Mendoza: denuncian a funcionaria

Cuatro legisladores y ex legisladores provinciales de Mendoza acudieron ante la Oficina de Etica Pública para denunciar a Jimena Latorre, por ejercer al mismo tiempo como ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF. En un texto presentado el viernes, los denunciantes piden a la justicia que declare “la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo” de ambos cargos y advierten que resulta “un caso gravísimo, sin antecedentes equiparables en la historia política reciente, al punto que es muy difícil encontrar precedentes nacionales o internacionales de un Ministerio de Ambiente puesto bajo la órbita del Directorio de la principal empresa petrolera que opera en la región”.

Además, solicitan que sea investigada por haber incumplido la excusación dispuesta en el Decreto 282/24 y se determine si corresponde denunciarla ante la Justicia Federal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, según el artículo 265 del Código Penal.

La denuncia, presentada por el senador mandato vencido y ex candidato a gobernador del FIT, Lautaro Jiménez, junto al diputado provincial Jorge Difonso, y los ex senadores provinciales Víctor da Vila y Marcelo Romano, es el primer escalón de una demanda judicial que pretenden llevar “hasta las últimas instancias nacionales e internacionales”.

“Nueva doctrina”.

“Cornejo y Latorre buscan crear una nueva doctrina en la que las áreas petroleras se concesionan junto a los ministerios encargados de la gestión energética y de protección ambiental. A cambio YPF le paga un sueldo de 70 millones de pesos a la cornejista encargada de representar los intereses de la petrolera desde la Casa de Gobierno”, explicó Jiménez. Según el ex senador del FIT, ese monto representa “un emolumento multimillonario que supera la suma del sueldo del gobernador y todos los jueces de la suprema corte, y duplica el presupuesto mensual del Canal Acequia” que la actual gestión provincial pretende cerrar por razones presupuestarias.

Por eso, consideró “de vital importancia que la Oficina de Etica Pública y el poder judicial anulen esta página negra de la política provincial” y convocó “al pueblo de Mendoza y los trabajadores petroleros de YPF para construir un plan de lucha que frene la privatización de los activos estratégicos de la empresa y nuestros bienes comunes”.

Según el dirigente, “el impacto negativo que tendrá en Mendoza el Plan Andes de YPF es difícil de calcular y dependerá de los controles públicos en las tareas de cierre de pozos y remediación ambiental”.

“Los dos lados”.

En diálogo con La Izquierda Diario, agregó que “el ejercicio parcial de funciones, a favor de la empresa y en perjuicio de la provincia, resulta tan grosero que, si bien la ministra se había comprometido a no intervenir en temas vinculados con YPF, dos días después recibió al presidente de la compañía petrolera en la Casa de Gobierno y garantizó su apoyo al plan de desprendimiento de áreas maduras y paralización de operaciones en pozos, suspendiendo a miles de obreros”.

Frente a la misma situación, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusó a YPF de abandonar la provincia y anunció que exigiría como compensación el pago de 100 años de pasivo ambiental. “En cambo, en Mendoza, fueron los trabajadores petroleros quienes respondieron al anuncio con un paro de actividades en los pozos, sin apoyo ni acompañamiento” del Estado provincial. Jiménez concluyó que la funcionaria sanrafaelina ocupa “ambos lados del mostrador, pero defiende un único interés: el de la sociedad anónima que le paga su multimillonaria mensualidad”.

Reparto millonario.

Un artículo del diario Perfil, “Denuncian que el directorio de YPF quiere aumentarse el sueldo a 70 millones”, causó revuelo y desató fuertes críticas. La nota explica que “el diputado nacional Itaí Hagman (Patria Grande) denunció que las remuneraciones se multiplicarían por cinco”, según los datos incluidos en las “Propuestas del Directorio para los Accionistas de YPF” que deberán tratarse durante la Asamblea General del viernes 26 de abril, cuando designarán un nuevo gobierno y otras medidas.

En este contexto, el directorio de YPF pretende repartirse 10 mil millones de pesos durante el ejercicio 2024, un incremento del 500% en relación a 2023 que será distribuido “en remuneraciones, honorarios y retribuciones” de directores y fiscalizadores, entre quienes se encuentran la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y el CEO de Techint, Horacio Marín. Mientras ellos percibirán unos 70 mil dólares promedio, una trabajadora tercerizada apenas registra un básico de 250 mil pesos y un operario efectivo, 750 mil.

Según el Orden del Día previsto para el viernes, el Directorio “propone a la Asamblea de Accionistas aprobar la suma de 2.087.597.061 de pesos en concepto de remuneraciones, honorarios y retribuciones del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2023”. Es decir, 2.000 millones de pesos por el año pasado. A eso le sumarán otros 65.161.356 pesos “en concepto de remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado” el último 31 de diciembre.

Finalmente, evaluarán “el pago de honorarios a cuenta de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024 por hasta la suma de 10.189.823.464”, multiplicando por cinco sus “honorarios”.