “lo cual revela que la circunstancia que ha sido observada ha dejado de existir” y remarcó que Viglino no integra el Consejo de Administración de la Fundación.

Presunta incompatibilidad.

La relatoría de la Sala I y la Coordinación de Subsidios emitieron una nota "solicitando la reanudación del cómputo de plazos a fin de continuar con el estudio de las actuaciones". Luego, hubo una nueva intervención de la Asesoría Letrada, cuyo criterio compartió el Tribunal de Cuentas.

"En efecto, el motivo principal de la observación cursada a través de los pedidos de antecedente, no se centró en objetar la colaboración que puede prestar cualquier funcionario/a con una institución de bien público, circunstancia que en principio no reviste impedimento alguno. En este caso en particular, la institución tiene un vínculo específico (Convenio) con el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, enmarcado en la Ley N° 2703 donde la cartera ministerial resulta ser autoridad de aplicación, y la Subdirectora (funcionaria mencionada en la cédula azul del vehículo de la fundación) presta tareas de contralor respecto del funcionamiento de las instituciones vinculadas a aquel en dicho marco. Es decir, las funciones de la Subdirectora tienen ingerencia directa en la institución de la que, no sólo es una simple colaboradora, sino que además resulta ser cónyuge de su presidente", añadió el organismo.

En virtud de lo planteado, desde el Tribunal entendieron que "podrían existir incompatibilidades entre las funciones que desempeña la Subdirectora, y el rol que tanto ella y sus familiares desempeñan en la institución, circunstancia que no se ve modificada por el hecho de que, el vehículo cuya cédula azul motivara la observación, ya no se encuentre más dentro del patrimonio de la institución". Por estos motivos, resolvió dar por presentada la rendición del subsidio, que asciende a 8 millones de pesos, y dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que actúe ante la posible incompatibilidad detectada.