La Pampa, con bajo índice de certificados en discapacidad

Mientras el presidente Javier Milei se prepara para vetar la ley de emergencia en discapacidad, continúan las auditorías para revisar y dar de baja las pensiones por discapacidad laboral que el gobierno considera “mal entregadas”. La polémica gira en torno a las sospechas de irregularidades con los Certificados Únicos de Discapacidad, es decir que no cuenten con documentación médica válida, estudios complementarios requeridos o que no hayan sido renovados en los plazos previstos. La Pampa presenta unos de los índices más bajos de personas con certificados.

 

En su último informe de gestión ante el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos indicó que hasta marzo de este año, 1.900.061 personas tenían Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente en el país. Los datos pertenecen a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ese número representa el 4,1 % de la población total y es un poco menos de la mitad que el registrado en el último Censo 2022 (10,2 %).

 

Estadísticas.

 

“El Censo es una aproximación, no una ciencia exacta. Para tener una estadística cierta de la población de discapacidad en Argentina, lo ideal es cruzar el censo con los registros del CUD”, explica en el portal de Chequeado Luis Bulit Goñi, expresidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y ex vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. “Históricamente la Argentina tiene un subregistro: hay más personas con discapacidad que personas con discapacidad registradas”, dice Bulit Goñi.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16 % de la población mundial tiene discapacidad. Esto equivale a más de 1.300 millones de personas. Según los datos de Andis, la mayor cantidad de certificados emitidos corresponde a niños de entre 0 y 14 años (28,8 %). La deficiencia física motora (24,5 %) y la mental (23,6 %) son las principales causas. El origen de la discapacidad del 30,9 % de las personas con CUD es adquirido; el 13,5 % es congénito y el 55,7 %, desconocido.

 

Provincias.

 

El sitio web compartió los datos por provincias, extraídos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la Andis. Los mismos muestran que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) concentran la mitad de los certificados emitidos. Esto se relaciona con el peso específico que tienen ambas jurisdicciones en la población del país.

 

El 40,5 % de los CUD vigentes a marzo de 2025 corresponden a la provincia de Buenos Aires; el 9,7 %, a CABA; 7,4 %, a Santa Fe; y el 6,7 %, a Córdoba. La Pampa representa el 0,6 % (un total de 11.119 certificados), una de las provincias con el índice más bajo en la entrega de certificados, junto a Tierra del Fuego que presenta el 0,4 %.

 

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se denegaron 20.193 certificados, según los datos oficiales. La provincia de Buenos Aires ostenta el porcentaje más alto de CUD denegados (41,8 %). Le siguen, muy lejos, Mendoza (7,3 %) y CABA (5,7 %). En La Pampa se denegaron 97 certificados, es decir el 0,5 %.

 

La emisión de certificados fue creciendo año tras año desde el inicio del Registro. Se registró una leve baja en 2018 y una caída abrupta durante la pandemia. Por ejemplo, en 2009 se emitieron 8.756; en 2015, 206.114; en 2019, 274.469; en 2020 (pandemia), 119.570 y trepó a 307.940 en 2022. En el acumulado de CUD emitidos por año se observa que pasó de 138.932 en 2011 a 1.900.061 en mayo de 2025.

 

Pensiones.

 

El otorgamiento de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral viene creciendo de manera ininterrumpida desde 2018. Según datos oficiales, ese año el 18,4 % de las personas con CUD percibía pensión no contributiva. En 2019 y 2020, la cifra trepó al 33,7 %. Al año siguiente subió a 35,8 %, y en 2022 llegó a 41,4 %. Entre enero de 2024 y abril de 2025 se otorgaron en total 6.853 pensiones.

 

Las pensiones no contributivas se otorgan a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social. No es requisito para solicitarlas tener el CUD, pero sí presentar el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.

 

En febrero de 2025, el Ministerio de Salud junto a Andis y PAMI iniciaron el proceso de auditoría, lo que generó reclamos de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad porque la auditoría presenta “graves problemas” que impiden el ejercicio del derecho de defensa por parte de los beneficiarios. Hasta el momento, el Gobierno nacional suspendió 65.789 pensiones que “no cumplieron con los requisitos establecidos”, según el comunicado de Andis.