Represas: Nación presenta denuncia

El Gobierno de Neuquén le pidió a la Secretaría de Energía de la Nación para que deje sin efecto la decisión de reestatizar las centrales hidroeléctricas que se encuentran en los ríos Limay y Neuquén e insistió con su propuesta de crear una empresa regional tripartita. Uno de los ejes del escrito presentado apunta a la renta por la explotación comercial y desde Nación presentarán una denuncia penal por lobby y negociaciones incompatibles con la función pública.

 

El 11 de agosto finalizarán los contratos hechos desde la privatización de las represas en 1993 y la decisión del Gobierno nacional es que regresen a manos del Estado. Se trata de las centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Limay y Neuquén: Alicurá, operada por AES; El Chocón y Arroyito, administrada por Enel; Planicie Banderita, por Orazul y Piedra del Águila, que vence el 29 de diciembre y es operada por Central Puerto.

 

Según informó el diario Río Negro, a través de un escrito firmado por el fiscal de Estado, Raul Gaitán y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, Neuquén le pidió a la Secretaría de Energía de la Nación que deje sin efecto la decisión de que la operación de las represas hidroeléctricas de ambos ríos queden en manos del Estado nacional. Expresaron que la postura del área a cargo de Flavia Royón es una “intromisión”.

 

Ante esto, según consignó El Destape, "el Gobierno presentará una denuncia penal contra el fiscal de Neuquén por lobby y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa se inició con la caída de las concesiones sobre los recursos hídricos que se hallan en las provincias de Rio Negro y Neuquén, que a través del fiscal Raúl Gaitán, piden que se revoque la decisión del Estado nacional de hacerse cargo del control de las represas".

 

Explotación comercial.

 

Desde el Ejecutivo de dicha provincia ya habían expresado la propuesta de crear una empresa tripartita para llevar adelante la administración de las represas. Con la carta, insistieron con que la administración de las centrales no quede en manos de Enarsa "ni de manera transitoria ya que en nuestro país las cuestiones transitorias tienden a transformarse en permanentes”.

 

"Entre los ejes centrales del proyecto, se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”, sostuvo la provincia en el documento según el medio.

 

En esa línea, Neuquén propuso que se contemple una tarifa "que permita, por un lado llevar adelante correctamente y de manera segura la operación y mantenimiento de las represas, que permita realizar las obras de mantenimiento y de seguridad que fueran necesarias, que se incorpore una contribución a los municipios y/o comisiones de fomento aledaños a los emprendimientos". También que "permita el fondeo de un fondo específico para obras hidroeléctricas y/o productivas en nuestra misma región, dando prioridad a aquellas que aseguren el resguardo de vidas y bienes de la población aguas abajo".

 

Según la propuesta, informó Río Negro, la tarifa debe contemplar también el financiamiento para el funcionamiento adecuado de los organismos interjurisdiccionales de control sobre las represas como lo son la Autoridad interjurisdiccional de cuencas (AIC) y de seguridad de presas (Orsep). La nota indica que las provincias se deben actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, sobre cuidados ambientales y de seguridad de presas que van a regir de ahora en más. Estas reglas deberán formar parte del futuro contrato de operación o de concesión que se vaya a otorgar a la empresa encargada de la administración y operación de las represas.

 

El agua de los ríos.

 

En el escrito, Neuquén remarcó que el debate por el manejo de las centrales hidroeléctricas es "más amplio que una simple concesión o de buenas prácticas de federalismo. Es el uso del agua en todas sus formas. Desde hace años se ha intentado mediante mecanismos de concertación, que se defina junto a Río Negro el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos. Sin embargo, solo se obtuvieron respuestas evasivas por parte de las autoridades nacionales".

 

En ese sentido, se consideró que la Secretaría de Energía de la Nación "se arrogó facultades en forma excluyente sobre el futuro de los Complejos Hidroeléctricos, en clara violación de la buena fe que debió prevalecer en las negociaciones”. A su vez, ratificó su postura de "volver a instrumentar para las provincias de Neuquén y Río Negro la Tarifa Comahue como una herramienta de estricta justicia para con los habitantes de ambas provincias que hoy ven encarecida sus tarifas por el impacto de los costos de transporte y las pérdidas del sistema que se aplica".