Disparar primero y preguntar después

El asesinato del niño Facundo Ferreyra, en Tucumán, muestra la peligrosidad de las políticas de seguridad del gobierno de Cambiemos, así como la hipocresía de los "defensores de la vida".
IRINA SANTESTEBAN
El jueves pasado, un niño de 12 años fue asesinado por una bala disparada por un policía, que le ingresó por la nuca, y lo hizo caer de la moto en la que iba como acompañante. Fue en Tucumán, donde la policía tiene fama de "brava", nada extraño en una provincia que tuvo un gobernador como el ex general Domingo Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad; y un jefe de Investigaciones en la policía como el "Malevo" Ferreyra, que encabezó acuartelamientos y se suicidó antes de ser enjuiciado por crímenes durante la dictadura.

 

La doctrina Chocobar.
El policía Luis Chocobar fue felicitado por el Presidente Mauricio Macri, quien lo recibió en su residencia, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ambos respaldaron su accionar, frente al proceso judicial que se le sigue por homicidio, al haber ultimado a un joven de 18 años, que huía luego de haber asaltado violentamente a un turista, y a quien Chocobar le disparó estando ya en el piso, herido.
La ministra Bullrich anunció que bajo su mandato, las fuerzas de seguridad gozarán de la "presunción de verdad", principio que no se aplica ni siquiera en los países más duros en materia de seguridad, pues el accionar de la policía se evalúa de acuerdo a los indicios y pruebas que surgen de la modalidad de los hechos que se investigan. Y en Argentina, con una historia de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, durante la dictadura, y las elevadas cifras de casos de "gatillo fácil" y brutalidad policial en democracia, que el Estado asuma esa posición significa darle una peligrosa "licencia para matar" a los agentes policiales.
Las consecuencias de esa nefasta doctrina están a la vista: el caso de Facundo lo demuestra, así como otros hechos de violencia institucional que van en aumento, y que son protagonizados tanto por policías, como por gendarmes o prefectos.

 

"Era sólo un niño".
La fotografía de Facundo, tirado en el asfalto con la sangre que manaba de la herida en su cabeza, luego de su asesinato, fue rápidamente viralizada en las redes sociales. Era una imagen tan fuerte que Facebook la eliminó, no se sabe si por respeto a la familia del niño o para no promover el desprestigio de la policía y el gobierno tucumanos.
En esa red social y otras, se publicó un comentario comparando la fotografía de Facundo con la del pequeño sirio que fue hallado muerto en una playa, luego del naufragio de la embarcación en la que su familia escapaba de la guerra en ese país.
La "grieta" quedó nuevamente al descubierto, con una sociedad dividida entre quienes repudian el accionar de la policía, y otros, partidarios de la mano dura y de la doctrina Chocobar, que justifican ese crimen, hasta con comentarios brutales como "uno menos".

 

Un niño feliz.
Así lo definió su abuela con quien vivía Facundo porque su mamá trabajaba en Sunchales, Santa Fe; y esa noche había ido a ver correr picadas en moto, como hacen muchos chicos en Tucumán.
Mercedes Ferreyra se mostró indignada con la versión policial que asegura que Facundo había disparado un arma, porque así lo determinó la prueba de parafina en sus manos. "Mi nieto no robaba, ni manejaba un revólver, como inventa la Policía", dice. Su relato resulta creíble, tratándose de un niño que había terminado la escuela primara con muy buenas notas y estaba por empezar la secundaria en una escuela técnica; como a la mayoría de los niños le gustaba mucho el fútbol, y era muy querido por sus amigos. Es poco probable que un niño de esa edad, con un entorno familiar contenedor, aún en una situación de pobreza, haya sido capaz de agarrar un arma y disparar a la policía, como pretende el relato oficial, difundido incluso por el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley. El funcionario justificó plenamente el accionar policial, y cargó contra la familia del niño: "Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres. Hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable", dijo. Así, deslinda al gobierno tucumano del peronista Juan Manzur, que le dio el arma y la formación al policía que disparó al niño por la espalda, de toda responsabilidad en los hechos.

