RIGI: “Son 30 años de desigualdad”

“Ninguna empresa de La Pampa tiene capacidad de inversión de 200 millones de dólares. Por lo tanto, todas quedarían afuera de los beneficios impositivos que tiene el RIGI. A lo máximo que podrían aspirar nuestras empresas pampeanas es a ser empleadas de multinacionales, o en su defecto a ser vendidas”.

 

Contundente fue la diputada provincial María Luz Alonso. Lo hizo en un plenario de comisiones de la Legislatura, y ninguno de sus colegas de la oposición recogió luego el guante para referirse a las supuestas ventajas que podría suponer el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

 

Industria pampeana afuera.

 

La legisladora del Frejupa –que cada vez que se manifiesta muestra solidez en sus expresiones- hizo la mención basándose en un informe de 10 páginas que elaboró la Universidad Nacional de La Pampa y la Agencia I-Comex.

 

Luchy Alonso indicó que “allí está el análisis sobre el impacto que el RIGI podría tener en La Pampa”, y concluye en que “básicamente ninguna empresa pampeana tiene capacidad de inversión de 200 millones de dólares, por lo que todas quedarían afuera de sus beneficios impositivos”.

 

Sin adhesión.

 

Quedarían en desigualdad competitiva la casi totalidad de la industria nacional y el 100% de las empresas pampeanas por 30 años.

 

En síntesis, la industria nacional y pampeana está en peligro, con más concentración económica y menos federalismo.

 

La diputada piquense Noelia Viara (PRO) se había referido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, y Alonso le salió al cruce. Como se sabe la ley nacional invita a las provincias a adherir, aunque el propio gobernador Sergio Ziliotto ya dijo que La Pampa tiene su propio régimen de incentivos.

 

Para grandes corporaciones.

 

Lo cierto es que el RIGI contempla múltiples beneficios impositivos y

 

arancelarios para grandes corporaciones que inviertan más de U$S 200 millones. Todo en perjuicio de las pymes, porque aquellas tendrían grandes beneficios, que van desde la reducción de la alícuota de impuesto a las ganancias del 35% del régimen general al 25%; posibilidad de pago

 

total del Impuesto al IVA con crédito fiscal; exención a las percepciones de IVA y ganancias; también al pago de tasa estadística, impuesto país y derechos de importación; posibilidad de utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias; eximición de pago de derechos de exportación luego del tercer año y/o segundo año en caso de ser exportación estratégica (en caso de exportar más de U$S 1.000 millones al año).

 

Sin obligaciones.

 

Además prevé beneficio de amortización acelerada para las inversiones; las ganancias derivadas de dividendos, utilidades y remesas tienen una alícuota de 7%, luego de 7 años de adhesión; y 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal que se realizaron las utilidades serán 3,5% y 9) libre disponibilidad de divisas y exención de obligación de liquidar al BCRA.

 

Alonso explicó que la implementación de este régimen discrimina a nuestras Pymes y da ventajas a sectores y corporaciones que no las necesitan, direcciona recursos a una primarización extractivista de la estructura económica y social de nuestro país, no promueve procesos de agregado de valor y desarrollo de nuevas oportunidades laborales y avanza de forma agresiva sobre la soberanía de las provincias. En síntesis “perjudica el desarrollo económico de nuestro país”.

 

Industria pampeana en peligro.

 

La advertencia es clara. La industria de nuestra provincia está en riesgo. Las desventajas impositivas de las grandes corporaciones las dejarán fuera de los mercados domésticos. La industria, en particular la de alimentos (carnes, granos, aceites, etc) y el comercio corren riesgo de ser absorbidos o destruidos por las grandes corporaciones internacionales transformándose, en el mejor de los casos, en sucursales o subsidiarias de estas.

 

El informe mencionado por Alonso señala que “específicamente, los beneficios del régimen dejan fuera de competencia a las Pymes ante la imposibilidad de acceso a inversiones mayores a los U$S 200 millones.

 

Una amenaza.

 

La ley que implementa el RIGI no especifica ningún sector, lo que representa una amenaza para todo el espectro productivo. Lo cierto es que los beneficios estarían destinados --en un primer momento-- a la explotación de recursos naturales de las industrias de petróleo, gas, minería y agro. En este sentido, la adhesión al régimen habilita a destinar el total de la producción al mercado externo, profundizando la asimetría entre los precios de tarifas energéticas y los ingresos de las Pymes, aún en contextos de crisis o guerras.

 

Por otra parte atenta contra la soberanía económica de las provincias, consagrada en nuestra Constitución, respecto de las decisiones de política fiscal, tributaria y de administración de sus recursos naturales. Y se completa con la pérdida de soberanía jurídica al delegar el poder judicial al fuero internacional, más amigable con los intereses corporativos internacionales (el CIADI), relegando la autoridad de uno de los tres poderes de nuestro país.

 

¿Y al final?

 

Cuando dentro de 30 años (¡¡!) finalice el RIGI se verán las consecuencias. No quedará industria pampeana ni pymes. Habrá un deterioro en los niveles de ingreso de la población pampeana, graves problemas de empleo y una drástica caída en la accesibilidad a los servicios esenciales como salud, educación y alimentos.

 

¿A alguien se le podría ocurrir que nuestra provincia debiera adherir a un régimen que deja fuera de mercado a la producción pyme nacional, y deja en evidente desventaja a la industria nacional?

 

Incentivos para inversiones.

 

Desde el Gobierno provincial se ha venido señalando que existe otra alternativa de desarrollo de las inversiones en el territorio nacional; que hay otro camino de desarrollo y consolidación de grandes inversiones dentro del territorio nacional y provincial.

 

Y esa herramienta es la Ley de Incentivos Fiscales de La Pampa para la radicación de inversiones.

 

Se trata de impulsar el sector privado en la provincia, para incentivar inversiones con beneficios apoyados en tres pilares: 1) reducir la presión fiscal para contribuyentes cumplidores que aumenten sus inversiones para crecer; 2) desarrollo de nuevas actividades productivas, que diversifiquen la producción y aumenten el empleo sin atentar contra la sostenibilidad de otras pymes que ya apostaron por argentina; y 3) con un beneficio asociado a la generación de empleo para garantizar el impacto en el resto de comunidad a través de la creación de puestos genuinos de trabajo.

 

Créditos fiscales.

 

Así se establecen créditos fiscales para contribuyentes cumplidores de los gravámenes provinciales que desarrollen actividades estratégicas, con énfasis en los que generen valor agregado y puestos de trabajo.

 

Contempla además otro paquete de créditos fiscales orientado a la protección del empleo industrial pampeano, puntualmente para quienes desarrollen la actividad industrial; otorgando un crédito fiscal de hasta el 100% del monto de la nómina salarial de empleados que presten sus servicios en La Pampa.

 

Impacto económico.

 

La intención es apoyar actividades que presenten cierto grado de

 

transformación física, química o físico-química, inversiones para desarrollar la actividad y a quienes tengan potencial para comercializar fuera del territorio.

 

Se procura que las inversiones tengan un impacto económico positivo sobre el territorio, protegiendo la soberanía y las empresas que apuesten a la inversión productiva en detrimento de la especulación financiera, generen empleo genuino y contribuyan al desarrollo económico con equidad social.