Rechazo a la condena de la docente en Pico

Representantes de los gremios docentes se manifestaron ayer en los Tribunales piquenses para repudiar la condena de la Justicia Contravencional contra la profesora Ana Contreras, por el cargo de “Maltrato psicológico” hacia una alumna. La docente fue sentenciada en primera instancia por el juez piquense Maximiliano Boga Doyhenard, a una multa de 60 días, equivalente a una suma de 913 mil pesos. Además, le impuso una restricción de acercamiento hacia la menor, le aplicó una amonestación y la obligó a realizar una capacitación del Ministerio de Educación sobre convivencia en las escuelas.

 

El fallo generó múltiples críticas y fue repudiado por los diferentes gremios docentes, que ayer se manifestaron frente a los Tribunales de esta ciudad. En primer término, lo hizo un grupo de docentes enrolados en Utelpa y la Ctera, encabezados por las dirigentes Rosana Gugliara, Lilia López y Carina Villegas. Un poco más tarde se manifestó otro grupo que representa al Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (Sitep), que representa Christian Rosso.

 

Los docentes se manifestaron ayer al mediodía en los Tribunales de esta ciudad, donde repudiaron al fallo que condenó a Ana Contreras y pidieron que se revierta la sentencia. Además, dijeron que el fallo es violatorio de la libertad de cátedra y que supone una intromisión de la Justicia en el ámbito de la educación. Luego, trasladaron el reclamo al Juzgado Contravencional que dirige el magistrado que falló en la causa y también se manifestaron en la puerta de la delegación local del Ministerio de Educación.

 

Repudio.

 

La dirigente de Ctera, Lilia López, manifestó que el fallo “criminaliza la tarea docente” y que “constituye un gran antecedente que la pone en riesgo, como a la educación pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que docentes desempeñamos día a día en las aulas”.

 

También dijo que Contreras “es víctima de una injusta persecución judicial, que desconoce el contexto institucional y social en el que se desarrollan nuestras prácticas” a la vez que marcó que el fallo supone una vulneración de los derechos laborales y personales”.

 

En tanto, Gugliara dijo que tanto Utelpa como Ctera rechazan el fallo porque entienden que “no puede la Justicia condenar a una docente por situaciones que ocurren en el ámbito educativo, porque para eso tenemos nuestra normativa propia y los resortes dentro del Ministerio de Educación como la Ley 1124, los organismos como el Tribunal de Disciplina y la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas)”.

 

Además, marcó que la manifestación de ayer sirvió para hacer una defensa de “la libertad de cátedra, del derecho a enseñar y la construcción colectiva de la escuela”.

 

También consideró que “este fallo es preocupante porque traspasa las definiciones dentro del sistema educativo y es un fallo que la Justicia establece por fuera y abre puertas que son peligrosas en este sentido”.

 

Solidaridad.

 

En tanto, Carina Villegas, representante local de Utelpa en General Pico, subrayó que el fallo supone “una intromisión de la justicia en la educación”.

 

“Cuando algún docente tiene alguna dificultad o algún problema, nosotros tenemos nuestros propios órganos de los cuales hemos participado activamente como gremio para que no haya ningún tipo de vulneración de derechos. Tenemos las guías de actuación que fueron refrendadas hace dos años y eso es lo que nosotros estamos impulsando para que se reactiven. Lo que está pasando con nuestra compañera es absolutamente preocupante. Muchos compañeros de las provincias de nuestro país están en absoluta solidaridad con esta situación porque de no resolverse a favor de la compañera puede sentar un serio precedente por respeto a la libertad de cátedra, cuando nosotros tenemos dentro de la currícula un montón de temas por los cuales trabajar y nosotros lo vamos a seguir defendiendo”, sostuvo.

 

Más de 8.000 firmas.

 

En los últimos días circuló un formulario para juntar adhesiones al pedido de absolución para Ana Contreras; y hasta ayer, el pedido sumaba unas 8.168 firmas. “Repudiamos la criminalización de la docencia y la libertad de enseñanza. La educación pública no puede ser censurada, y esta sentencia vulnera derechos constitucionales e internacionales. Por eso 8.168 voces se sumaron al repudio de esta injusticia”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la junta de firmas.