VN: despedirían 30% del personal

Luego de iniciar el proceso de privatización de Corredores Viales, las autoridades nacionales informaron a los gremios viales que planean despedir a un 30% del personal y fusionar Vialidad Nacional con la ANSV.

 

Tal cual estaba anunciado, el gobierno libertario inició el proceso para eliminar Vialidad Nacional, mediante la privatización de Corredores Viales, la reconversión de la ANSV y un recorte del 30% de la planta de personal. Durante la semana pasada, el administrador del organismo, Marcelo Campoy, se reunió con dirigentes gremiales de distintas provincias y les informó detalles del proyecto que se implementará en el corto plazo.

 

El plan comenzaría con la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas, que concentran un 80% del tráfico nacional. Este punto, que había sido anunciado por el vocero Manuel Adorni, se puso en marcha el lunes 17 de febrero, con la publicación del decreto 97/2025 que autorizó “el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales SA bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.

 

El encargado de llevar adelante este proceso será el Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Para concretarlo, fueron establecidas distintas acciones, entre ellas “la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales”; “la ejecución de los procedimientos de selección para celebrar los contratos de concesión sobre los referidos corredores”, y “la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión”.

 

Fusión.

 

Adorni explicó que “a partir de este modelo se promoverá el desarrollo de obras de infraestructura con participación del sector privado que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje”. Según el gobierno, el deterioro de las rutas es una consecuencia del atraso tarifario, por lo cual definirá las tarifas que podrán establecer las nuevas concesionarias.

 

Corredores Viales quedó sujeta a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo, Enarsa, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Belgrano Cargas y Logística. Esa empresa administra 10 tramos de rutas, entre ellos unos 539 kilómetros de la ruta nacional 5 (Tramo X) “desde calle Pascual Simone hasta Empalme con ruta nacional 35 en Santa Rosa, La Pampa”.

 

El proceso continuará con “una fusión entre Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”, dos organismos que dependen de la Secretaría de Transporte pero coordinan cuestiones distintas: uno se encarga del mantenimiento de los caminos y el otro regula las licencias de conducir y realiza controles viales en las rutas nacionales.

 

Uno de los asistentes a la reunión fue Jorge Maturano, secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. En diálogo con diario Los Andes reveló que “el gobierno nacional planea unificar Vialidad Nacional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en un organismo que llevará un nuevo nombre” y advirtió que “también analizan una reducción del 30% del personal”. Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.460 empleados en sus 24 distritos.

 

Resistencia.

 

La reestructuración de este emblemático organismo nacional no se concretará sin resistencia. En numerosas provincias ya alertaron sobre los serios inconvenientes que deparará este proceso, rechazaron los despidos e iniciaron campañas de difusión. “Estamos muy preocupados. Nos comentaron sobre esta reestructuración y nos pidieron que ayudemos con el tema de los despidos, pero no sabemos que va a pasar porque hay muchas familias detrás”, advirtió Maturano desde Mendoza.

 

En Corrientes, el personal del Distrito 10 anunció que resistirá las medidas e inició una campaña de información en las rutas de la provincia. “No a la entrega de nuestra rutas. En defensa de la obra pública, Vialidad Nacional, los trabajadores y nuestros salarios”, reza uno de los volantes que distribuyen.

 

Otro de los panfletos entregados el miércoles pasado en la capital correntina, durante una jornada de protesta en la céntrica esquina de Chaco y Costanera, decía: “Vialidad Nacional no se vende, se defiende. Digamos no a la entrega de nuestras rutas, a los despidos sin causa y a la entrega de Vialidad Nacional”.

 

En diálogo con el diario Epoca, los referentes sindicales Mario Martí y Alfredo Ramírez afirmaron que “el gobierno planea despedir a 1.500 trabajadores” y advirtieron sobre la “posibilidad de que publiquen un DNU que cierre Vialidad Nacional y derogue el decreto que la creó, en 1950”.

 

Los mismos.

 

En San Juan, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), Carlos Ordoñez, recordó que la gestión de Mauricio Macri transformó a Corredores Viales en una sociedad anónima e intentó privatizar las rutas. “Las mismas personas siguen detrás de estas decisiones”, aseguró.

 

Según Ordóñez, el plan de privatización solo involucra “ese 20% de las rutas que concentra el 80% del transporte aregtnino”, y se preguntó: “y el resto de la red vial ¿quién va a mantenerlo? Nuestra provincia no tiene recursos para atender siquiera sus propios caminos provinciales, mucho menos podría hacerse cargo de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en San Juan”, señaló.

 

Además, alertó sobre falta de transparencia y mal manejo de fondos, y recordó que durante 2024 Javier Milei no transfirió 300 mil millones de pesos correspondientes a impuestos sobre los combustibles líquidos, destinados a obras viales.

 

Preocupación en Estrellas Amarillas.

 

“El cierre o fusión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) podría significar un grave retroceso en las políticas de prevención y control del tránsito”, advirtió la Fundación Estrellas Amarillas. Creada en 2008 a través de la Ley 26.363, la ANSV resultó “un pilar fundamental para reducir la siniestralidad vial mediante normativas, controles y campañas de concientización”, añadió.

 

En un comunicado difundido ayer, Estrellas Amarillas consideró que “su posible eliminación pone en riesgo avances clave como la Licencia Nacional de Conducir, la unificación del control de antecedentes, el sistema de scoring, la coordinación de operativos y la Línea 149 opción 2, que ofrece asistencia a víctimas y familiares de siniestros viales”

 

Si bien en su discurso de asunción Javier Milei afirmó que “mueren unos 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”, un eventual desmantelamiento de la ANSV “atenta contra la continuidad de políticas públicas efectivas que salvaron vidas”. La eliminación del organismo también “podría incrementar la cifra de muertes evitables y provocar la falta de un marco regulador uniforme”.

 

Los familiares de víctimas recordaron además que “la ANSV cuenta con financiamiento propio, a través de contribuciones de aseguradoras, lo que garantiza su independencia y capacidad operativa sin costos adicionales para el Estado”.

 

Frente al riesgo de implementar estas medidas los familiares de víctimas y referentes de la seguridad vial solicitaron “una audiencia con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer sus inquietudes y plantear la necesidad de fortalecer, en lugar de desmantelar, las políticas públicas en materia vial”.