Por la deuda del PAMI, ninguna clínica pudo pagar los sueldos

Las clínicas privadas de La Pampa informaron a sus trabajadores que no le pagarán los sueldos de enero en tiempo y forma debido al conflicto por la falta de pago de las prestaciones de PAMI. La situación podría complicar la atención a los pacientes. 

La vicepresidenta del Sanatorio Santa Rosa, Analía Torres, confirmó esta mañana a LA ARENA que "en la actualidad, todas las clínicas privadas de La Pampa, no podrán pagar los salarios de manera correspondiente". Puntualizó que PAMI le debe al Sanatorio 350 millones de pesos de enero y ya se vence los 450 millones de febrero. 

Se trata, además del Sanatorio Santa Rosa, del Polymedic, la Clínica Modelo, y la Clínica Regional y Argentina de General Pico. 

En el caso puntual del Sanatorio, las autoridades notificaron a los empleados que no podrán pagar los sueldos de enero porque "el Gobierno nacional no pagó a la fecha la facturación del PAMI". A su vez, indicaron que gestionan un anticipo financiero ante el gobernador, Sergio Ziliotto, a través de la Secretaría de Trabajo, para cumplir con el pago de los sueldos. 

"Esperemos que se solucione y poder seguir trabajando en condiciones normales ya que la población más vulnerable en el área de Salud necesita ser atendida de sus dolencias", dijo Torres, en conversación con este diario.

Ultimátum.

Clínicas, sanatorios y hospitales privados de diversas provincias patagónicas, entre ellas La Pampa, emitieron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, donde le advirtieron que suspenderán prestaciones a partir del 10 de febrero si no reciben alguna respuesta respecto a la deuda y a la actualización de aranceles. La misiva fue comunicada por la Clínica Argentina y Regional de General Pico, y el Sanatorio Santa Rosa, y la Clínica Modelo de Santa Rosa. Estas instituciones se suman a una larga lista de prestadores de Río Negro, Neuquén y Chubut que esperan una pronta respuesta para evitar que la situación “escape a todo control”.

Los prestadores señalaron que la situación económico-financiera de las instituciones es “sumamente crítica” y que este escenario es consecuencia directa de una “depreciación sostenida de los valores arancelarios” y un marcado atraso en los pagos, problemática que se ha agudizado considerablemente durante los últimos dos meses.

El impacto de estos retrasos es determinante para la subsistencia de las clínicas, dado que la participación del PAMI en los ingresos totales de estas instituciones representa, en promedio, el 40%. En un contexto de estructuras económicas ajustadas, las autoridades sanitarias remarcaron que “cualquier demora en los pagos genera desequilibrios de muy difícil resolución”.

Uno de los puntos más destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.

El corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, “la imposibilidad material de abonar los haberes”, lo que conlleva graves consecuencias para la operatividad diaria de los prestadores. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.

Suspensión progresiva.

Ante la falta de respuestas, las instituciones de salud han fijado una fecha límite. Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes.

La medida se instrumentará de forma progresiva, iniciando con la suspensión de “prestaciones ambulatorias y programadas”, con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias. De persistir el silencio oficial, advirtieron que “la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable”, generando un perjuicio directo para los jubilados y pensionados de la región.

Para evitar el corte de servicios, los prestadores exigen tres puntos fundamentales: la regularización inmediata de la deuda existente; una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad y la reactivación de una “mesa técnica” de trabajo para adecuar los aranceles.