La muerte en San Clemente actualiza el Caso Canale

Nueve efectivos de la policía bonaerense, cuatro mujeres y cinco varones, fueron detenidos e imputados por "homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas, por ser ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad abusando de sus funciones o cargos". La justicia sospecha que durante la madrugada del jueves 18 de noviembre torturaron y dieron muerte a Alejandro Nicolás Martínez (35), en el interior de la comisaría de San Clemente del Tuyú.

 

Por sus similitudes, el incidente refrescó el recuerdo del caso Canale, ocurrido en nuestra provincia hace 19 años, aunque desnuda actuaciones muy diferentes de la justicia de La Pampa y su par bonaerense. Mientras la fiscalía del Partido de la Costa intervino rápidamente y dispuso la detención de los policías involucrados, en La Pampa los magistrados judiciales y funcionarios del gobierno protegieron durante más de una década a los policías que asesinaron a Juan Carlos Canale en la comisaría de General Acha y cargaron esa responsabilidad sobre cuatro perejiles, que ese día estaban estaban presos allí.

 

Aunque ya pasaron casi 20 años e intervino hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sancionando la pésima actuación de la justicia argentina (y pampeana), el crimen sigue impune.

 

Tortura y muerrte.

 

Según el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFI N° 11 de la Costa, el gravísimo hecho de San Clemente comenzó entre la medianoche y la 1:50 del jueves pasado, cuando nueve policías "planificaron dar muerte, asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado".

 

El fiscal identificó esos roles: tres policías varones "ejecutaron una extrema violencia física" sobre Martínez y durante "diez minutos" lo torturaron propinándole "golpes de puño y aplastaron varias partes de su cuerpo mediante diversas maniobras", hasta provocarle la muerte.

 

Según la autopsia, Martínez sufrió lesiones "en miembros inferiores, superiores, tórax, región lumbar y dorso nasal" y "fracturas" en la zona costal derecha. Esas heridas fueron producidas en un calabozo de la Comisaría 3° de San Clemente y según los testimonios "Martínez entró exaltado y los tres policías lo redujeron de cara al piso. Fue golpeado y tenía signos de asfixia por sofocación".

 

Los restantes seis policías (entre ellos cuatro mujeres) serían "partícipes necesarios" que grantizaron "la cobertura necesaria para que (los homicidas) no corrieran ningún tipo de riesgo y asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo, proporcionaron el ambiente necesario y circunstancias" para asesinar al detenido y lograr la impunidad.

 

Los tres presuntos asesinos son Christian Rohr, Maximiliano Munche y José Carlos Pereyra, quienes además fueron acusados por un delito subsidiario: "tortura y abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Los otros seis son Paola Mansilla, Carla Cantranella, Evelyn Garófalo, Miguel Boulos, Sandro Mujica y Laura Chiarullo, quienes además de partícipes necesarios, fueron imputados por "omisión de evitar tortura, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte".

 

Parecido, pero diferente.

 

El caso tiene detalles singulares. La víctima había estado detenida en la misma seccional desde el 14 al 17 de noviembre, es decir que permaneció en libertad menos de un día antes de ser apresado nuevamente. Ese lapso de tiempo lo pasó en el Gran Hotel Fontainebleau, cuyo personal convocó a la policía porque Martínez había hecho crisis en el séptimo piso.

 

"Subimos con mi compañera y se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Abrimos la puerta porque él pedía ayuda y decía que lo querían matar. No intentó hacernos nada, se quedó contra la pared", le contó Malena, recepcionista del hotel, a Infobae. Ella misma bajó hasta el hall y apretó el botón antipánico. Un rato después llegaron dos patrulleros y se lo llevaron.

 

"Éstaba asustado, pensaba que había alguien en la habitación que quería hacerle algo", agregó. "Hasta que no llegó la policía no quisimos acercarnos aunque no mostró signos de violencia. Y bajó esposado, caminando lo más bien: desde que lo bajaron del ascensor y lo suben al móvil estuvo tranquilo". Esa versión fue confirmada por las cámaras de seguridad.

 

Si bien los policías involucrados aseguraron en su informe que había muerto por causas naturales, la autopsia confirmó que Martínez falleció de "asfixia por sofocación", tras ser salvajemente golpeado.

 

El fiscal comprendió que los policías mentían y que resultaba un evidente caso de apremios.

 

En cambio, en el caso Canale el fiscal Pablo Balaguer, el juez Alvaro Reyes, el médico Gustavo Marcelo Pérez Carranza y el forense Jorge Di Liscia se complotaron para simular que era real la versión de los asesinos, y facilitaron el procesamiento y condena de cuatro inocentes: Gustavo Alarcón, Miguel Rodríguez, Pedro Roveda, Alejandro Tressen y Andrés Chehade.

 

Años después, el STJ anuló ese fallo y derivó la causa a la Cámara del Crimen Nº 1, que excarceló a los imputados y determinó la nulidad total del auto de elevación a juicio, por no haberse investigado todas las hipótesis. En el nuevo debate los imputados fueron absueltos, aunque sigue en trámite el juicio civil por resarcimiento de los daños causados por la policía, jueces, fiscales, magistrados y funcionarios que sistemáticamente violaron normas internacionales y la Constitución Nacional. En aquel momento era gobernador Rubén Marín y su ministro de Gobierno, César Horacio Ballari, defendía a capa y espada aquella falsa versión policial.