Preocupa la venta de medicamentos

(General Acha) - Los integrantes del cuerpo legislativo recibieron a los impulsores de este proyecto en la sala de sesiones, oportunidad en la que se comprometieron a trabajar en el tema a los fines de regular este tipo de actividad.
Los promotores del proyecto sustentaron el pedido en la Ley nacional 26567 que establece que: "La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los denominados de venta libre de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas", citaron, al mismo tiempo que recordaron que la provincia se adhirió a través de la Ley 2557.
Señalaron que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dispuso por medio de la disposición 3683/2011 el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos, con el fin de contrarrestar el impacto negativo que el comercio de medicamentos ilegítimos representa para la salud de los pacientes y sus sistemas sanitarios, y el incumplimiento de la cadena legal de comercialización de medicamentos.
En este sentido argumentaron que los medicamentos que son ofrecidos para la venta en locales comerciales que no son farmacias, "se desconoce todo lo vinculado con su legitimidad; procedencia; conservación; vencimiento; interacciones medicamentosas; contraindicaciones". Lo que hace, prosiguieron, al incumplimiento total de las normas vigentes para el sistema de salud del que las farmacias forman parte, poniendo en serio riesgo de afectación la salud de la población.

Riesgo.
Opinaron que la auto-prescripción constituye un factor de riesgo importante para la salud, ya que puede llevar a diversos problemas, tales como disminución de efectividad del medicamento usado, intoxicación, interacción con otro producto (recetado anteriormente o con alcohol, por ejemplo). Además, enmascarar una patología grave existente con la demora en la atención médica, y demás, siendo los medicamentos más utilizados los analgésicos, antibióticos, y antiespasmódicos.
En otro de los puntos de la iniciativa, los promotores del proyecto recordaron que la ciudad cuenta con seis farmacias privadas; dos de la Cooperativa de Servicios Públicos; una del hospital, y otra en la posta sanitaria Roberto Pibotto.
Los profesionales del centro de salud que trabajaron en el tema son: Claudia Rosana Bembenuto (médica); Paula Nieto (farmacéutica); y Rubén Goudard (asistente social). En representación del sector privado lo hicieron:
Erica Lazarini; Daniela Fiorano; Silvia Escala; Raúl García, y Ricciard Javier Moreno Benitez; mientras que por la Cosega, Luciano Di Liscia.

Vecinos autoconvocados
Autoconvocados por Seguridad y Justicia pidieron al Concejo Deliberante que se interiorice sobre un caso judicial por abuso sexual que tuvo como víctima a una niña residente en un hogar sustituto. Precisaron que el caso tuvo intervención judicial, reuniéndose las pruebas suficientes para lograr la detención del responsable.
"Luego de permanecer por unos meses en la Alcaidía local y siendo siempre asistido por un defensor particular (Gastón Gómez), el caso llegó a sentencia en los Tribunales de Audiencia de Santa Rosa, donde los derechos de la víctima no tuvieron las garantías que se desprenden de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que no se contó con un representante legal de parte de la tutela del Estado, quien había realizado oportunamente la denuncia (una asistente social de la delegación local de Políticas Sociales), en representación del hogar sustituto", relataron Marta Ainó, Mirta Schefer, y María Garmendia, firmantes de la nota.
Señalaron que por haberse ocupado del tema, peticionan que en uso de sus facultades, realicen las averiguaciones tendientes a determinar quién es responsable de este tipo de situaciones.
"Resulta muy difícil establecer ante quien reclamar por el no cumplimiento de los deberes, ya que cuando el imputado fue puesto en libertad por una resolución ordenada por el Juzgado de Santa Rosa, Carlos Alberto Mattei, Carlos Alberto Besi y María Florencia Maza, hemos acudido a distintos organismos buscando y planteando el abandono de la niña a quien no se le garantizó la protección y asistencia que obliga la Convención sobre los derechos del niño", dijeron.