ONU pide informes al Estado argentino

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Argentina que informe sobre la situación en cuanto a derechos de personas con discapacidad. Consideraron que medidas como la desregulación de precios de obras sociales y los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad comprometen seriamente sus derechos.

El 21 de Mayo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU remitió a la misión permanente de Argentina “la decisión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (...) para solicitar más información sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. En el comunicado se solicita al Estado argentino que remita la información correspondiente antes del 21 de junio del corriente año.

El pedido se enmarca en una serie de recomendaciones hechas en 2023 por el Comité respecto a la Convención que abarca los derechos de personas con discapacidad. Entre ellas, se contemplan el derecho a la salud, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al trabajo y el derecho a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad.

En la solicitud mencionan una serie de medidas tomadas por la gestión del presidente Javier Milei, que podrían impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Salud y nivel de vida.

En relación con el derecho a la salud, remarcan que “a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, se desreguló el precio de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, a través del cual las personas con discapacidad accedían al sistema de salud”.

Asimismo, mencionan que “el Nomenclador de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad se incrementó en un 45% mientras la inflación acumulada alcanzó un 80%” desde diciembre del 2023, y que se cortó el programa Asistencia Directa por situaciones especiales, que

otorgaba subsidios para medicamentos o insumos médicos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria.

“El Comité solicita al Estado parte que informe sobre el impacto de estas medidas sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad y las medidas que ha adoptado o se propone adoptar el Estado parte para asegurar la no regresión en el acceso a servicios de salud de calidad por parte de las personas con discapacidad”, sostienen.

Respecto al derecho a un nivel de vida adecuado, remarcan que la pensión no contributiva por “invalidez” sigue devaluándose y no cubre el valor de la canasta básica mensual, lo que lleva a que las personas con discapacidad caigan por debajo de la línea de pobreza. Ante esto, pidieron se informe sobre medidas que protejan a este sector de caer en la pobreza o pobreza extrema.

Trabajo e inclusión.

La ONU también observó con preocupación los despidos ocurridos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que incluyeron a trabajadores y trabajadoras con discapacidades. Este recorte “ha obstaculizado la realización de tramites y consultas y el acceso al Certificado

Único de Discapacidad”.

En relación con el derecho a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad, remarcó que el proyecto de la Ley Bases “contemplaba enmiendas a la ley Nacional de Salud Mental que ampliaban las posibilidades de institucionalización forzada de personas con discapacidad en base a la discapacidad”. Solicitaron detalles sobre qué medidas garantizarán que las personas con discapacidad “no sean forzosamente institucionalizadas en hospitales o centros psiquiátricos en base a su discapacidad”.

(Df. Página 12)