¿Estafa al Santander por $2.000.000?

La supuesta maniobra defraudatoria se habría cometido en la sucursal santarroseña del banco. La investigación interna aún no fue judicializada, aunque la entidad financiera ya habría despedido a un empleado.
JUAN JOSE REYES
El presunto fraude a la sucursal local del Banco Santander, cuyo autor intelectual sería un prestigioso estudio contable de General Pico, ya superaría los dos millones de pesos, de acuerdo a una investigación interna de la institución financiera que se está extendiendo por toda la provincia. En la maniobra defraudatoria se habría utilizado el CUIT de otras empresas para solicitar préstamos de 100.000 pesos que no se devolvían. Al parecer hubo un despido, aunque después de más de dos años se continúan buscando prueba y el tema permanece en Asuntos Legales y no ha pasado aún a la justicia ordinaria.
Si bien el silencio es lo único que se recepta de parte de las autoridades del Banco Santander Río en Santa Rosa, ha trascendido una muy urdida supuesta estafa ocurrida el año pasado. Lo poco que se sabe es que, si bien el caso está en manos de los asesores legales de Buenos Aires y no de la sucursal local, ya le ha costado la cabeza a un empleado. El monto de la estafa oscilaría entre 1.300.000 y 2.000.000 de pesos.
Por el método utilizado, muy ingenioso por cierto ya que no habría sanciones para la sucursal pues se lo considera "un fraude bancario", se apuntaría directamente a un reconocido estudio contable de la ciudad de General Pico.
¿Cuál fue la maniobra? Se habrían utilizado CUIT de personas físicas y jurídicas, sin la debida autorización por parte de sus titulares, en solicitudes de créditos. De esa manera se pidieron préstamos blandos que la entidad lanzó el año anterior para distintos emprendimientos productivos por sumas superiores a los 100.000 pesos, a devolver con un año de gracia y cuotas semestrales.
Los números de Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) que se usaron, si bien existen, no habrían contado con la autorización de sus titulares para la solicitud de los créditos, además de haberse adulterado su nivel patrimonial. Por lo menos se detectaron siete casos en General Pico, uno en Eduardo Castex y dos o más en Quemú Quemú y Guatraché.
Si bien pudo saberse que se sigue de cerca a una de las empresas involucradas (sería una S.R.L. de Quemú Quemú) por habérsele encontrado vinculaciones con el estudio contable piquense que está fuertemente sospechado (el responsable sería el contador de la empresa quemuense), todavía se continúa recolectando pruebas por parte de Asuntos Legales. Extraoficialmente estiman que en los próximos días el caso llegará a la justicia ordinaria.
Además también se investigaría la participación o no de empleados de organismos fiscales nacionales que habrían facilitado o adulterado datos patrimoniales de las empresas solicitantes. A pesar del engaño no se le bajó la calificación a la sucursal local del banco.

¿Fraude a la suiza?
Pudo establecerse que la trama del supuesto fraude no sería inédita en La Pampa, pues hubo casos similares años atrás en una estafa a firmas bancarias suizas en el país. ¿Cómo actuaban y por qué la técnica no figura dentro del rubro de estafas bancarias? El mecanismo es así: un estudio contable solicita créditos, presentando toda la documentación necesaria y con todas las firmas de los organismos fiscales informando que no son deudores de suma alguna por gravámenes y que el CUIT de la firma se encuentra sin tachas.
Lo que sucedió en este caso es que se utilizaron razones sociales y números de identificación sin la autorización de sus verdaderos dueños. Cuando el banco, con la supuesta complicidad de un empleado y de organismos fiscales, autorizaba el préstamo la empresa favorecida, ésta no retiraba el monto total del crédito (100.000 pesos) sino que dejaba una parte para el cobro de las primeras dos cuotas. Por lo tanto, recién después de 14 meses el desfalco saltaba en los controles de la entidad financiera. Tiempo después, cuando los verdaderos titulares de las cuentas negaban haberse endeudado, se descubría el engaño.
Lo cierto es que quienes habrían cometido el presunto delito no serían principiantes, sino que formaría parte de una organización estructurada con datos muy confidenciales sobre las firmas que figuran solicitando los préstamos.
La pregunta es: ¿quién o quienes autorizaron las carpetas de los clientes para adjudicarles un crédito? Sólo se conoce que el supuesto empleado despedido podría haber estado en connivencia con personal dependiente de algún organismo oficial, pues sino sería casi imposible cumplimentar con todos los pasos solicitados por la entidad de crédito y más aún en lo que refiere a los activos de las empresas (que en estas maniobras habrían sido inflados).
La demora en ir a la justicia se debería a que la intención de la auditoria del banco sería que los dineros estafados vuelvan al Santander. De actuar judicialmente en contra de los verdaderos titulares de los CUIT (personas ajenas al fraude) seguramente perderían las demandas judiciales. Por eso todas las miradas apuntarían a la calle 28 de General Pico, ya que según fuentes extraoficiales, quienes trabajan en ese estudio no serían clientes de la sucursal Santa Rosa, pero las cámaras internas de filmación habría identificado a uno de ellos, no realizando operaciones, sino conversando con personal del banco.

Un estricto silencio.
Muchos se preguntan porqué la maniobra no fue denunciada en la justicia y cuál sería el motivo de porqué el tema no ha salido del departamento de Asuntos Legales (es casi seguro que estaría en Buenos Aires o en la casa matriz de España).
Las demoras para llevar las actuaciones a la justicia serían porque en Ley Penal Tributaria sólo reprime la adulteración o modificación de datos identificatorios (artículo 292 del Código Penal), pero sólo para aquellos casos en que esas modificaciones tengan el propósito de disimular una situación fiscal; no castigándose a quienes lleven adelante esas acciones con el propósito de representar una situación fiscal ficticia.
La necesidad del banco es encuadrar en una conducta penal la falsedad de un documento como el CUIT, a sabiendas que éste fue obtenido aún sin el propósito de disimular la real ante el fisco.
Nadie duda a esta altura que los autores intelectuales de la presunta estafa es gente preparada. Lo otro sospechoso es que habiendo una sucursal del Santander Río en General Pico, las empresas norteñas hayan "pedido" los préstamos en Santa Rosa. Por lo bajo se comenta que no sólo habría un estudio contable involucrado, sino también personal de organismos fiscales, quienes habrían facilitado información.
Lo concreto es que ha pesar del silencio de los gerentes y apoderados del Banco Santander, la estafa existió y sigue su curso en la Dirección de Asuntos Legales en Buenos Aires. El interrogante es si llegará a la justicia.