“Somos jubilados de segunda”

Tras la firma del convenio entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Economía, Sergio Massa, que establece la forma de pago de 21.585 millones de pesos del juicio por coparticipación que La Pampa le ganó a la Nación, jubilados y pensionados de la Administración Pública pidieron una audiencia con el mandatario. El objetivo es plantearle una posible solución al reclamo de los pasivos que sufrieron recortes en sus haberes a partir de la Ley de Emergencia Previsional sancionada en 1995.

Ayer por la mañana, integrantes de la Unión de Jubilados, Retirados y Pensionados Civiles y de Jubilados y Pensionados Docentes de Santa Rosa y General Pico se acercaron a Casa de Gobierno para entregarle al gobernador una nota con el pedido de una audiencia para “interiorizarlo de los reclamos del grupo que obtuvo su beneficio jubilatorio entre 1996 y 2010”.

“Este grupo fue víctima de leyes que los condenaron a ser jubilados de segunda, ya que luego de sostener el Sistema Previsional Pampeano los excluyeron injustamente en la Ley 2.587”, indicó el texto y mencionó la firma con Massa donde reconocieron que “ese dinero está destinado a la construcción de viviendas sociales y una masa coparticipable destinada a los municipios”.

“Pero también queda claro que ya no sería necesario utilizar los fondos genuinos de nuestra provincia para viviendas y municipios, quedando ellos liberados de esos fines cuando se reciban los 21.585 millones de pesos de la Nación”, aseguraron y pidieron que sean “redistribuidos para otras necesidades”.

“Usted tiene la potestad de incluir en esas necesidades a los reclamos históricos de los jubilados entre 1996 y 2010”, finalizó el documento.

Resolver la cuestión”.

En diálogo con LA ARENA, la vocera del grupo Stella Maris Albarellos explicó que los jubilados del llamado Recálculo “ayudaron a mantener la caja, pero cuando salió la ley, donde los haberes recalculaban de otra manera, a nosotros nos dejaron afuera. En 2010 comenzamos estos encuentros para poner en evidencia la situación que aquejaba a la gente que se jubiló por la ley de Emergencia Previsional. Ahora es el momento de resolver la cuestión”.

Especificó que los perjudicados fueron “3.000 jubilados: 2.000 civiles y 1.000 docentes. Civiles incluye a todos los empleados de la Administración Pública Provincial que no son docentes ni policías, porque ellos tienen sus regímenes especiales”. Albarellos recordó que la ley de Emergencia Previsional “tenía que durar cuatro años y duró 14. Para nosotros fue terrible, porque hubo gente que le tomaron el haber jubilatorio 24 años para atrás”.

“Cuando (Oscar Mario) Jorge era gobernador, en septiembre de 2010, modificó la ley y empezaron a tomar los haberes con una antigüedad de 10 años, como debía ser y como era antes. Pero para nosotros la emergencia previsional sigue vigente porque si bien se modificó la ley, a nosotros nunca se nos corrigió esa inequidad”, se quejó.