Nutrida protesta en la plaza

La Plaza San Martín fue centro de una nutrida protesta que nucleó a los sectores más golpeados por las políticas de ajuste de Javier Milei: personas con discapacidad, jubilados y jubiladas, y la comunidad universitaria.

 

La jornada de protesta se convocó luego de que el presidente decidiera promulgar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, que garantizaban fondos, pero suspender su aplicación hasta tanto el Congreso especifique de dónde saldrán los recursos.

 

Ante esto, familias e instituciones, junto a gremios y organizaciones políticas, decidieron manifestarse en rechazo a esta maniobra de la gestión libertaria. A esto se le sumó la tradicional marcha que realiza la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de La Pampa. "Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad", "No me dejen sin mis terapias y acompañantes", eran algunas de las consignas que se podían leer.

 

La concentración comenzó pasadas las 17 y, tras una aplaudida bajo el monumento a San Martín, dieron una vuelta alrededor de la plaza. "Que sepan que somos personas con derecho, que somos pueblo", arengaron desde el megáfono. También hubo cuestionamientos a la decisión de ser "un virreinato de Estados Unidos" y un fuerte rechazo a las últimas medidas presidenciales.

 

Incumplimiento.

 

La jornada tuvo como objetivo visibilizar el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, que fue vetada pero luego se mantuvo gracias al voto de legisladores y legisladoras de ambas cámaras. "Milei dice que no hay financiamiento, cuando sí hay plata", señaló Candela Salvador, una joven abogada con discapacidad que estuvo presente en la plaza y habló con la prensa.

 

La situación en La Pampa no escapa a la realidad del país. Advirtió que Anses, en nuestra provincia, hizo un "recorte brutal" sobre las pensiones no contributivas o suspendió trámites de personas cuya discapacidad se diagnosticó luego del 10 de diciembre de 2023. "Excepto el Sempre, está todo cortado o aminorado", dijo la abogada.

 

Para el sector es "terrible" la situación y por eso se ven obligados a salir a las calles. "Es un presidente inhumano, está atacando a sectores muy vulnerables", lamentó y reiteró que muchas personas se han visto forzadas a abandonar sus terapias. "Está gobernando por decreto, lo que determina el Congreso no lo está cumpliendo. Es causal de juicio político, te lo digo como abogada y como mujer con discapacidad", completó.

 

Situación crítica.

 

La manifestación también contó con la presencia de prestadoras que trabajan con personas con discapacidad, como por ejemplo Joahana y Rosela, licencias en Psicopedagogía y en Rehabilitación Visual respectivamente. "La situación es crítica, estamos desde noviembre del 2024 cobrando exactamente lo mismo", denunciaron ante la prensa. El valor de la sesión es de 12.090 pesos y el mínimo ético del Colegio de Psicopedagogía es de 25 mil pesos. "Hay una diferencia entre lo que pagan las obras sociales y lo que paga un paciente particular", comentaron.

 

Ambas profesionales remarcaron que no quieren dejar de trabajar con personas con discapacidad, pero sí hay otros colegas que no lo hacen más producto de esta situación. "Todo aumenta y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, con el agravante de que cobramos cada tres meses. Siempre fue así, pero nunca tuvimos con la prestación congelada durante doce meses", explicaron.

 

A esto se le suma que muchas familias que se atienden de manera particular se dan de baja al aumentar los gastos que tienen que afrontar. Esto impacta en la continuidad de las terapias y se pierden todos los avances.

 

Para las profesionales, es insostenible esta situación y hay incertidumbre. "Estamos preparando los papeles para presentar a obras sociales, que tardan dos meses en autorizarlo, para el 2026. Estamos haciendo un plan de tratamiento y un presupuesto igual al que hicimos el año pasado, y no sabemos cómo sostener alquileres, monotributo... Es complejo y muy angustiante porque en el medio están niños y personas con discapacidad que se quedan sin las prestaciones", afirmaron.