Nación no envía los fondos para las elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada donde le reclamó en carácter de "urgente" al Gobierno nacional que envíe los fondos necesarios para garantizar el proceso democrático. La situación ya trajo consecuencias en el cierre de padrones y comienza a dificultar la realización de todas los pasos correspondientes.

 

A través de la Acordada Extraordinaria Nº 38 a la accedió LA ARENA, con fecha del 22 de abril de 2025 y consensuada por el presidente del organismo Daniel Bejas y los integrantes, Alberto Ricardo Dalla Vía y Santiago Hernán Corcuera, mencionaron que este año se llevará a cabo la renovación parcial del Congreso. "Se encuentran actualmente en curso las etapas del cronograma electoral aprobado por esta Cámara", indicaron.

 

A su vez, resaltaron que los jueces federales con competencia electoral y este Tribunal "se encuentran -desde hace tiempo- abocados al pleno cumplimiento de las tareas preelectorales requeridas para garantizar el buen desarrollo de las elecciones nacionales". Los recursos para afrontar este proceso son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional en el Presupuesto General.

 

En esa línea, mencionaron la "extensa serie de gestiones y procedimientos administrativos tendientes a concretar la transferencia de los fondos asignados". Este "derrotero administrativo" genera "demoras y dificultades para llevar a cabo las tareas propias e imprescindibles del cronograma electoral, y puede incluso apremiar la concreción de algunas de ellas; especialmente si se tienen en cuenta las características de la organización territorial de la justicia nacional electoral".

 

Reclamos.

 

En relación al proceso electoral en curso, revelaron que en numerosas oportunidades -a través de oficios y una nota de Presidencia del 26 de febrero de 2025- "se hizo saber a la Vicejefatura de Gabinete del Interior la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar servicios personales en las 24 secretarías electorales. Dicho requerimiento encuentra su mayor fundamento en la actualización del Registro Nacional de Electores y los correspondientes subregistros de distrito, con el fin de garantizar la integridad y la incorporación de novedades registrales a los padrones electorales".

 

Sobre este punto, remarcaron que "la certeza y la exactitud de los datos obrantes en los registros electorales representan una de las más relevantes garantías con que cuenta el cuerpo electoral, en tanto dichos registros constituyen la base para hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello la organización de un registro electoral confiable constituye el pilar básico sobre el que reposa la estructura electoral".

 

A esto se le suma la implementación de la Boleta Única Papel, que implica "numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros".

 

Sin embargo, afirmaron que "los sucesivos requerimientos no han sido atendidos hasta la fecha, como así tampoco los cursados conjuntamente con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, orientados a que se autorice el uso de remanentes ya disponibles. Bajo tales circunstancias, la falta de información por parte del Poder Ejecutivo respecto de la modalidad y oportunidad en la que se prevé efectuar la transferencia de fondos, impide efectuar una adecuada planificación que permita optimizar la aplicación de los recursos públicos bajo las premisas de economía, austeridad y prudencia en el gasto que rigen en el ámbito de la justicia nacional electoral".

 

Incertidumbre y consecuencias.

 

En la Acordada sostuvieron que "el hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos con anterioridad a la fecha del cierre de novedades para los padrones provisionales prevista para el 19 de abril, e incluso durante el período de resolución de los reclamos prevista entre el 29 de abril y el 13 de mayo, privando de la posibilidad de su aplicación durante ese período crítico del proceso electoral". A su vez, se encuentra pendiente de resolución "las solicitudes relativas a las partidas imprescindibles para que las Juntas Electorales Nacionales afronten los gastos de funcionamiento del proceso electoral, como así también, los oficios mediante los cuales se solicitó una ampliación de la cantidad de tramas de telefonía IP habilitadas para la atención telefónica del call center, el oficio relacionado con el uso de los remanentes de las partidas que fueran transferidas al Poder Judicial de la Nación para la actualización e incorporación de mejoras del sistema de presentación de candidaturas (SPC), el oficio respecto de las necesidades de útiles y materiales correspondientes a la capacitación electoral y de un sistema integral de logística, seguimiento y monitoreo del proceso electoral. Asimismo, con fecha 27 de febrero del año en curso se remitió nota relacionada con los requerimientos efectuados por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación respecto al uso de remanentes para ser aplicados a la compra de equipamientos e insumos informáticos para la impresión de actas, certificados y telegramas solicitados por este Tribunal".

