En Córdoba los canillitas de La Voz del Interior protestaron frente al diario

En Córdoba, el domingo a la mañana un grupo de canillitas bloqueó la entrada del diario La Voz del Interior, en protesta por los atrasos en la entrega de los ejemplares a los quioscos.
IRINA SANTESTEBAN
Como si no hubiera levantado polvareda en el panorama político nacional, la medida de fuerza que tomaron los trabajadores gráficos del diario Clarín, cuando bloquearon durante algunas horas sus talleres e impidieron que el matutino llegara a horario a sus lectores, el pasado sábado 26 de marzo, una medida similar, pero frente al diario cordobés La Voz del Interior, el último domingo, también generó polémica. Por un lado, el diario cordobés, propiedad del grupo Clarín, y la oposición al gobierno kirchnerista, se pronunciaron en contra de las medidas que, según ellos, violan la "libertad de expresión". Por el otro, el Sindicato de Canillitas y su secretario general, Adrián Britos, defendieron el derecho a la protesta.
Los vendedores de diarios hacía varios meses que reclamaban a la empresa que edita La Voz del Interior, por la demora del diario en arribar a sus quioscos los días sábados y domingos, que son los de mayor venta. Argumentaban que si el diario les llega a las 9 ó 10 de la mañana, "después de las 13 horas ya no se vende nada", dijo Britos.
Frente a esa protesta, un directivo del diario dialogó con los vendedores y reconoció la demora aunque lo atribuyó a una "falla técnica" que están intentando solucionar. Según Britos, la empresa ha invertido en maquinaria nueva pero todavía no puede ponerla a trabajar en toda su capacidad y eso le acarrea demora en la edición los días de mayor tirada.

Repudio y crítica.
Tal lo sucedido unos días antes en Buenos Aires, en Córdoba desde el gobernador Juan Schiaretti, hasta los candidatos como el radical Oscar Aguad o el líder del Frente Cívico, Luis Juez, salieron a repudiar la medida y a criticar a los trabajadores por un supuesto "exceso" en su forma de protesta.
Así, el debate sobre los métodos de lucha que utilizan los trabajadores, vuelve una y otra vez en un contexto donde los monopolios informativos mantienen un duro enfrentamiento con el gobierno nacional por cuestiones tales como la aplicación de la Ley de Medios, o la denuncia por la empresa Papel Prensa.
Cuando los trabajadores toman medidas para defender sus derechos y visibilizar sus conflictos porque los medios monopólicos no lo hacen, esos medios y dirigentes políticos de la oposición, salen a criticar las medidas de acción directa y las califican de "excesivas". La propia presidenta Cristina Kirchner tuvo palabras de amonestación hacia los trabajadores hace algunas semanas en Rosario cuando afirmó que "a un gobierno nacional y popular" no se le pueden hacer algunas medidas, como bloqueos de puertos u otras por el estilo.
Paradójicamente, el grupo Clarín y la oposición al gobierno piensan lo mismo. Están bien las protestas pero "a mí no me bloqueen". No actuaron igual cuando en 2008, durante cuatro meses y no unas pocas horas como han protestado los trabajadores de Clarín y los canillitas cordobeses, bloquearon las rutas de todo el país, en una medida de fuerza que tuvo un claro contenido destituyente, y que hizo descender la popularidad de la presidenta, a niveles bajísimos, a pocos meses de haber sido electa como la primera mujer presidenta en Argentina.

Apoyo a la "patriada".
La medida de las patronales del campo en ese entonces, fue calificada por la mayoría de los medios de prensa de todo el país (Clarín y La Voz del Interior incluidas) como una "patriada" y su reclamo como "un freno a la voracidad del gobierno K". La metodología salvaje empleada, que no sólo impidió la libre circulación de las personas por las rutas, sino que produjo desabastecimiento de productos de primera necesidad y aumentos de precios, y hasta una muerte en el sur de Córdoba porque impidieron también que pasara una ambulancia, no les pareció a los hoy indignados periodistas, ninguna "exageración".
En nombre de la libertad de expresión, no miden las diferencias entre quienes reclaman derechos laborales, y las empresas poderosas que se los niegan. Tampoco distinguen entre bloquear algunas horas, y producir una demora en la llegada de los diarios a sus lectores, con un bloqueo total de semanas y meses.

Incumplimiento de la ley.
La semana pasada analizamos la actitud de algunas empresas que no cumplen las leyes argentinas ni los tratados internacionales que ha suscripto (como los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo), referidas a los derechos de sus trabajadores a organizarse en sindicatos y elegir delegados y comisiones internas.
La Voz del Interior también tiene su historia en eso de no respetar los derechos de sus trabajadores y del sindicato que los agrupa. Por ejemplo, desconoce las normas internacionales, nacionales y provinciales relativas al ejercicio de la tarea de inspección del trabajo por parte del Estado y las entidades sindicales, al impedir sistemáticamente el ingreso a la planta de funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y representantes del Círculo Sindical de la Prensa (Cispren), que es el gremio de los trabajadores de Prensa de Córdoba.
En junio de 2007, un centenar de dirigentes del Cispren y delegados gremiales hicieron una manifestación frente a la planta del diario, en el marco de la paritaria salarial que estaba en ese momento desarrollándose con resultados infructuosos. Ante la denuncia de La Voz del Interior, el fiscal Javier Praddaude imputó a cuatro de los manifestantes: Guido Dreizik, el secretario general del Cispren; Víctor Beccaria, secretario gremial; Walter Moyano, delegado de La Voz del Interior y Daniel Klocker, responsable de la publicación sindical Prensa Red, por violación de los dispuesto en el art. 194 del Código Penal, que pena con prisión de tres meses a dos años a quien "sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
Al año siguiente, el juez Correccional nº 3 Luis Nazis, sobreseyó a los cuatro sindicalistas, entendiendo en su fallo que su conducta no configuraba delito alguno, sino un reclamo gremial contra una empresa periodística.

Denuncia ante la OEA.
Ahora, la empresa que edita La Voz del Interior, quizás previendo un fallo adverso si denuncian a los canillitas, han anunciado que recurrirán a la Organización de Estados Americanos, para denunciar al Estado argentino porque no se asegura la "libertad de expresión".
Es casi seguro que la OEA, organización internacional que se ha caracterizado por su seguidismo con las políticas pro-norteamericanas, y por ello expulsó a Cuba luego del triunfo revolucionario de 1959, considerará la denuncia de los medios de prensa argentinos como "una agresión a la libertad de prensa". Y también es seguro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronuncie en el mismo sentido. Sin embargo, estas organizaciones nunca denunciaron los asesinatos de periodistas en Honduras, luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Es bueno recordar que tanto La Voz del Interior como Día a Día, son diarios de propiedad del grupo Clarín, y se opusieron tenazmente a la sanción de la Ley de Medios que fue aprobada en el Congreso en 2009. Fue el grupo Clarín quien interpuso diversas acciones judiciales para frenar la aplicación de esa ley que procura democratizar la información y el acceso a ella de todos los sectores, para que la tan invocada "libertad de prensa" no sea una mera "libertad de empresa". No es casual que quienes monopolizan y muchas veces tergiversan la información, invocando la "libertad", les nieguen esa misma libertad a sus trabajadores.