La motosierra se ensaña con el empleo y las políticas sociales

El centro de estudios CEPA publicó un informe sobre el desguace del sector público, que describe la pérdida de puestos de trabajo y su inmediata consecuencia: el desmantelamiento de programas sociales.

IRINA SANTESTEBAN

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer ayer el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional” con datos a mayo de 2025. Del mismo surge que en el lapso de 16 meses, la dotación de personal se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2 por ciento. Así, la dotación de personal público pasó de 343.354 agentes en noviembre de 2023 a 291.014 en marzo 2025.

Discapacidad.

El odio del presidente Javier Milei contra todo lo que signifique Estado, no solo se manifiesta en sus virulentas intervenciones públicas y en redes sociales. Se viene aplicando con saña contra todas las áreas estatales, incluidas aquellas que cumplen con tareas de atención a los sectores más vulnerables, como la Discapacidad, cuya Agencia Nacional Andis sufrió el recorte de 468 empleos, una disminución del 32 por ciento de su personal. El año pasado, el gobierno nacional amenazó con recortar al menos 200.000 pensiones para personas con discapacidad, cuyos beneficiarios recibieron cartas documento amenazando con la baja de la pensión si no justificaban gastos mínimos.

Hasta en los insultos que pronuncia se demuestra su incapacidad para comprender el sufrimiento ajeno, al llamar “minusválidos mentales” a quienes se oponen a sus brutales recortes. Ello motivó que la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), manifestara su profundo rechazo a la utilización de términos despectivos -como “minusválidos” - para atacar a un grupo político, afectando así a toda la comunidad de personas con discapacidad.

El recorte en esa área no es nuevo, ya durante la presidencia de Mauricio Macri se recortaron 170 mil pensiones, pero con un amparo judicial la mayoría tuvo que ser restituida.

Motosierra.

El recorte en el empleo estatal afectó con particular crudeza la implementación de programas sociales. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, sufrió una reducción del 64 por ciento de su planta de personal. El informe destaca que “este organismo desempeña un rol clave en la articulación de políticas públicas interministeriales orientadas a la inclusión social y la equidad territorial, y su desarticulación compromete seriamente la capacidad de diseñar respuestas integradas frente a la pobreza, la desigualdad y las vulnerabilidades múltiples que afectan a millones de personas en todo el país”.

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) perdió 1.423 agentes, afectando sensiblemente la atención al público, la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. Esta pérdida de capacidad operativa repercute directamente en los sectores más vulnerables, que requieren de un Estado presente para la efectiva atención de sus problemáticas.

En políticas de Género, el recorte comenzó con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, una de las primeras medidas del gobierno de La Libertad Avanza. Va en consonancia con el profundo odio que expresa constantemente Milei hacia los movimientos feministas y el colectivo LGTBIQ, tal como lo evidenció en enero de este año en su discurso en el Foro de Davos. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato en el país, con la convocatoria de decenas de Asambleas Feministas y Antifascistas que luego se expresó en la multitudinaria marcha del 1F, replicada en muchas ciudades.

El informe de CEPA destaca que proyectos como el Programa Acompañar, la Línea 144 o el patrocinio jurídico a víctimas de violencia de género quedaron sin presupuesto identificado.

Infancias.

En la ex Secretaría de Niñez y Familia (Senaf) se produjeron 348 despidos, dejando inactivos múltiples proyectos infantiles. Esta situación formó parte de un informe de UNICEF que alertaba durante 2024 sobre el crecimiento de la pobreza infantil, que en el primer trimestre de ese año había alcanzado casi a nueve millones de niños, niñas y adolescentes.

El recorte afectó a programas de becas escolares, centros de primera infancia, prevención de embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil. Los que atienden la grave problemática del abuso infantil, como las leyes Lucio y Brisa, fueron interrumpidos, así como el ajuste en subsidios para adolescentes que egresan de hogares de tránsito.

Salud Pública.

En el área de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Nacional Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, también sufrieron recortes que afectaron a casi el 40 por ciento de su dotación de personal.

Siendo el cáncer una de las principales causas de mortalidad en Argentina, constituye una política abiertamente criminal que se reduzca el personal que se encarga de implementar las políticas para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Y en el caso del Hospital Bonaparte, el informe expresa que el ajuste aplicado en ese nosocomio “afecta la atención integral de personas con padecimientos mentales o adicciones, en un contexto de creciente demanda y necesidad de intervención estatal con perspectiva comunitaria y de derechos humanos”.

Lo que está sucediendo con el Hospital Garrahan, que es un establecimiento modelo en atención de patologías de alta complejidad en la atención de niños, niñas y adolescentes de 0 a 15 años, es demostrativo también de los efectos nocivos de la Motosierra en áreas sensibles del Estado.

El odio de Milei hacia los empleados y empleadas estatales, volvió a manifestarse cuando la semana pasada, por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, se anunció la eliminación del Día del/la Empleado/a Público/a, que se celebra cada 27 de junio. Como en la mayoría de las actividades laborales del sector público y privado, el personal tiene derecho a un día en el que se festeja la actividad que desarrolla.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), presentó un amparo contra dicha medida, que atenta contra su convenio colectivo (reconocidos estos en la Constitución Nacional). Una jueza laboral dictó una medida cautelar favorable al reclamo y la medida del gobierno no se pudo aplicar.

Ante tanta violación de derechos laborales, reconocidos en la Constitución Nacional (en el art. 14 bis), resulta inentendible la pasividad de la dirigencia sindical de la CGT, que permanece impávida mientras trabajadores pierden sus empleos y se eliminan conquistas que fueron logradas con luchas y mártires obreros. Como parte de la descomposición de esa central obrera, el ex personal civil de inteligencia durante la dictadura, Gerardo Martínez, ocupa por la Uocra (Construcción) el lugar “sindical” en el mileísta “Consejo de Mayo”.