Quitan ayuda a víctimas de violencia

Las personas que estaban en riesgo de ser asesinadas y los familiares de víctimas de femicidio contaban hasta hace algunos meses con el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género.

Por ejemplo, si una mujer sobrevivía al intento de femicidio de su ex, si le prendía fuego la casa para asesinarla pero fallaba en el intento, ella o sus allegados podían solicitarle al estado apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento legal, entre otras herramientas. Los familiares que perdieron a sus seres queridos también quedaban comprendidos. Se llenaba un formulario y el Estado se hacía presente para cuidarlos. Recibían por única vez 4 salarios mínimos, vitales y móviles, el equivalente a $1.540.000.

"Quieren borrar de un zarpazo lo que nos hace tan bien. Hace 8 años me mataron a mi hija y es como si fuera ayer. Están haciendo cosas terribles. Están eliminando programas que nos sirven por lo menos para poder preguntar, asesorarnos, tener un alivio al alma", se lamenta Ana Soto, mamá de Analía Aros, asesinada el 21 de marzo de 2017 por su ex pareja.

Los mensajes de repudio no se hicieron esperar, víctimas, familiares de víctimas y los refugios para mujeres que sufren violencia de género son los principales afectados por la motosierra del Gobierno.

"Es una medida criminal", denunció Darío Witt, fundador del refugio Casa María Pueblo, en diálogo con El Destape.

Además pidió que "los funcionarios que toman este tipo de medidas sean responsables tanto civil y penalmente de lo que le puede ocurrir a las víctimas cuando van a pedir ayuda".

Abogados y psicólogos.

"Sin esa ayuda para poder, de alguna manera, recomponer la vida y tener determinada autonomía, sin la protección del Estado, se deja a esa persona en un total aislamiento en términos de poder tener herramientas para salir adelante. En un caso de violencia extrema, supongamos, no hay recursos para que reciban apoyo económico o incluso psicológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja a la persona, a la mujer en situación de violencia, a esa diversidad, a esa persona trans travesti, a su suerte", alertó a dicho medio Melisa García, de la Asociación de Abogadas Feministas.

El mensaje es claro “que se salve la que pueda, la que tenga plata. Para Ana, a quien hace 8 años le arrebataron a su hija, se trata de un golpe más. No puede ser, siento una impotencia tremenda. Van a eliminar lo que nos queda. Lo que nos queda es el poder hablar, que nos puedan ayudar de alguna manera cuando uno tiene una duda o uno se encuentra en un estado psicológicamente mal, como estoy yo, como están las hijas de Analia, como está toda mi familia".

"Se vuelve una vez más a eliminar toda posibilidad de equidad. La falta real de poder acceder a recursos propios, justamente por esa histórica discriminación e incluso esa indefensión propia que tiene una persona en una situación extrema de violencia, es lamentable, porque el acompañamiento incluso desde el punto de vista legal también deja a quienes trabajamos sobre esta temática sin herramientas para poder brindar soluciones", enfatizó García.