Sin consenso para el negacionismo

IRINA SANTESTEBAN

Desde el dictado de las leyes de Impunidad y los indultos del ex presidente Carlos Menem; pasando por otro primer mandatario -Mauricio Macri– para quien los DDHH eran un “curro”, hasta la asunción de una vicepresidenta vocera de los sectores que pretenden la impunidad para los genocidas y en reivindicar el accionar de la dictadura, los intentos por reescribir la historia en un sentido reaccionario, no han sido pocos.

Pero, sea por las reservas democráticas de nuestro pueblo, sea por la labor de los organismos de Derechos Humanos, sea porque la verdad suele salir a flote aunque intenten hundirla en el océano o enterrarla (no son metáforas), los cierto es que hoy, 50 años después de la asunción ilegal de la Junta Militar integrada por Jorge Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti, la Memoria prevalece ante tanta mentira. Y las calles de muchas ciudades de nuestro país, se verán colmadas de pueblo.

Además de 30.000 desaparecidos y miles de detenidos por razones políticas y exiliados fuera y dentro del país para salvar su vida, el saldo de la dictadura fue devastador para nuestro país. Un plan económico que dejó una industria desmantelada, miles de trabajadores sin empleo, pérdida salarial y una deuda externa que se multiplicó por 7; fue demostrativo que la dictadura no vino solo a reprimir a “la guerrilla”, como repiten como loros los discursos (pseudo) libertarios. Hubo un plan sistemático de exterminio (según los fallos de los Juicios de Lesa Humanidad) que tenía por objeto la implementación de un plan económico, al servicio de los capitales trasnacionales, para profundizar la dependencia con EEUU. Por ello, entre otras medidas, la dictadura “nacionalizó” la deuda privada de esas empresas, de la mano de quien sería después ministro de Economía de dos gobiernos: Domingo Cavallo.

Complicidad.

La dictadura no fue solo militar, pues tuvo el apoyo de sectores políticos, del gran empresariado, de la jerarquía de la Iglesia y de los medios cómplices. Y la mayoría de esos cómplices no fueron siquiera llamados a declarar a un Tribunal.

Mercedes Benz, Ford, Propulsora Siderúrgica, etc., entregaban a los militares, los datos de delegados que “molestaban” con sus reclamos legítimos. Grandes empresarios como José Martínez de Hoz (Acindar) y Carlos Blaquier (Ingenio Ledesma) murieron impunes.

Hubo una heroica resistencia popular a la dictadura, comenzando por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y ellas mismas fueron víctimas del terrorismo estatal. La presidenta de Madres, Azucena Villaflor, formó parte de lo que se llamó los “Doce de la Iglesia de la Santa Cruz”, en diciembre de 1977, secuestrados por el infiltrado Alfredo Astiz, llevados a la ESMA, torturados y tirados vivos al mar en los “vuelos de la Muerte”.
Algunos de esos cuerpos fueron arrastrados hacia tierra y enterrados como “N.N.”, pero luego se los pudo identificar y recuperar para la Memoria.
También hubo resistencia obrera, a pesar que la dictadura prohibió la actividad sindical y el derecho de huelga. Igualmente las hubo, como en 1976, en octubre, con la huelga de trabajadores de Luz y Fuerza, que fue reprimida y su secretario general, Oscar Smith, desaparecido. También hubo protestas de trabajadores telefónicos, ferroviarios, subtes y de los ingenios azucareros.

En 1979 hubo un auge de luchas obreras, que desembocó en un paro general, que marcó un hito importante en la oposición a la dictadura.

En 1982, la conflictividad obrera alcanzó ribetes cuasi insurreccionales, con el paro del 30 de marzo de 1982, bajo la consigna “Paz, Pan y Trabajo”, que fue interrumpida por la Guerra de Malvinas, con la cual la dictadura pudo distraer la atención. Luego de la derrota, la clase obrera volvió a la carga y el 6 de diciembre de ese mismo año, un nuevo paro general convocado por las dos CGT (Brasil y Azopardo) fue multitudinaria, aunque fue brutalmente reprimida y un obrero asesinado, Dalmiro Flores.

