Desiguales ante la ley

Días atrás uno de los dos jurados de enjuiciamiento que están funcionando en la actualidad, el correspondiente al ex juez José Francisco Rodríguez, realizó una de sus reuniones. Lo curioso del caso es que los integrantes del cuerpo deliberaron acerca de si corresponde o no abrir el proceso contra el ex magistrado acusado de mal desempeño de sus funciones.
La causa de esa duda abre, a su vez, un interrogante sobre los modos y tiempos de la Justicia ya que lo que hace dudar a los miembros del jury sobre la pertinencia o no del enjuiciamiento es el hecho de que Rodríguez se jubiló hace ya varios meses y está alejado por lo tanto de la actividad judicial; el debate se orienta a si corresponde enjuiciar a una persona en esas condiciones laborales.
El planteo, por más que sea administrativamente correcto, no deja de ser curioso, ya que se refiere a una calificada magistratura, de aquellas a las que se le confía la aplicación de la ley a la que en este caso, el beneficio de la jubilación parece lavar la mancha de cualquier pecado original. Dicho de otra forma: ateniéndose a ello cualquiera podría ser un pésimo magistrado pero, si alcanza a entrar en la etapa pasiva, podría quedarse tranquilo porque el esperable castigo a una conducta reprochable no lo alcanzará.
Al hombre común, sometido a tantas leyes y reglamentos y a quien la jubilación en ningún caso lo exime de la sanción por conductas indebidas, le resulta muy difícil de asimilar esta actitud que se observa en la Justicia en general, especialmente si se la mide con la vara de la igualdad que señala nuestra Carta Magna.
No ha habido todavía un pronunciamiento definitivo, pero es de esperar que la circunstancia señalada no sea obstáculo para que, si corresponde aplicar una medida disciplinaria, ésta se efectivice por la sencilla razón de que todos los ciudadanos de este país somos iguales ante la ley, por encima de cualquier condición.