 

Niños pobres, en peligro.
La doctrina Chocobar no es sólo darle vía libre a la policía para que dispare primero y pregunte después, presupone también definir un sujeto social sobre quien descargar ese accionar: los jóvenes de los barrios más humildes, de piel oscura, incluso los niños, son el enemigo a combatir. Facundo vivía en el humilde barrio Juan XXIII, conocido como Villa Bombilla, en Tucumán.
Para su abuela, no hubo ningún enfrentamiento, y denunció que luego del crimen de Facundo, la policía rodeó el barrio y se hicieron razzias, con patrulleros y un helicóptero, generando un clima de tensión.
"No tenemos plata, pero tenemos dignidad. No entendemos y nunca podremos entender porqué hicieron lo que hicieron, pero no van a detenernos hasta que no se haga justicia, para que mi nietito pueda descansar en paz... Te juro, mi negrito, que no voy a bajar los brazos", dijo Mercedes.

 

Hipocresía.
Muchos de quienes se escandalizan con la posibilidad de que se debata en el Congreso, una ley que despenalice el aborto, son los que levantan sus voces para justificar el accionar policial en casos como el de Facundo. No les duele la muerte injusta de un niño de 12 años, pero demonizan a las mujeres que el 8 de Marzo marcharon por -entre otros reclamos- la despenalización del aborto.
El senador macrista Esteban Bullrich, ex ministro de Educación, expresó, con escasa base científica, que un embrión en el útero materno, es igual a "un argentino con derechos", equiparando la interrupción de un embarazo con un homicidio. Ahora, ante el asesinato de un niño, por la espalda, esas mismas voces justifican el accionar policial, aplicando aquella "doctrina Chocobar" instalada por el Presidente y su ministra.

 

No hay presos.
La fiscal Adriana Giannoni en un primer momento detuvo a los policías involucrados en el crimen de Facundo, pero luego, alegando que el dermotest dio positivo, los liberó. Sin embargo, la familia del niño descree de ese examen, realizado a las pocas horas de la muerte del niño y sin participación de peritos por parte de la familia.
Por ello, con el patrocinio de la organización Abogados del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes) y la abogada Florencia Vallino, pedirán la inhumación del cuerpo para analizar las pruebas, porque el niño que conducía la moto afirma que ni él ni Facundo tenían armas, dando por falsa la versión policial del enfrentamiento.
Para Andhes, la policía en Tucumán persigue a los jóvenes por el solo hecho de ser pobres y de piel oscura; reclaman a las autoridades que las políticas de seguridad "tienen que adecuarse a los estándares internacionales" y rechazan el uso discrecional de la fuerza por parte de la policía.

 

Clarín miente.
En su sitio web, Clarín había publicado un video con imágenes de un cortejo fúnebre, supuestamente del sepelio de Facundo, que ingresaba violentamente al estadio de Atlético Tucumán, tirando tiros. De esa forma, se daba sustento a la versión policial al poner a la familia y el entorno del niño asesinado, como "violento". Sin embargo, esas imágenes eran de otro entierro, y Clarín lo reconoce al final de una nota publicada el día 10 de marzo, titulada "Crece la tensión en Tucumán por el caso del chico de 12 años baleado por la Policía". Sin hacer autocrítica ni pedir disculpas a la familia por publicar un video falsamente atribuido al entierro del niño, simplemente dice: "Horas después, circuló un video atribuido al sepelio, que Clarín reprodujo durante unas horas. Esas imágenes resultaron ser de otro caso".
Para que el crimen de Facundo no quede impune, y sus asesinos sean condenados, será determinante el papel de la familia y sus abogados. Pero bajo la vigencia de la doctrina Chocobar, con una policía que dispara primero y después pregunta, habrá otros niños y jóvenes que correrán la suerte de Facundo.
Proponer políticas de seguridad democrática, no es dejar libres a los delincuentes, sino perseguir el delito respetando los derechos y garantías que nuestra propia Constitución Nacional reconoce, condenando la violencia institucional y castigando los crímenes cometidos por los agentes del Estado.