La CSJN, cómplice del daño por obras sobre cuencas

La provincia de La Pampa ha mantenido históricamente una posición comprometida a la gestión conjunta de los recursos hídricos interprovinciales. En su defensa, ha apelado a todas las instancias administrativas correspondientes ante la proyección de obras que afecten los cauces. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a sus veleidades ambientalistas, ha sido funcional a la destrucción de los ecosistemas hídricos permitiendo, con una deliberada inacción, que los trabajos avancen provocando un importante daño ambiental en toda la cuenca y especialmente en nuestra provincia.

 

El reciente encuentro de Sergio Massa con el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, volvió a poner en debate las dificultades que tiene La Pampa para que los poderes de Estado de la Nación colaboren en la defensa de los recursos hídricos interprovinciales y el medio ambiente, haciendo cumplir fallos y resoluciones, y evitando que las provincias cuyanas continúen utilizando discrecional e inconsultamente los cursos de agua interjurisidiccionales. En ese cónclave, Massa garantizó la continuidad de la construcción de la represa El Tambolar, una obra que afectará toda la cuenca y, por esa razón, cuestionada por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia.

 

No es la primera vez que el gobierno nacional muestra su apoyo para este proyecto, ubicado sobre el río San Juan y que afecta la cuenca del Desaguadero-Salado-Chaduileuvú-Curacó. Hace un año, en julio de 2022, el secretario de Energía, Darío Martínez, suscribió con San Juan “una adenda al convenio del aprovechamiento hidroenergético El Tambolar, para ampliar las obras y desarrollar el Camino de Perilago, que permitirá mejorar la conexión integral del sistema de embalses provincial, la ciudad de San Juan y el departamento Calingasta, potenciando el desarrollo de la región”.

 

Tampoco es la primera vez que Nación adopta decisiones contrarias a los intereses de La Pampa. A fines de abril de este año, se firmó un convenio con Mendoza que incluyó a la represa El Baqueano en el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, y un contrato a 15 años con Cammesa que dispone el pago mensual a Mendoza de 59 mil dólares por megavatio y de 3,5 dólares por megavatio/hora.

 

Tras ese episodio, el gobernador Sergio Ziliotto, mediante nota ante el Ministerio de Economía de la Nación, expresó su rechazo y pidió la suspensión del acuerdo por el cual se avala llevar adelante la presa hidroeléctrica El Baqueano sobre el río Diamante, perteneciente a la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó.

 

¿Inacción o complicidad?

 

Pese a estos cruces con Nación, en La Pampa entienden que el verdadero problema se encuentra en la Justicia. Esto se debe a que buena parte de los reclamos formulados por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia siguen esperando resolución, y los pocos que alcanzaron algún dictamen todavía aguardan su efectivo cumplimiento, empezando por el trascendental fallo del 17 de julio de 2020 que ordenó a Mendoza liberar un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el límite interprovincial.

 

En Casa de Gobierno señalaron que en el convenio firmado con Cammesa Mendoza "asume todas las responsabilidades de cumplir con la normativa". Esto incluye las leyes de Obras Públicas, de Ambiente y de Gestión de Aguas.

 

Sin embargo, remarcaron que el problema es que dicha provincia "no cumple y la Corte tampoco". Esto también lo vincularon con El Tambolar, que se construye en San Juan, obra por la cual en 2018 el por entonces gobernador Carlos Verna hizo la primera presentación. Luego, en 2020 y en 2021, Ziliotto volvió a recurrir a la vía administrativa para evitar que avance. El máximo órgano judicial falló a favor de La Pampa solicitó al gobierno sanjuanino informes y documentación sobre la obra, pero hasta el momento no ha avanzado en la defensa del sistema fluvioecológico afectado por la obra.

 

"La inacción pasa por la Corte Suprema, que no hace cumplir a Mendoza. El Tambolar hace tres años y medio que está en construcción, y a la Corte la hemos llenado de recursos en virtud de cada hecho nuevo y no hace nada", señalaron. Las respuestas sí llegan por parte del Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Obras Públicas decidió avanzar en la conformación de un comité de cuenca para el Desaguadero-Salado-Chaduileuvú-Curacó, que también era un reclamo de La Pampa.

 

En La Pampa son conscientes de la "incomodidad" que genera este escenario, particularmente en un año electoral. De todas maneras, dejan en claro que no van a ceder en esta histórica lucha. "No vamos a aflojar y vamos a presentar todo lo que corresponda". Pero, admiten, "mientras no haya posicionamiento serio y firme de la Corte, no creemos que cambie algo".

 

Pacto Federal.

 

En este contexto de contradicciones a nivel nacional, donde el Gobierno por un lado reconoce los derechos pampeanos sobre sus recursos hídricos, y por otro se muestra permeable ante los deseos de provincias arribeñas, cuyo peso electoral resulta mucho más importante que el de la nuestra, las autoridades pampeanas vuelven a apostar por el consenso. Por ello, consideran necesario avanzar en la concreción de un Pacto Federal del Agua. "Hay que avanzar en eso", sintetizaron.

 

Esta iniciativa es una de las diez propuestas incluidas en la Plataforma para el Desarrollo Argentino acordadas durante el Seminario de Infraestructura Regional desarrollado en abril de este año con la presencia de Gabriel Katopodis. “Es imperativo unirnos en un pacto federal del agua para proteger este recursos esencial y estratégico para la producción y la equidad en argentina”, afirmó el ministro al término del encuentro.

 

Es la misma promesa que deslizó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro durante su última visita a nuestra provincia, hace apenas un mes. Cuando todavía mantenía aspiraciones presidenciales, “Wado” recorrió junto a Sergio Ziliotto el cauce del Atuel y se comprometió a impulsar un Pacto Federal del Agua para garantizar los derechos hídricos de la provincia. “Tuve la suerte de pisar el cauce seco del río Atuel y quiero decirles, queridas y queridos pampeanos, que voy a seguir trabajando por la justicia, para que llegue el agua y con ella la producción. Si en 70 años no se pudo resolver, tendremos que hacerlo de otra manera: vamos a aprobar con el gobernador un Pacto Federal del Agua”, aseguró.

 

Piden que los jueces recorran el cauce.

 

A tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establecía un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial de La Pampa y Mendoza, el gobernador Sergio Ziliotto encomendó a la Fiscalía de Estado a realizar una nueva presentación ante el máximo tribunal para reiterar el inmediato cumplimiento de la sentencia dictada el 16 de julio de 2020.

 

Con el objetivo de que corroboren la gravedad del daño ambiental y la urgente necesidad de agua requirió, además, que en la misma presentación se invite a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cauce pampeano del río Atuel para que puedan conocer y corroborar en persona la gravedad del daño.

 

A través de la Agencia Provincial de Noticias, explicaron que esta prueba se denomina reconocimiento judicial. “Mientras el tiempo pasa, la ausencia de agua en nuestro territorio sigue desertificando y degradando el suelo, los habitantes del noreste pampeano siguen sufriendo en forma directa los efectos negativos que la falta de agua produce en su calidad de vida y producción de las tierras que habitan. Así el daño ambiental producido por la provincia de Mendoza al cortar el escurrimiento de agua del río Atuel cada día que pasa se vuelve más difícil de detener y por ende de remediar”, finalizaron.