Políticas de DD.HH

La anulación de las leyes de Impunidad y los Indultos, y la realización de los Juicios por los crímenes de Lesa Humanidad, así como la recuperación de ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) como Espacios de Memoria, por los gobiernos kirchneristas, fue un gran paso de avance en Derechos Humanos. Argentina pasó así a ser uno de los países más reconocidos a nivel internacional por sus políticas en esa materia, algo que ya había ocurrido en relación a la búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de reconocido prestigio en todo el mundo.

La reciente identificación de 12 personas desaparecidas en Córdoba, donde funcionara el ex CCDTyE “La Perla”, por el cual pasaron 2.500 detenidos, son triunfos de esas políticas de DDHH, a las que este gobierno pseudo libertario pretende eliminar.

Pero le está costando, y eso tiene sus razones.
Un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el CELS, llamado "Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después" registra un mayoritario rechazo al último gobierno militar. El setenta por ciento de las personas encuestadas tiene una mirada negativa y poco más del sesenta por ciento reconoció que durante ese período se implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los DDHH.

Y más aún, el setenta por ciento se manifestó "muy de acuerdo" y "bastante de acuerdo" con que continúen los procesos judiciales impulsados por el Estado y los organismos de DDHH contra los responsables del genocidio y/o crímenes de lesa humanidad.

Por ello, a pesar de los rumores que anunciaban un posible indulto a los genocidas, por parte del presidente, firmado el mismo 24 de Marzo, esto no parece posible. Claro, siempre puede sorprendernos un presidente que se dice el “más sionista” de la historia.

Aún así, con ese apoyo popular a las políticas de DDHH, estas han tenido un enorme retroceso con el actual gobierno, en primer lugar, desfinanciando los sitios de Memoria y poniendo al frente de los mismos a personajes negacionistas.

Según la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, el 83 por ciento de los represores están en sus casas. Sólo 62 cumplen prisión efectiva en la Unidad 34 de Campo de Mayo y 18 en otras unidades, todos con regímenes de privilegio.

Son 30 mil.

La cantidad de personas desaparecidas es otro de los caballitos de batalla de las teorías negacionistas, para defender los crímenes de la dictadura. Ese número no es un capricho. Y quienes podrían desmentirlo con cifras se niegan a hablar, o no muestran archivos que certifiquen que la cantidad es menor.  

Un informe de las Fuerzas Armadas para el gobierno de Estados Unidos, basado en datos del Batallón 601 de Inteligencia, estimaba que entre 1975 y 1978 había 22.000 personas, entre asesinadas y desaparecidas. También el escritor Rodolfo Walsh en su Carta Abierta, escrita en marzo de 1977 decía que había 15.000 víctimas del terrorismo de Estado, basado en informes de Inteligencia de Montoneros, de cuya estructura formaba parte.
Si los militares a dos años de haber usurpado el poder, estimaban las “bajas” en 22.000, en los siguientes cinco años es muy probable que hubieran 8.000 desaparecidos más.

50 años.

Este 24 de Marzo tiene una significación especial. Es ocasión propicia para unificar fuerzas en oposición no solo al discurso negacionista, sino al plan de saqueo, hambre y sometimiento al imperialismo yanqui y al sionismo, que está implementando Milei.

Los DDHH no son algo abstracto, son una construcción de los pueblos, lograda con luchas sociales, políticas, económicas y culturales, en oposición a las políticas de exclusión, violencia estatal e injusticias sociales.
Es imperativo continuar la pelea por los Derechos Humanos. Los grandes poderes económicos y financieros, sostenes de la dictadura, siguen vigentes. El FMI sigue con las políticas de ajuste y cobrando la fraudulenta deuda externa, esa que Alejandro Olmos investigó durante casi 20 años y que fuera declarada ilegal por el juez Jorge Ballestero.

El pueblo argentino, cincuenta años después, sigue sufriendo hambre, desempleo, salarios y jubilaciones miserables, Salud y Educación públicas cada vez más desfinanciadas, etc. Esos son también Derechos Humanos!