 

"No puede soslayarse que las diferentes tareas que hacen a la realización de los procesos electorales están determinadas por un cronograma rígido con plazos perentorios, sujetos fatalmente a la fecha de la elección, por lo que la situación de incertidumbre sobre los fondos requeridos influye no solamente en la actualización de los registros anteriormente descripta, sino que también impacta en las etapas preelectorales encomendadas a este fuero, las que deben contar con previsibilidad para asegurar el normal desarrollo de los comicios", advirtieron.

 

Por otro lado, afirmaron que "la falta de respuesta o la respuesta insuficiente a los diversos requerimientos" conlleva "múltiples consecuencias". Esto se debe a que "no concierne exclusivamente a las tareas a cargo de la justicia nacional electoral, sino también a otros organismos que tienen responsabilidades directas en el desarrollo del acto electoral, tales como el Comando General Electoral, el Servicio Electoral del Correo Oficial y la contratación de los distintos servicios para, por ejemplo, impresión de padrones y ejecución de las actividades de capacitación y difusión".

 

Carácter urgente.

 

Con estos argumentos, solicitaron al Ejecutivo nacional que "informe los montos, plazos y modalidad bajo la cual se prevé efectuar las transferencias de las partidas pertinentes para el cumplimiento de las tareas propias del cronograma electoral, a fin de poder planificar adecuada y eficazmente su desarrollo". También lo exhortaron a que "efectúe la transferencia de los fondos correspondientes a los requerimientos de los jueces federales con competencia electoral" y a que "asegure la oportuna disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para cada uno de los distintos organismos que tienen a su cargo funciones y responsabilidades legales en relación con el adecuado desarrollo del proceso electoral nacional".

 

Además, requirieron que "se prevea e informen las previsiones relativas a las partidas estimadas para el pago del viático compensatorio para las Autoridades de mesa y Delegados, así como también el adicional para quienes acrediten la realización de las actividades de capacitación".

 

Por último, solicitaron al Comando General Electoral y al Correo que informen "acerca del estado de situación de los procedimientos administrativos pertinentes, que aseguren la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las tareas a su cargo".

 

"Ejercicio de soberanía popular".

 

En la Acordada emitida por la Cámara Nacional Electoral remarcaron que "si bien no pueden desconocerse las restricciones presupuestarias que afectan a todos los poderes del Estado y de la cual la Justicia Nacional Electoral no es ajena, resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del Estado proveen a los electores". En ese sentido, enfatizaron en que "constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar".

 

Inclusive, los integrantes de la CNE exhortaron "a los jueces federales con competencia electoral de todo el país y a todos los funcionarios y empleados de la Justicia Nacional Electoral a afianzar su compromiso y empeño en el desarrollo de las actividades que requiere la buena marcha del proceso electoral". Para ello, pidieron extremar "los esfuerzos necesarios a efectos de atender el cumplimiento de las responsabilidades del fuero en el presente contexto de demoras en la provisión de los recursos pertinentes".

 

La Pampa: “Nunca se demoró tanto”.

 

La Justicia Federal de Santa Rosa no es ajena a esta problemática, aunque fuentes consultadas por este diario explicaron que al ser una provincia de menor tamaño no se han presentado dificultades. "Hay provincias como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe o Córdoba que manejan otra realidad por el volumen de gente", indicaron. Con respecto al atraso en el envío de fondos, explicaron que siempre hubo pero “nunca se demoró tanto como ahora". Las fuentes consultadas estiman que "para fin de este mes va a estar regularizado, pero por ahora no han llegado los fondos".