Un límite a los abusos

La declaración por parte del gobierno nacional respecto a las prestaciones de comunicaciones móviles –internet, telefonía celular y televisión por cable– como “servicios básicos” ha sacudido el ambiente de la política y de los negocios que se mueve alrededor de esas lucrativas actividades. Además la condición de “esenciales” que ahora se les otorga fastidia sobremanera a los titulares de empresas quienes, como era de esperar, han apelado a las más intrincadas interpretaciones leguleyas que se podrían aplicar en la materia y han contado con generosos espacios televisivos para hacerse oír. Uno de los aspectos cuestionados que más irritación provocó es el hecho de que a partir de ahora los aumentos de tarifas en estas actividades deberán ser previamente autorizados por el Estado.
La telefonía móvil –según expresiones del propio Presidente de la Nación– carecía de regulación alguna y esa circunstancia, además de la gran concentración de prestadores, posibilitaba la imposición de condiciones a los usuarios particulares y al sector público, con riesgo cierto de favorecer maniobras de “cartelización” en un ámbito que ya desplazó considerablemente a la telefonía fija.
La resolución, como era de esperar, afecta poderosos intereses de varias grandes compañías que participan de un denso entramado de actividades tecnológicas, económicas y financieras. Esas corporaciones pusieron el grito en el cielo por lo que consideran un avance del Estado sobre los beneficios de los privados, sin admitir ni considerar que consiguieron ganancias desmesuradas durante los años del macrismo, que no solamente los toleró sino que los defendió a capa y espada en perjuicio de los usuarios. Bajo el pasado gobierno neoliberal se puso en el freezer la Ley Argentina Digital, que declaraba de interés público el desarrollo de las telecomunicaciones y buscaba garantizar el acceso universal a esos servicios.
Sorprende la sobreactuación de los prestadores quienes siempre defendieron la “apertura al mundo” de nuestro país, es bien sabido que la condición de servicio público aplicada a las comunicaciones es norma en las naciones europeas y también en algunas de nuestro continente. Pero en esa reacción corporativa se cuidan mucho de hablar de las grandes utilidades que obtuvieron al amparo de un esquema que permitía a las propias compañías fijar los precios de sus prestaciones y, a la vez, irónicamente recomendaba que fueran “justos y razonables”:
La nueva resolución fue aprobada por el Ente Nacional de Comunicaciones como una prestación básica universal y obligatoria, que apunta a “favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable”, atendiendo especialmente a los sectores de bajos recursos como los jubilados y los trabajadores de la economía informal. Entrará en vigencia a partir del primer día del año entrante y en caso de incumplimientos establece sanciones económicas.
Para los abusos del mercado, no hay como las regulaciones del Estado.