Funcionario cuestionado por ocultar convenio del Atuel
Redacción 02/08/2011 - 04.00.hs
Diputados de la oposición en Mendoza presentaron la documentación para pedir el Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente del Departamento General de Irrigación Eduardo José Frigerio. Además de ser cuestionado por incumplir con una decena de leyes provinciales y nacionales, se menciona entre los casos el de haber ocultado a distintos organismos el Convenio por el río Atuel firmado en 2009 con La Pampa para que no avanzara.
El diario Los Andes publicó que el 28 de junio, el diputado del peronismo disidente Roberto Blanco anunció que presentaría el Jury contra el funcionario. Finalmente, el viernes pasado al mediodía el legislador presentó un voluminoso escrito en el que solicita el proceso contra Frigerio por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de obligaciones señaladas por disposiciones pertinentes.
Concretamente, Blanco acusa a Frigerio de no cumplir con los artículos 194 y 195 de la Constitución provincial; con los artículos 2, 3 y 8 de la ley 25831 de Información Pública Ambiental; con el artículo 16 de la 25675 de Política Ambiental Nacional; los artículos 18, 19, 22, 23 y 191 de la Ley Provincial de Aguas; la ley 322 de Administración de Aguas Superficiales, la 4035 de extracción de aguas subterráneas, la 6105 de Obligación de realizar el balance hídrico; la 6787 de Balance Hídrico, la 7444 de Derechos definitivos Río Mendoza y la 8051 de Uso de Suelo.
Además, también lo acusa de ignorar el accionar del Poder Legislativo, previsto en la Constitución.
Otro de los casos es el ocultamiento del informe del Convenio del Río Atuel suscripto por Celso Jaque con el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, en agosto de 2009. Los Andes afirma que "el gobierno de Mendoza nunca hizo las consultas a Fiscalía de Estado y a Irrigación para firmar ese acuerdo por el uso de las aguas del río del Sur provincial".
"Una vez estampada la firma, la letra de lo firmado fue a ambas reparticiones para que lo analizaran y luego sería remitido a la Legislatura para su ratificación", indicó.
"En agosto del 2009, Diputados pidió informes a la Fiscalía y a Irrigación. La primera respondió, la segunda, a cargo del acusado, nunca lo hizo. Y el convenio aún no es tratado por la Casa de las Leyes, a pesar de que fue firmado en agosto de 2008. Esta omisión estaría tipificada en ocultamiento de información pública ambiental (Leyes 25831 y 25675) y entorpecimiento de la labor legislativa", explicó Los Andes.
El diario Los Andes publicó que el 28 de junio, el diputado del peronismo disidente Roberto Blanco anunció que presentaría el Jury contra el funcionario. Finalmente, el viernes pasado al mediodía el legislador presentó un voluminoso escrito en el que solicita el proceso contra Frigerio por mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de obligaciones señaladas por disposiciones pertinentes.
Concretamente, Blanco acusa a Frigerio de no cumplir con los artículos 194 y 195 de la Constitución provincial; con los artículos 2, 3 y 8 de la ley 25831 de Información Pública Ambiental; con el artículo 16 de la 25675 de Política Ambiental Nacional; los artículos 18, 19, 22, 23 y 191 de la Ley Provincial de Aguas; la ley 322 de Administración de Aguas Superficiales, la 4035 de extracción de aguas subterráneas, la 6105 de Obligación de realizar el balance hídrico; la 6787 de Balance Hídrico, la 7444 de Derechos definitivos Río Mendoza y la 8051 de Uso de Suelo.
Además, también lo acusa de ignorar el accionar del Poder Legislativo, previsto en la Constitución.
Otro de los casos es el ocultamiento del informe del Convenio del Río Atuel suscripto por Celso Jaque con el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, en agosto de 2009. Los Andes afirma que "el gobierno de Mendoza nunca hizo las consultas a Fiscalía de Estado y a Irrigación para firmar ese acuerdo por el uso de las aguas del río del Sur provincial".
"Una vez estampada la firma, la letra de lo firmado fue a ambas reparticiones para que lo analizaran y luego sería remitido a la Legislatura para su ratificación", indicó.
"En agosto del 2009, Diputados pidió informes a la Fiscalía y a Irrigación. La primera respondió, la segunda, a cargo del acusado, nunca lo hizo. Y el convenio aún no es tratado por la Casa de las Leyes, a pesar de que fue firmado en agosto de 2008. Esta omisión estaría tipificada en ocultamiento de información pública ambiental (Leyes 25831 y 25675) y entorpecimiento de la labor legislativa", explicó Los Andes.
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