Muerte en las cloacas: finalmente acordaron ir a un juicio abreviado

El encargado del plan de seguridad e higiene de la empresa Vial A aceptó su responsabilidad por la muerte de dos hombres. Fiscalía, defensores y querellantes acordaron la pena.

Yamil Leonel Arenas Goñi, responsable de seguridad de higiene designado por la empresa Vial A para la obra de cloacas en el bario Zona Norte de Santa Rosa, aceptó su responsabilidad por la muerte de dos operarios y acordó una sentencia por juicio abreviado. Si el juez convalida este acuerdo, el imputado será declarado culpable de “homicidio culposo agravado”, y condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por seis años. Además, deberá cumplir 48 horas de tareas comunitarias. La audiencia para que el juez convalide, o no, el acuerdo, fue programada para el lunes 29 de septiembre.

Durante una audiencia celebrada ayer en la Sala 7 del Fuero Penal, el fiscal Andrés Torino presentó el acuerdo por juicio abreviado ante el juez Gastón Boulenaz, quien solicitó la ratificación de conformidad a familiares de las víctimas y sus abogados querellantes, María Victoria Rambur, Martín Leyton y Nicolás Romano. El acuerdo también fue convalidado por el defensor de Arenas Goñi, Mariano Alomar.

El trágico episodio que se cobró las vidas de Claudio Olgado (24 años) y Ezequiel Uriarte (27) ocurrió el 22 de octubre del año pasado en la esquina de Jujuy y Río de La Plata. Ambos fallecieron por “inhalación de gases tóxicos” y falta de oxígeno en un espacio confinado. Al iniciar la causa, el fiscal Andrés Torino había imputado también al capataz de la empresa, Pablo Andrade, quien dio la orden para que bajaran a las cloacas, pero el avance de la investigación permitió desvincular su responsabilidad del fatal desenlace.

Muertes evitables.

Hace poco menos de un año, este caso estremeció a la comunidad pampeana. Aquel mediodía del martes 22 de octubre de 2024, Olgado y Uriarte realizaban tareas en la obra de cloacas de Zona Norte, a tres cuadras del hospital René Favaloro. Hacía apenas dos meses que habían ingresado a trabajar en Vial A. El capataz Pablo Andrade les ordenó quitar un tapón en la esquina de Jujuy y Río de La Plata y fueron hasta allí. Claudio sacó la tapa de registro y se metió al pozo, mientras Ezequiel permanecía en la superficie para aportarle herramientas que eventualmente necesitara.

Cuando Claudio sacó el tapón un chorro de agua le pegó en el pecho y los gases le provocaron un desmayo inmediato. Una pericia posterior determinó que había aspirado “sulfuro de hidrógeno”, compuesto extremadamente tóxico que puede causar pérdida inmediata de conocimiento y muerte por asfixia.

Desesperado, Ezequiel ingresó a la cloaca para ayudarlo, pero también fue afectado por las fuertes emanaciones. “No contaban con arnés, ni máscaras de seguridad, ni guantes”, denunciaron los querellantes.

Un adolescente que salía de la escuela y se detuvo para comprar un helado, observó la tapa fuera de lugar y se acercó. Al asomarse descubrió en el pozo a ambos jóvenes desvanecidos, pero no pudo ayudarlos porque los gases tóxicos “le cerraron la garganta” y tuvo que apartarse.

Unos minutos después llegaron los bomberos, comandados por Enzo Ojeda. Uno de ellos ingresó en un arnés al pozo, resguardado por una máscara de seguridad. Sin embargo, pocos segundos después pidió que lo subieran porque se le había corrido la máscara. Estaba intoxicado y debió ser hospitalizado. Cuando finalmente lograron rescatar a los operarios, Claudio estaba sin vida y Ezequiel apenas respiraba. Fue internado en terapia intensiva y falleció al día siguiente, por complicaciones respiratorias.

Causa judicial.

Las muertes provocaron indignación en la comunidad y se inició una causa penal por homicidio culposo para investigar responsabilidades. Los familiares de las víctimas organizaron varias marchas y movilizaciones para reclamar justicia.

El fiscal Torino identificó como probables responsables a Arenas Goñi, técnico en seguridad e higiene y encargado del plan de contingencias según el contrato de concesión, y Andrade, capataz de obra. “La investigación permitió comprobar que ambos operarios murieron por inhalación de gases tóxicos, y la calificación fue homicidio culposo agravado por la cantidad de muertes”, explicó.

Según las pericias, realizadas en el espacio ventilado, “el pozo contenía sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, y apenas un 20,9% de oxígeno”. La fiscalía determinó que “el resultado de muerte podría haberse evitado si se aplicaban ciertos deberes de cuidado y prevención, claramente identificados en el plan de contingencias y conocidos por el técnico de higiene y seguridad”.

La investigación también escaló hacia arriba, buscando eventuales “responsabilidades superiores” entre autoridades empresarias y gubernamentales. Eso permitió determinar que “existieron controles y la empresa había recibido varios llamados de atención por fallas detectadas en su sistema de seguridad e higiene”. Evidentemente, hubo “falta de cuidado e incumplimiento de algunas normas establecidas en el plan de seguridad” de la obra, destinadas a prevenir incidentes de este tipo. Torino concluyó que “ambas muertes eran evitables”.

Para evitar un juicio oral que obligaría a prolongar mucho tiempo una sentencia firme y podría concluir en una condena más gravosa, las partes acordaron un juicio abreviado. Arenas Goñi asumió la responsabilidad y aceptó una condena de dos años y seis meses de prisión, más una inhabilitación de seis años para desarrollar actividades vinculadas a seguridad e higiene.

Si el juez Boulenaz convalida el abreviado, un fallo judicial permitirá cerrar el caso antes de cumplirse un año del trágico episodio.