“Sin el RAFE sería 50% más alta”

El Indec toma “solamente los ingresos que declaran las familias”. En el primer semestre eso registró un 15,8% de indigencia.

La medición de pobreza extrema según el Indice de Vulnerabilidad Social (IVS) realizada en agosto de 2024, registró un 4,4% para el territorio provincial, cifra más de 11 puntos menor que la estimada por el Indec para el primer semestre (15,8% de indigencia). El resultado de la cuarta medición del IVS provincial fue presentado ayer por Sergio Ziliotto y el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, en un acto con intendentes y diputados en el Salón de Acuerdos.

“Hay una diferencia muy grande entre una encuesta y un estado eficiente”, advirtió el gobernador. Antes de realizar la presentación el mandatario suscribió, junto a Alvarez y el rector Oscar Alpa, el acuerdo que renueva el convenio específico con la UNLPam.

Alvarez y María Laura Ramborger, subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, explicaron claramente aquella diferencia: “cuando el Indec mide pobreza e indigencia, hace una encuesta y toma solamente lo que declaran las familias. Y si no declaran ingresos, pone cero”. En cambio, para la medición del IVS provincial “trabajamos mucho la calidad del dato junto a los intendentes, y complementamos lo que responden las familias con toda la información que tiene el Estado, nacional, provincial y municipal: jubilaciones, pensiones, empleo registrado, aportes de programas de transferencia directa como tarjeta social, RAFE, AUH, Asignación por embarazo, etcétera”.

De ese modo, mientras la sola declaración de las personas encuestadas determinaba para agosto “un ingreso familiar promedio declarado de 286.687 pesos, al añadir todo lo que sabemos sobre esas familias, el ingreso promedio resultó de 696.2184 pesos. Una cosa es medir indigencia sola y otra es aplicar el IVS, que incluye todos los datos”, aclaró Ramborger.

El RAFE.

El IVS comenzó a aplicarse hace un año y medio, con dos mediciones por año. La primera, realizada en febrero de 2023, solo relevó el conglomerado Santa Rosa-Toay, y dio como resultado 3,7%; la segunda (agosto 2023) sumó a General Pico y registró 5%; la tercera (febrero 2024) añadió a General Acha y Eduardo Castex, con un resultado de 5,7%, y la última, en agosto de 2024, agregó a 25 de Mayo, Victorica y Jacinto Aráuz, con el apuntado registro de 4,4%. “Para la próxima se añadirá Macachín, con lo cual cubriremos el 68% de la población provincial y estaremos midiendo siete de las diez microrregiones que tenemos”, informó Alvarez.

En la medición de agosto, un elemento clave para reducir el índice fue el RAFE (Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario). “No teníamos los fondos porque necesitábamos una ley. Si hubiéramos hecho el corte el 20 de agosto, sin haber pagado el RAFE, nuestra medición hubiera sido 6,8%”, comentó Ramborger. Y reveló que “solo ese mes la liquidación del RAFE más la tarjeta social distribuyeron 1.680 millones de pesos entre todas las localidades” de la provincia.

Durante su discurso (ver aparte), Ziliotto agradeció a los legisladores que “posibilitaron esta herramienta” sin distinguir entre oficialistas y opositores. Sin embargo, terminada la presentación, una fuente muy cercana le confesó a LA ARENA. “Fueron invitados todos los bloques y el gobernador estaba especialmente interesado en poder mostrarle a los legisladores de la oposición cómo estamos aplicando estos recursos. Pero no vino ninguno”.

Historia.

El IVS “apunta a disminuir las brechas sociales y aumentar la igualdad de oportunidades”, aclaró Alvarez. Junto a Ramborger, el ministro se encargó de explicar el método utilizado y sus alcances. “El relevamiento nos permite un ida y vuelta y una retroalimentación entre los datos que vamos logrando en el transcurso del tiempo”. En este contexto, “si bien comenzó a implementarse hace un año y medio, su origen data de hace 20 años cuando se inauguró el sistema Pilquén, destinado a reunir información que permitiera el monitoreo y un control de gestión de nuestras políticas públicas”, añadió.

Explicó que el IVS “determina si un núcleo familiar alcanza a cubrir las necesidades alimentarias con su ingreso total, conformado no solo por los ingresos que declara la familia sino con todos los datos adicionales que el estado tiene a disposición sobre la situación social y económica de cada familia”.

