Ruralistas rompieron el diálogo con la Provincia

Las entidades rurales rechazan la implementación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas en el Territorio de La Pampa, y se retiraron de la reunión a la que los había convocado el Ministerio de la Producción, previo a la reglamentación de la normativa.

 

El Ejecutivo convocó a diputados y sectores ruralistas, ayer por la mañana, a una reunión en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, para generar una mesa de negociación que permita acordar la puesta en marcha de la Ley de Plaguicidas. Sin embargo, los ruralistas pegaron el portazo y se retiraron antes de que termine el encuentro.

 

La reunión comenzó pasadas las 10, fue realizada por el Ministerio de la Producción luego que la Comisión de Enlace de Asociaciones Rurales de La Pampa le pidiera al gobernador, Sergio Ziliotto, una audiencia para pedirle la derogación o la suspensión de la norma que por el momento no fue reglamentada ni puesta en marcha.

 

Los ruralistas intentan impedir la salida del decreto reglamentario para implementar la Ley 3288, que fue tratada en varios plenarios de comisiones en la Legislatura, y contó con la participación de todos los sectores involucrados en la temática. No obstante desde las entidades aseguran que es “demasiada burocracia”, lo que establece la normativa.

 

"Estos productos (los plaguicidas) tienen mucha toxicidad y mal utilizados ponen en riesgo la salud humana y también la producción por lo que ahora tenemos una gran responsabilidad", sostuvo la ministra de la Producción, Fernanda González, al destacar que esto se debate por la relevancia que tiene cuidar la salud y el medio ambiente. "Cuando empezamos a tratar este tema, algunos grupos, se manifestaron en contra de este decreto, y empezaron las opiniones que a veces no tienen ningún fundamento", sostuvo la funcionaria.

 

Los diputados aprobaron el 30 de noviembre del 2020 la llamada Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece una distancia de fumigación de 3.000 metros por aire y 500 metros por tierra de los espacios urbanos.

 

“Graves perjuicios”.

 

Luego de retirarse del encuentro con los funcionarios, las entidades ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Agrícola. Señalaron que la ley “provocará graves perjuicios a la producción agropecuaria pampeana”, y agregaron que tiene “defectos de origen, dado que en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave) para la actualización de la Ley 1173 en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas”.

 

Asimismo, indicaron que durante su tratamiento legislativo, del que las diferentes entidades fueron parte, “se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias”.

 

“La falta de aporte técnico en su redacción y tratamiento hace que al día de hoy la Ley3288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos. Incrementa hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente. Atentar contra el derecho a la propiedad privada que está amparado por las Constituciones Nacional y Provincial. Criminaliza la actividad agropecuaria”, aseguraron.

 

Y añadieron que “impacta fuertemente en los productores agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura administrativa. Advertimos por las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitamos la derogación de la Ley 3288. Nos comprometemos como lo hemos hecho cada vez que se nos convocó, a trabajar en una nueva Ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de nuestra querida provincia”.

 

Mesa de trabajo.

 

Andrés González de Carbap dijo que “todas las instituciones hemos conformado una mesa que trabajó también durante el proyecto de ley en 2020, haciendo aportes. Lamentablemente la tuvimos que reflotar después de cuatro años cuando se empezó a hablar de la reglamentación de esta ley”.

 

Juan Cruz Cabral, de la Sociedad Rural Argentina dijo que “nos retiramos de la mesa, y le dijimos a Fernanda (González) que fue porque no hubo diálogo, y porque no nos íbamos a prestar a ese simulacro de consenso que era la reglamentación. No hubo diálogo y estaba todo armado. Quiero dejar en claro que nosotros estamos primero por la salud y el ambiente, y después por la producción, van todos de la mano”.

 

Ulises Forte, de Federación Agraria, señaló que “estamos haciendo una producción sustentable y amigable con el medio ambiente y con la población, indudablemente, y vamos generando conciencia permanentemente. Esta ley no ayuda para nada, es un reglamento que burocratiza todo. En vez de hacer alguna producción amigable con el medio ambiente, termina corriendo a la gente del campo. Hay que tener un montón de recetarios, que es mucho más burocracia. Se tarda más en rellenar recetas que lo que tarda una sembradora en hacer 50 hectáreas”.

 

“Era impensado, hace 20 años atrás, sacar la cantidad de toneladas de granos, de oleaginosas y de carne que está sacando La Pampa, señal que tan mal no estamos haciendo las cosas. Lo que estamos viendo como salida, que nosotros propusimos cuando se formó la ley, tener que hacer una ley amigable con el medioambiente, por supuesto, consensuada por todos. La intelectualidad es fundamental, pero lo que decís con la cabeza y con el corazón, lo sufrís con el bolsillo”, dijo Forte.

 

“Impacto negativo”.

 

Más adelante, Andrés González, dijo que “cualquier actividad humana va a tener un impacto en el ambiente. Justo en La Pampa tenemos demostraciones de que ese impacto que generalmente es negativo, tenemos demostraciones de impacto positivo en el ambiente. Gracias a la ciencia, la agronomía se ha desarrollado y los ambientes hoy producen muchísimo más de lo que producían antes. Nosotros no nos levantamos a la mañana a ver cómo dedicarnos a envenenar a la gente. Si es justo en el ámbito donde desarrollamos nuestra producción, que vivimos también. Si está demostrado que una deriva es de 10 metros, poner 500 y poner 3.000, no tiene una explicación fundada, es ideológica”, cerró.

 

Franco Romano, de Coninagro, indicó que “el agrónomo tiene que estar durante la aplicación. No sé qué médico o qué veterinario está durante la aplicación de un antibiótico. Incluso en la reunión se nos mencionó que habíamos hecho mucho daño con la utilización de fitosanitarios, generando resistencia y demás. También lo ha hecho la medicina. Y sin embargo no vemos toda esta reglamentación”, destacó.

 

Apoyo opositor.

 

La postura de las entidades rurales fue respaldada por dirigentes de la oposición. Uno de ellos fue el presidente del Comité Provincia de la UCR, Federico Guidugli, quien cuestionó al oficialismo.

 

“La Pampa aprueba una ley de plaguicidas a los empujones, sin reglamentar e impracticable en la realidad, alejado de lo cotidiano y poniendo más burocracia al que produce. Están buenas las oficinas ¿no? Pero hay que salir al interior”, expresó en su cuenta de X.

 

“Además crean una comisión interdisciplinaria para solo atrasar las decisiones. Más burocracia. Hay sistemas digitales para facilitar trámites. Hablen con la justicia que tiene casi todo digital. Estamos en 2024 pero en la Pampa en 1995. Gobierna el menemismo en Nación, igualito”, añadió.

 

“Coincido plenamente con los productores”, posteó también el diputado nacional del PRO, Martín Ardohain. “Esta Ley que fue aprobada por mayoría automática, sin haber tenido en cuenta las opiniones de los productores, del CREA, del INTA, ni de la Universidad, debe ser derogada. Del lado de la producción, siempre”, concluyó.