De esta manera, “la medición de febrero nos muestra el impacto de aquella devaluación del 118% registrada en diciembre, que resultó en un 45% de inflación, mientras que la de agosto nos muestra el impacto del RAFE”. Este aporte extraordinario alcanza “a poco más de 10 mil familias y permite cumplir los tres objetivos planteados: resolver el acceso a la canasta básica alimentaria, dinamizar la economía de las localidades mediante la distribución de esos 1.600 millones de pesos mensuales y garantizar la paz social”, concluyó.

Hace más de un año, el portal Infobae argumentaba que La Pampa “inventó una encuesta” para reducir a la mitad sus niveles de pobreza. Ramborger lo desmintió con datos técnicos: “El Indec calcula la relación entre la canasta básica alimentaria y los ingresos, es decir si las familias pueden cubrir la CBA con sus ingresos. Si aplicamos el método solamente con lo que declaran las personas tenemos indigencia pura (15,8%), pero mediante el IVS complementamos los ingresos declarados con toda la información que tiene el estado municipal, provincial y nacional. Así podemos determinar con mayor exactitud cuáles son los núcleos familiares que realmente requieren del Estado para satisfacer su necesidad alimentaria. Según la última medición es el 4,4% de nuestra población: y hacia allí dirigimos la ayuda”.

Otro dato determinante que la encuesta del Indec no podría medir, por ejemplo, es “la jefatura de hogar por género”. Ramborger reveló que “en febrero un 77% de estos hogares estaba comandado por mujeres, y en agosto un 80%”. La diferencia, en realidad, “está en el uso que hacemos de la información”, concluyó.

Ziliotto: “Hay gran diferencia”.

“No es cuestión de estigmatizar una encuesta, pero creemos que el Estado tiene la obligación de controlar la veracidad de los datos porque allí radica la diferencia entre distribuir dinero y aplicar. En La Pampa un 4,5% de familias necesita que el Estado les garantice llegar a la Canasta Básica Alimentaria. Son unas 11 mil familias y todas cobran un beneficio distinto, porque no hay dos familias iguales. Así podemos darle lo que cada una necesita, porque realmente hay una diferencia muy grande entre una encuesta y un Estado eficiente”, afirmó Sergio Ziliotto.

Luego de la presentación de la cuarta medición del IVS, el gobernador reivindicó “las políticas de Estado destinadas a incluir e igualar” y advirtió que el gobierno pampeano acuerda “con la meritocracia, siempre y cuando todos partan del mismo punto. Pero no es así, porque hay quienes arrancan de mucho más atrás”.

Recordó que “el año que viene cumplirá 20 años el Pilquén, un programa que nació de la necesidad de ver cómo aplicábamos mejor los fondos públicos para responder ante situaciones de vulnerabilidad”. Resultó “una herramienta de política de Estado que tuvo el consenso unánime de todas las fuerzas políticas y hoy alcanza gran reputación. Dos años después de su lanzamiento recibió un premio a nivel internacional y tuve la suerte de estar en Estados Unidos cuando reconocieron cómo en La Pampa aplicábamos políticas públicas para igualar”. “Hoy nadie duda del Pilquén porque es una creación colectiva y ningún funcionario pampeano genera una tarjeta alimentaria apretando una tecla, porque eso aquí es resultado del trabajo en equipo de los municipios y la UNLPam”, celebró.

Según el gobernador “lo que hacemos con el IVS es un control de gestión. Lo aplicamos para saber si estamos haciendo bien o mal las cosas, porque estas decisiones afectan fondos públicos y somos responsables de hacerlo cada día en forma más eficiente”.

Con un relevamiento que otorgue mayor exactitud “podemos garantizar que esos recursos vayan a familias que realmente necesitan y sean destinados exclusivamente a comprar alimentos, aunque escuchamos a quienes argumentan que la tarjeta es para que saquen plata y compren cualquier cosa, porque en Argentina el deporte más popular es hablar por hablar, sin ningún fundamento”, lamentó.

“La realidad”.

Más allá de todo cuestionamiento “este instrumento es claramente una construcción colectiva, para que la sociedad tenga la garantía de que el Estado asigna recursos allí donde se los necesita”. Y agradeció “a los diputados que nos ayudaron a tener esta herramienta en época de crisis, para que algunos ganen un poco menos y podamos llevar justicia social a los que menos tienen”.

Finalmente aludió a los datos sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un índice que miden los censos cada diez años. “Llevamos 40 años de políticas públicas al servicio de incluir e igualar. Hace un tiempo, antes de la elecciones provinciales y municipales, un medio nacional decía que habíamos inventado una encuesta para reducir a la mitad la cantidad de pobres”, recordó. Y añadió: “aquí está la respuesta, un 2,6%, la más baja del país”.